Representantes de los sindicatos UGT, CCOO, SPV y USO, así como trabajadores de la empresa Marsegur, adjudicataria de la vigilancia privada de los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa en la provincia de Cádiz, han puesto en marcha una ronda de contactos con instituciones y partidos políticos con el objeto de recabar apoyos para buscar una solución a la situación laboral de la plantilla.
Estos trabajadores, casi medio centenar en la provincia, vienen protagonizando una serie de movilizaciones con el objeto de protestar por los niveles de precariedad que vienen padeciendo, ante la aplicación por parte de la dirección de la nueva empresa de un convenio colectivo que ha sido declarado ilegal en sentencia de la Audiencia Nacional y que merma sus salarios de manera considerable, “hasta el punto de situar su economía familiar en niveles incompatibles con una mínima calidad de vida”.
En los últimos días, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se han celebrado encuentros con el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, con el diputado de Unidos Podemos por Cádiz en el Congreso, Juan Antonio Delgado; y con la portavoz adjunta de Defensa del PSOE en el Congreso, Mirian Alconchel y el portavoz adjunto en el Senado, Francisco Menacho, ambos socialistas gaditanos.
La formación morada se ha “comprometido” con los sindicatos, y en especial con los trabajadores de Marsegur, “que están sufriendo una situación dramática”. Y es que esta concesionaria “no cumple con ninguna norma de obligación general: tiene deudas, con Hacienda y con la Tesorería de la Seguridad Social; incumple el convenio colectivo estatal, paga a sus trabajadores con retrasos y en torno a los 400 euros menos de lo que debería de pagar”.
Ante ello, Podemos ha avanzado que preparará una proposición de ley sobre este tipo de contrataciones y pedirán explicaciones sobre la forma de adjudicar estos servicios por parte de Defensa.
“Esta es una muestra más del empleo que dice el PP que se está creando y que es un empleo precario, basura y en régimen de semiesclavitud”, ha lamentado el diputado de Podemos, Juan Antonio Delgado.
Por su lado, la diputada de Unidos Podemos por Las Palmas y portavoz adjunta en la Comisión de Defensa en el Congreso, Carmen Valido, presente en esta reunión, ha recalcado que esta problemática no afecta sólo a los trabajadores de Cádiz, sino a los de todo el Estado. Por ello, ha insistido en la necesidad de rescindir “de una vez por todas” el contrato de esta empresa, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas: “Es insólito que la Administración siga contando con un empresario que tiene múltiples causas en lo Social por incumplimiento de contratos, de pagos y de las condiciones de trabajo”.
“HAY GATO ENCERRADO”
De la misma forma, los representantes del PSOE durante su encuentro con sindicatos y trabajadores afectados han avanzado que elevarán iniciativas a las Cortes Generales para “presionar al Gobierno” y plantear la rescisión de los contratos con estas empresas que incumplan la ley. También han anunciado que registrarán una pregunta en el Senado a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, ya que esta situación afecta a varios ministerios.
También se pedirá una valoración sobre las sentencias que declaran nulo los convenios que pretenden aplicar y si se piensa corregir esta situación. Otra pregunta será si tienen conocimiento sobre personas que tengan relación con estas empresas y hayan pertenecido al Gobierno de Rajoy y si estos contratos guardan algún tipo de vinculación.
Con una alerta de seguridad nivel cuatro -de amenaza terrorista- y manejando armas, la función que desarrollan merece, a juicio de los representantes del PSOE gaditano, que “se tengan en cuenta sus reivindicaciones pues “no se les puede mandar a la indigencia laboral como pretende la nueva empresa subrogada con el recorte de un 40% de una nómina ya mileurista”.
“Hay gato encerrado en estas empresas que licitan con un precio muy por debajo de lo razonable, sin garantizar una buena prestación y el respeto a los trabajadores y que al final no están cumpliendo los fines para los que se le adjudicó el servicio”, ha dejado caer la diputada jerezana Miriam Alconchel.
Estos sindicatos apostillan que este tipo de empresas denominadas ‘low cost’ son las que están consiguiendo la mayoría de los servicios de la administración (una gran parte del sector de seguridad privada), “en particular el entramado de empresas de Miguel Ángel Ramírez, apodado ‘El rey de la seguridad’; este señor amigo del ex ministro del PP José Manuel Soria, ya fue indultado por el Gobierno y está siendo de nuevo investigado por Hacienda”.
Desde CCOO se ha profundizado en la imposición de condiciones precarias a los vigilantes por parte de Marsegur: “en centros militares como Torregorda (San Fernando), el servicio lo tenía el mismo empresario con una empresa de distinto nombre (Seguridad Integral Canarias). Además de deber varias nóminas, ha aplicado un convenio que vulnera los derechos laborales y en la que aplica un pliego de condiciones a la baja”. La plantilla ha visto reducido su sueldo en más de 400 euros, por lo que su salario gira entre los 600 y 700 euros mensuales. “En estas condiciones, una familia no puede subsistir”.
