El Instituto Andaluz de la Mujer ya cuenta con un Protocolo Específico ante la Ciberdelincuencia de Género, una iniciativa pionera en España con el fin de ofrecer a su propio equipo de profesionales las herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que en algún momento del proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia machista a través de las nuevas tecnologías, un fenómeno muy reciente. La iniciativa se ha presentado en Cádiz.
La sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Cádiz ha acogido la presentación del Protocolo Específico ante la Ciberdelincuencia de Género, una iniciativa pionera en España impulsada por el IAM con el fin de ofrecer a su equipo de profesionales las herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que en algún momento del proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia machista a través de las nuevas tecnologías. El documento es el primero de carácter institucional que se elabora en el país en materia de ciberdelincuencia de género, un fenómeno muy reciente dado el carácter novedoso de las TICs y de las relaciones a través de las redes sociales.
La todavía delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Miriam Alconchel, ha sido la encargada de explicar el protocolo, junto a la coordinadora provincial del IAM, Josefa Moreno. Según ha destacado, el protocolo responde a la necesidad de respuesta ante una nueva realidad detectada por el equipo de profesionales del IAM, que han observado que la violencia de género sufrida por las mujeres más jóvenes se manifiesta cada vez más a través de los canales de relación y comunicación utilizados por la juventud, como las redes sociales.
Estas nuevas formas han generado riesgos específicos derivados de las propias características de las TICs, como la multiplicación de los efectos de la violencia por su capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor anonimato del agresor; la posibilidad de que se dé una suma de maltratadores; la continuidad en el tiempo; la exhibición de la intimidad ante infinitas personas; la facilidad para el control permanente (geolocalizadores, control de estado online o conexiones, etc); o el riesgo de suplantar fácilmente la personalidad de la víctima.
Ante ello, el protocolo define ciberdelincuencia de género como toda aquella violencia machista que se lleva a cabo a través de las TICs (revelación de secretos, injurias y calumnias, trato denigrante, difusión de imágenes, usurpación de identidad, grooming, amenazas o coacciones, sextorsión, etc), y establece las pautas a seguir para la detección y actuación ante cualquier señal de alarma.
Este protocolo, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, prevé que en cualquiera de las fases del proceso de atención a estas mujeres se pueda detectar la ciberdelincuencia de género. Para ello, en todos los formularios de atención (ya sea psicológica, jurídica o social) se recogen parámetros descriptivos para la recogida exacta de información sobre cualquier episodio de ciberdelincuencia de género. Los informes deberán utilizar la terminología propia de las TICs, para lo cual el protocolo proporciona un glosario de más de 200 palabras.
Según marca el documento, el área social del IAM valorará las redes sociales en las que intervienen la víctima y el agresor, para evaluar el posible impacto en la vida de la víctima, de menores a su cargo o de familiares. Por su parte, el área psicológica será la máxima responsable de la recogida completa del relato, ya que es en este ámbito en el que mejor se pueden detectar los ataques a través de las TICs, y donde se evalúan las consecuencias psicológicas.
Una vez recogida toda la información, se elaborará un diagnóstico y una planificación para la intervención en el ámbito de las TICs, donde se valorará la conveniencia de seguir pautas de seguridad informática y, en coordinación con el área jurídica, las medidas legales necesarias. Por su parte, desde el ámbito psicológico se tomarán las estrategias terapéuticas adecuadas para paliar los efectos del control y de las crisis de reputación a través de las TICs, así como para dar el apoyo necesario durante la exposición gráfica de las pruebas electrónicas en el procedimiento judicial
RECABAR PRUEBAS ELECTRÓNICAS
Alconchel y Moreno han incidido en la importancia de la prueba electrónica en la denuncia y en todo el proceso judicial, y han detallado que por este motivo el protocolo dedica un apartado muy amplio a las pautas que se deben dar a la usuaria para garantizar su seguridad informática (custodia de información, copias de seguridad, protección de la red wifi, consulta técnica ante geolocalizadores o aplicaciones espías, …) y para recabar pruebas electrónicas que puedan servir en un juicio (imágenes, capturas de pantalla, wassaps, vídeos, etc).
Finalmente, el protocolo recoge los principales signos de alarma para detectar la ciberdelincuencia de género, que deben tener en cuenta tanto la víctima como el equipo profesional que la atiende.
A juicio de la delegada territorial de Igualdad, “la iniciativa demuestra una vez más el constante compromiso” de la Junta con la prevención y la erradicación de la violencia de género, sabiendo adaptarse además a los cambios y necesidades sociales que se detecten. En este sentido, el Gobierno andaluz ha puesto especial atención en la violencia machista en la juventud, ante la cual se han lanzado nuevos programas coeducativos de prevención (La Violencia no es un Juego, APP DetectAmor, etc); se ha especializado la atención a las víctimas jóvenes (Programa de Atención Psicológica a Adolescentes Víctimas) y se ha puesto a disposición de todas las familias andaluzas una guía de orientación (AQUÍ) para saber detectar a tiempo señales que indiquen que sus hijas sufren maltrato machista.
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