La Diputación de Cádiz ha celebrado el pleno de septiembre, que a su vez es el primero ordinario del nuevo mandato, en el que han prosperado doce mociones de las quince sometidas a votación. El consenso se puede decir que ha sido la nota predominante –y cuando no, siempre ha sido roto por el PP-, ya que a estos acuerdos hay que sumar los alcanzados en las propuestas derivadas de la Comisiones de Gobierno. Entre los puntos que salen adelante: se ratifica un manifiesto en defensa del sector naval, un plan de empleo con más de 4 millones para los pueblos, y se acepta revisar el Plan Estratégico de Cultura.
La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles 23 el pleno de septiembre, que a su vez es el primer pleno ordinario del nuevo mandato –y el primero que se retransmite en directo on line-, en el que han prosperado doce mociones presentadas por grupos políticos de las quince que han sido sometidas a votación. El consenso se puede decir que ha sido la nota predominante, ya que a estos acuerdos hay que sumar los alcanzados en las propuestas derivadas de la Comisiones de Gobierno, en una sesión que se ha prolongado por más de cinco horas. Sólo tres mociones de los 36 puntos del orden del día no han prosperado.
En el ámbito de la defensa del empleo destaca que se ha aprobado por unanimidad, incluso con el voto del PP, la propuesta para respaldar el manifiesto a favor del sector naval de la Bahía de Cádiz. Esta proposición fue planteada por el diputado provincial José María Román y ya ha sido suscrita por la presidenta de Diputación, y los alcaldes de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana. Román defendió una iniciativa “que no está planteada para herir a nadie y que pretende el consenso para reactivar una industria indispensable para sacarnos del furgón de cola del empleo”. El manifiesto reclama un plan industrial, cobertura económica para fortalecer la investigación y desarrollo que propicien astilleros más competitivos así como programas de formación y rejuvenecimiento de las plantillas de Navantia.
En esta lucha contra el paro, todos los grupos políticos validaron el Plan de Reactivación Profesional, incluido en el denominado Fondo de Cooperación Local y reconocido como nuevo plan de empleo. De hecho, y a diferencia de anteriores iniciativas, aportará financiación para contrataciones directas en 40 localidades de la provincia: 29 municipios de menos de 20.000 habitantes y 11 entidades locales autónomas.
El nuevo plan dispone de un presupuesto de 4,2 millones de euros. Sus directrices han sido expuestas por la responsable del área de Empleo, Ana Carrera, quien ha valorado su incidencia en los colectivos en riesgo de exclusión social como es el caso de los parados de larga duración o las familias con todos sus miembros en desempleo. Tras la validación por parte del pleno, la Diputación publicará la convocatoria del programa en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). Tras dicha inserción se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que los ayuntamientos presenten las memorias de sus proyectos.
La institución provincial asume la financiación de este plan con fondos propios. La cuantía ya reservada permitirá 1.035 contrataciones de dos meses de duración. Serán los pequeños consistorios los que formalicen dichos contratos, conforme a criterios objetivos, destinados al fortalecimiento de servicios públicos ya sea en actuaciones en infraestructuras o en la asistencia a la ciudadanía. Los candidatos contratados procederán de una preselección previa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
OTROS PUNTOS
El resto de acuerdos aprobados afectan a todas las comarcas de la provincia en materias variadas, con especial importancia de las infraestructuras y llegada de fondos a la provincia a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o el Marco de Ayudas Europeo. También se han abordado aspectos sanitarios, educativos y de empleo, entre otros.
En este sentido, el pleno ha apoyado una moción del PSOE para que el Gobierno central incluya a diputaciones y núcleos urbanos menores de 20.000 habitantes en el grupo de posibles beneficiarios de diferentes fondos que concede la Unión Europea en el Marco de Apoyo Comunitario 2014-2020.
También se ha apoyado con el voto favorable de todos, salvo del PP, otra moción socialista pidiendo al Gobierno que no haya prórroga en el plazo de liberalización de la autopista de peaje AP4 Cádiz-Sevilla, que finaliza en 2019.
La Diputación ha aprobado además sumarse al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en relación a la crisis de refugiados que vive la Unión Europea, para dar respuesta estas personas que han tenido que huir a consecuencia de la guerra, especialmente en Siria. Para ofrecer una imagen alejada de partidismos, el PSOE ha retirado su propuesta al respecto y en su lugar se ha acordado que todos los grupos se sumen a esta declaración. Y también se ha registrado el apoyo unánime a diferentes medidas en la lucha contra la violencia de género, en otra moción del partido mayoritario.
INSTANDO A LA JUNTA
La Escuela de Hostelería de Cádiz también ha formado parte del debate plenario en base a una propuesta de IU, en la que solicitado a la Junta que se solucione la situación de la escuela, se abonen las nómina atrasadas y se pongas los medios materiales, personales y económicas para que vuelvan las clases con el voto a favor de todos los grupos. Representantes del Gobierno de la Diputación han insistido en que trabaja en la búsqueda de soluciones alternativas si los problemas se prolongaran en el tiempo; ya se planteaba días atrás la posibilidad de fusionarla con la Escuela de Hostelería de la propia institución provincial.
También se ha pedido a la Junta diferentes medidas relacionadas con las escuelas infantiles, como la convocatoria de la Mesa Sectorial, la elaboración de un calendario de pagos y que se revise el convenio de los precios de las plazas. El texto aprobado fue presentado por el PP con una enmienda de IU. E igualmente ha salido adelante por unanimidad otra propuesta izquierdista: instar al Gobierno regional a que agilice el pago que adeuda a los ayuntamientos de varios planes de empleo y que los consistorios han de adelantar en perjuicio de la liquidez de sus arcas.
