Los ayuntamientos de Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Sanlúcar (todos con alcaldes socialistas, salvo la capital, de Adelante) han solicitado una reunión a la Junta de Andalucía para “aclarar” con el Gobierno autonómico de PP y Cs, con el aliento de la ultraderecha, los posibles cambios a introducir en la fallida convocatoria de su último plan de empleo, el llamado plan AIRE, con condiciones “inasumibles” para estos consistorios ante las dificultades que tienen para aplicarlo con sus convenios colectivos vigentes.
Y no son los únicos consistorio de la provincia gaditana que, de momento, renuncian acogerse al que tachan de “plan trampa”, ya que las administraciones locales se ven obligadas a aportar de sus propios recursos hasta más dinero del que pone la Junta (que lo saca principalmente de fondos europeos) para formalizar estas contrataciones temporales. Dos consistorios con gobiernos de derechas, El Puerto y Algeciras, también han salido, de forma discreta (al ir ‘contra’ sus compañeros en Sevilla), cuestionando el programa: el primero espera cambios para participar y el segundo se ha acogido parcialmente. Supone que, actualmente, el 60% de la población de la provincia de Cádiz no vaya a participar, hoy día, de este plan de empleo, que la Junta viene convocando desde 2014.
¿Cuál es la queja? La vienen repitiendo una y otra vez desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP): “el AIRE nos lo venden como un gran logro cuando son los ayuntamientos los que se encargan de hacer frente a la diferencia entre la cantidad aportada por la Junta y la que realmente fijan los convenios colectivos de cada consistorio. La Junta invita y pagamos los ayuntamientos, sin que nos escuchen y nos tengan en cuenta”.
Así, en un comunicado conjunto, Cádiz, Jerez, San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Sanlúcar vuelven a lamentar “la falta de diálogo y de lealtad institucional” del Ejecutivo liderado por Moreno Bonilla, y le exigen que dote “con suficientes medios económicos” este tipo de programas “que son de su competencia”, como son las políticas activas de empleo.
Por este motivo, ya han solicitado formalmente una reunión con los representantes de la Junta para poner sobre la mesa estas cuestiones. En dicha nota, remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, insisten en lamentar que el Gobierno andaluz “haya hecho oídos sordos a las peticiones de diálogo realizadas en anteriores semanas y a los ofrecimientos de colaboración, y no haya buscado acuerdos o consensos con las administraciones locales para evitar posibles consecuencias negativas para la ciudadanía en unas circunstancias muy difíciles en las que la colaboración debería primar”.
Sin ir más lejos, se subraya el hecho de que populares y naranjas hayan seguido adelante con este plan AIRE “sin rectificar y sin analizar con los ayuntamientos los cambios que la propia Junta admite que va a introducir”.
La Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE) dice ser una actuación destinada a reactivar el empleo “con el objetivo de paliar los efectos del coronavirus”. Aunque los socios de derechas en la administración autonómica lo venden como algo extraordinario, en esencia es una reedición de los planes de empleo que se vienen convocando desde 2014, de ahí que el PSOE hable de “engaño” (es más, lo tilda de “plan humo”) que además supone menos inversión que en la última edición de 2018. A la provincia de Cádiz se reservan 34,1 millones (unos 12 menos), y de ellos, casi 18 millones se distribuyen para la contratación de parados de forma temporal en la Bahía.
Los ayuntamientos solicitantes de la iniciativa, cuyo plazo de solicitudes terminó el pasado 10 de julio, son 771 de los 786 andaluces. Además de los gaditanos referidos, no se han adherido al plan: Almería; La Guijarrosa, Cardeña y Espejo (Córdoba); Huelva; Málaga y Estepona. El presupuesto global es de 165 millones de euros, aunque con estas ‘bajas’ la cuantía solicitada no llega a los 115 millones.
