El Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz cuenta actualmente con casi 500 efectivos, mientras si se siguieran las recomendaciones de la Unión Europea, el territorio gaditano debería estar cubierto con unos 1.200 bomberos (establece una ratio de un profesional por cada 1.000 habitantes, y Cádiz cuenta con 1,2 millones de habitantes aproximadamente).
Lo afirman desde CSIF, que espera que la futura Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía pueda servir de hoja de ruta para una “adecuada organización, profesionalización y homogeneización” de los servicios de Bomberos en una provincia que “padece una histórica falta de personal”. En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato considera que las administraciones públicas “han de realizar un esfuerzo para potenciar este servicio y adaptarse a la demanda de la población actual”.
Este déficit de personal, se asegura, “ocasiona a menudo situaciones de inseguridad” tanto para la ciudadanía como para los trabajadores, vulnerando incluso la ley de prevención de riesgos laborales. Es el caso de municipios medianos y pequeños, en los que los turnos (guardias) se organizan con tres bomberos (y si hay alguna baja, ésta no se cubre), como ocurre en Tarifa, Conil, Medina, Villamartín, Arcos, Jimena, San Roque.
El responsable del sector de Administración Local de CSIF Cádiz, Francisco Silvestre, aclara que una guardia debe contar siempre con personal suficiente para “cubrir a quienes actúan, por ejemplo, directamente en un incendio, permaneciendo fuera para coordinar el trabajo y, por si fuera necesario, entrar a rescatarlos en casos extremos. Pero con tres bomberos, o a veces, solo dos, esto resulta imposible”.
Además, con este número de bomberos disponibles por guardia, “el municipio se queda absolutamente desprotegido si surge cualquier otra incidencia”, teniendo que recurrir un equipo de otra localidad cercana, “con el retraso que supondría y el riesgo que conlleva, teniendo en cuenta, para más inri, la enorme extensión de muchos términos municipales de la provincia”.
Por otra parte, este sindicato espera que, con esta futura Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, se solucione por fin el problema de Barbate, “pues es el único ayuntamiento gaditano que no está en el Consorcio, y tiene a toda su plantilla como personal laboral”, cuando por ley, todos los bomberos han de ser funcionarios de carrera, y con la condición de agentes de la autoridad (algo que no se admite para el personal laboral).
“La realidad actual de los servicios de Bomberos en nuestra provincia hace necesario que se establezcan de forma urgente unas dotaciones mínimas de intervención que eliminen estas situaciones precarias”, insiste Francisco Silvestre.
Por último, CSIF en Cádiz aspira a que la modificación de la futura ley de emergencias ponga también las bases de cara a una formación de este colectivo regulada por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), así como para la coordinación de las unidades caninas y de rescate ante derrumbes o seísmos.