En materia de comunicaciones, se ha alcanzado la unanimidad para instar también a la Junta a acometer obras en la carretera CA-9107 en Alcalá del Valle y a que asuma su titularidad, una moción presentada por la derecha para resolver las malas condiciones que presenta esta vía de acceso al municipio, conocida como carretera de Lora, en consonancia con las peticiones de una plataforma ciudadana creada para tal fin. También en la Sierra se ha registrado la unanimidad para instar a la Junta a diferentes medidas para solucionar el problema de desbordamiento del Río Ubrique, moción popular con enmienda socialista.
INSTANDO AL GOBIERNO CENTRAL
La tercera propuesta de IU también ha prosperado, en la que se ha pedido que se libere la servidumbre militar de los terrenos del Retín, que pertenecen al Ministerio de Defensa y que el Gobierno de la Nación abone compensaciones económicas al municipio entretanto.
De otro lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, el pleno ha solicitado diferentes inversiones para la provincia para que el Gobierno las incluya en sus Presupuestos Generales del Estado de 2016, conforme a una moción socialista. “El gobierno sigue olvidando a la provincia en materia de inversiones”, ha afirmado el vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, una afirmación ante la que ha mostrado su desacuerdo el portavoz del PP y expresidente de la Diputación, José Loaiza, que ha tildado de “victimista” la proposición y ha defendida las inversiones realizadas por ‘su’ Gobierno, el de Mariano Rajoy.
En el mismo sentido, ha prosperado una moción del PA sobre una inversión concreta: la solicitud de una partida suficiente en los PGE de 2016 para el desdoble de la Autovía Vejer–Algeciras. La otra propuesta andalucista, sobre la petición de un incremento de zonas donde pescar para la flota artesanal gaditana, también ha sido aprobada.
NUEVO PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO
También se ha alcanzado unanimidad para la entrada en servicio del nuevo portal de gobierno de la Diputación (http://gobiernoabierto.dipucadiz.es/home). Elena Amaya, responsable de Sociedad de la Información, concretó las virtudes de una plataforma que ya cumple con los postulados de las leyes de transparencia estatal y autonómica, además de incluir los indicadores y estándares reconocidos internacionalmente.
Amaya defendió la herramienta no sólo por la oportunidad de publicar datos relevantes –concernientes, por ejemplo, al uso de los fondos públicos- sino por fomentar nuevos cauces de participación ciudadana. De hecho destacó que el portal nace con la vocación de ser el soporte y el asistente de las entidades públicas que así lo requieran en la difusión de sus datos.
APOYO A LA FUNDACIÓN CASA MEDINA-SIDONIA
En otro apartado, la presidenta de Diputación, Irene García, ya había expresado su respaldo a la unidad de gestión de la Fundación Casa Medina-Sidonia al objeto de evitar la dispersión de los bienes que componen este activo cultural: el Palacio de los Guzmanes y el archivo general. Esta defensa ha sido refrendada ahora por el pleno que, por unanimidad, ha acordado adherirse al manifiesto promovido por la plataforma ciudadana constituida en Sanlúcar para preservar este legado.
Además se ha planteado la revisión del Plan Estratégico de Cultura, reconociéndose la existencia de programas del anterior equipo de Gobierno de la derecha que deben preservarse, como es el caso de Despensa de Recuerdos, y otros fallidos –al parecer del PSOE- como las Noches en Blanco. Esta revisión salió adelante con los votos favorables de PSOE, IU, PA, Por Cádiz sí se puede y Ganemos Jerez, y la abstención del PP.
SECTORES ESENCIALES Y EXENCIÓN DE TASAS
El pleno también ha aprobado dos novedades planteadas por el responsable del área de Función Pública y Recursos Humanos, Fran González: la declaración de servicios públicos esenciales de la Diputación y la exención o bonificación en tasas por la expedición de certificados.
González ha defendido que los servicios sociales comunitarios y especializados, los centros de drogodependencias, el mantenimiento de las infraestructuras ligadas a dichos servicios, así como la conservación de vías de la red provincial sean reconocidos como sectores prioritarios. Con ese estatus se propicia una mayor agilidad en la contratación de personal temporal –ante necesidades urgentes e inaplazables- en concordancia con la Ley 36/2014 reguladora de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y cuyos principios se mantendrán en el ejercicio de 2016.
Este diputado motivó la propuesta en razones de agilidad administrativa, pero también en una convicción política: “esta Diputación no puede mirar a otro lado y tiene que fortalecer servicios públicos que, a tenor de su labor ante la ciudadanía, no pueden sufrir merma alguna”. Todos los partidos votaron a favor, menos la derecha.
Sí fue secundada por unanimidad la iniciativa planteada para eximir a determinados colectivos del pago de la tasa por expedición de certificados por servicios prestados. Personas en desempleo, con minusvalía reconocida igual o superior al 33%, así como familias numerosas de categoría especial quedarán exentas del pago de esta cuota. Los certificados de elaboración inmediata cuestan de 2 a 3,50 euros (según si se trata de una primera emisión o sucesivas); los relativos a estudios previos oscilan entre los 6 y los 9 euros, mientras que la expedición de los denominados certificados históricos cuesta 25 euros. La Diputación ya decidió, en el año 2009, reducir un 50% el coste de la tasa por derechos de examen para parados, discapacitados o familias numerosas de categoría especial.
Y otro de los puntos que salen adelante, pese al no del PP, es que la Diputación retornará al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), donde confluyen diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades andaluzas.
Entre las pocas mociones que han sido rechazadas, está la del PP exigiendo a la Diputación instar a la Junta a la puesta en marcha del servicio de Radioterapia en el Hospital de Jerez. Pese al apoyo del resto de los grupos, la propuesta no se aprobaba por el voto de calidad de la presidenta socialista.
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