La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno mensual, el correspondiente a octubre, contado con un alto porcentaje de acuerdo, ya que de las 18 mociones presentadas, 15 han prosperado, siete de ellas por unanimidad. Además, y todavía con la resaca de la tromba de agua caía durante la madrugada que ha afectado sobre todo a Jerez y el Puerto, ha aprobado por unanimidad la propuesta conjunta -planteada por la presidenta, Irene García- por la que se solicita al Gobierno central “proceder a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, que persigue articular medidas paliativas extraordinarias ante los daños ocasionados por estas tormentas.
Una sesión plenaria en la que, pese a que se deberían debatir asuntos relativos a la provincia, también se ha colado Catalunya, a través de una moción oportunista del PP que estos días está replicando a distintos niveles “para promover el apoyo unánime” al trabajo que están ejerciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante estos días destinados a tierras catalanas no se sabe muy bien para qué. Unos agentes utilizados por el Gobierno de Rajoy, inicialmente, para impedir el referéndum convocado el pasado 1 de octubre por la Generalitat, al estar suspendido por el Tribunal Constitucional; y cuya actuación degeneró en brutales cargas policiales que han dado la vuelta al mundo ante ciudadanos en actitud de resistencia pacífica que únicamente querían votar, más allá de que esta consulta fuera ilegal.
Según explicaban días atrás desde la derecha gaditana, se trata de una iniciativa que “tiene como objetivo el apoyo sin fisuras de todos los demócratas españolas a esta labor que se está ejerciendo por parte de unos cuerpos que no son más que los garantes del cumplimiento de la Constitución, las leyes y las sentencias judiciales”. Igualmente, este punto incluía el rechazo, según este partido conservador, al “acoso físico sistemático que estos hombres y mujeres están soportando, un acoso que no solo está siendo ejercido por independentistas, sino por otros partidos de implantación nacional como Podemos, cuyo único objetivo es la destrucción de España y el cuestionamiento de la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional”.
Finalmente se ha aprobado el punto con los votos a favor de PP, PSOE y PA y la abstención de Ganemos Jerez, Sí se puede Cádiz e IU, que han coincidido en calificar la moción como “partidista”, y han cuestionado que se hable de “utilizar con determinación y firmeza todos los mecanismos en defensa de la soberanía del pueblo español” por considerarla “una pantomima que no soluciona nada” y que sólo busca “echar más leña al fuego” pensando única y exclusivamente en resultados electorales en lugar de tener la altura de miras que demanda la situación.
Durante el debate, según trasladan desde la Diputación a DIARIO Bahía de Cádiz, las opiniones “han sido diversas”, ya que el portavoz popular, José Loaiza, ha llegado a calificar la actuación de los policías en Catalunya como “exquisita”, ya que “lo único que hicieron es cumplir órdenes judiciales”. Por su parte, el vicepresidente Juan Carlos Ruiz Boix, ha explicado la posición del PSOE: “con la ley y el diálogo” y “la respuesta mesurada” y ha defendido que “la mejor manera de defender esa Constitución es reformarla”.
Por su lado, la diputada de Ganemos Jerez, Ángeles González, ha calificado esta iniciativa de “nada oportuna” y ha condenado “la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado el 1-O”.
Mientras, el representante de Sí se puede Cádiz y alcalde de la capital, José María González ‘Kichi’, ha defendido “una salida política” a la situación en Catalunya y ha pedido al PP “que deje de utilizar a policías y guardias civiles para sus intereses partidistas”. Y ha insistido en que “la represión y la judicialización puesta en marcha solo sirve para avivar el conflicto. Las heridas en la democracia y en la sociedad civil que está abriendo el PP serán muy difíciles de cerrar”.
Precisamente, Sí se puede Cádiz ha presentado una enmienda de sustitución con el diálogo y las soluciones políticas en el centro de la actuación: en concreto, pidiendo “la condena a la represión contra la sociedad civil que vemos día tras días, que se pongan las bases para entablar un diálogo que vaya encaminado a un referéndum pactado que permita expresarse al pueblo catalán en sus diferentes posiciones, tal y como demanda un 80% de la población y que se apoye a guardia civil y policía no con declaraciones grandilocuentes, sino garantizando sus derechos laborales”. La derecha ha rechazado dicha enmienda sin siquiera permitir que se debata ni se vote, “resulta, cuanto menos, curioso”, apunta este grupo.
