La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que habría defraudado casi 4,3 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social desde 2011. Han sido detenidas seis personas en la provincia de Cádiz y una en Madrid.
Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia por parte de la Tesorería General, donde se indicaba la posible comisión de un delito cometido por los responsables de una sociedad limitada.
Tras las primeras pesquisas, se pudo constatar que el fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por ocho sociedades, las cuales habían estado a nombre de diferentes testaferros con el fin de ocultar la identidad del verdadero responsable.
Este entramado empresarial llevaba a cabo diferentes actuaciones con el objetivo de no abonar las grandes deudas generadas con la Seguridad Social. Utilizaban a personas con escasos conocimientos en la gestión de este tipo de empresas, o familiares desvinculados de los negocios, con el fin de dificultar la identidad del verdadero responsable del pago.
Este impago sistemático de cotizaciones desde 2008 hasta 2020 por parte de cuatro sociedades chocaba “de forma alarmante” con el aumento de las plantillas de las mismas, ya que a pesar de acumular una deuda superior a los 4 millones de euros, contrataron a más de 10.000 trabajadores “aparentando una fuerte actividad empresarial”.
Tras corroborar la información y analizar los datos, los agentes policiales pudieron demostrar “los fuertes ingresos y elevados beneficios” que tenían estas empresas, al tiempo que su “nula voluntad” de sufragar la deuda.
Los mismos contaban con una sociedad patrimonial que había comprado inmuebles por valor superior a los 2,5 millones para, posteriormente, vender parte de esos inmuebles por un precio aproximado a 1 millón. Estos hechos fueron realizados mientras se generaba la deuda, ocultando este patrimonio con la intención de no abonarla.
Además, según recoge la Policía en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se han detectado actos fraudulentos con el objetivo de ocultar información en las liquidaciones efectuadas por las sociedades investigadas, tales como no dar de alta a trabajadores, exigir más horas de trabajo que las estipuladas en los contratos, no facilitar vacaciones o no pagar los salarios.