EL PP, CONTRA LA LIBERACIÓN DEL PEAJE “YA”
Otro de los puntos a resaltar de esta sesión ha sido el debate de la propuesta del PSOE instando al Gobierno central a que acabe con el peaje de la autopista AP-4, Sevilla-Cádiz, y que no existan “agravios comparativos” entre comunidades, ya que el este Ejecutivo de Rajoy ha aprobado asumir el 100% del coste del mismo en la autopista gallega AP-9. Máxime cuando se da la circunstancia de que la AP-4 es la única vía de doble carril de conexión entre Cádiz y Sevilla.
La portavoz socialista, Encarnación Niño, ha explicado que esta moción pretende que se produzca una efectiva “igualdad de trato” del Gobierno central con diferentes comunidades autónomas y evitar que Andalucía pueda convertirse en “moneda de cambio” para la derecha, que sí ha destinado recursos para la liberación de los tramos Vigo-O Morrazo y A Barcala- A Coruña, de la AP-9, principal eje de comunicación de Galicia y de conexión con el norte de Portugal, pero no para la AP-4, que la diputada considera amortizada para la empresa concesionaria tras muchos años de peaje. Todos los partidos, salvo el PP, han apoyado este punto.
OTROS ASUNTOS
La moción socialista de instar al Gobierno a que se acorten los plazos para la ejecución efectiva del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y se le dote de las cantidades presupuestarias necesarias para tal fin también ha sido aprobada, con la única oposición, como no, del PP.
Por otra parte, todos los grupos han suscrito una declaración institucional de FEAFES Andalucía sobre salud mental que, bajo el lema ‘Trabajar sin máscaras; emplear sin barreras’, pretende sensibilizar sobre el derecho de las personas con problemas de salud mental de acceso al empleo. En esta materia también se ha aprobado una de las mociones presentada por los populares en que se solicitaba a la Junta que la provincia de Cádiz cuente con una unidad de psiquiatría hospitalaria infanto-juvenil. La moción ha sido apoyada todos los grupos a excepción del socialista. Igual correlación de fuerzas ha hecho prosperar la moción de IU de adaptar el Edificio San Fernando de Chipiona, para la puesta en marcha de la Escuela de Hostelería.
Dos mociones presentadas por separado, por PSOE e IU, en defensa del sistema de pensiones y contra la reforma laboral, se han debatido en común y han sido aprobadas con el voto en contra de los conservadores. Otra moción izquierdista ha salido adelante por unanimidad: solicitar la gratuidad de todos los teléfonos de servicios de emergencia.
El extinto PA también ha recibido el respaldo en la única propuesta que ha llevado a pleno, consistente en acordar incrementos salariales paulatinos y mejoras de las condiciones de trabajo en el sector del turismo y la hostelería, a imagen de lo aprobado en Baleares, tras un acuerdo entre patronal y sindicatos.
Por otro lado, a propuesta de Sí se puede Cádiz, también se ha mostrado apoyo unánime al sector del taxi ante la competencia empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC). Otra moción que recogía diferentes acuerdos para una mejor cobertura de los servicios a menores extranjeros no acompañados, presentada por Ganemos Jerez, ha prosperado con el apoyo de todos los grupos y la abstención del popular.
En el ámbito cultural también se ha producido la unanimidad para solicitar diferentes medidas para la puesta en valor del yacimiento arqueológico de la Factoría de Salazón de Pescado de San Nicolás en Algeciras y para apoyar la declaración de las peñas flamencas como entidades de utilidad pública, y cuenten con ayudas para poner en marcha sus programaciones, ambas presentadas por el principal partido de la oposición.
Entre las pocas mociones que no han prosperado está una de Sí se puede y Ganemos mostrando apoyo a los docentes excluidos de las oposiciones de 2017 y reclamando a la Junta que no los expulse de la bolsa de interinos. El voto de calidad de la presidencia ha hecho decaer la propuesta.
Un numeroso grupo de aspirantes e interinos de educación Primaria e Infantil y profesores de Música y Artes Escénicas denunciaron su exclusión de las oposiciones que tuvieron lugar el pasado 25 de junio. Son más de 300 en todo el territorio andaluz, con un alto porcentaje de afectados en el caso particular de la provincia de Cádiz. No han podido tener acceso al período de alegaciones ya que al no haber tramitado la solicitud correctamente, no están en los listados –ni de admitidos ni de excluidos–. Sin embargo ha trascendido que el pago de las tasas sí que se efectuó correctamente. A este problema concreto se le añade que los afectados desaparecen de las bolsas de trabajo: hay varios con más de 20 años de tiempo de servicio que, si la situación no cambia, no seguirán trabajando.
