El PP ya ha reclamado que la Junta de Andalucía “compense económicamente e indemnice” a todos los ayuntamientos que se han visto perjudicados por la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, en mayo de 2015, y que acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Dicho plan amplió la protección a los primeros 500 metros de costa, en los que se prohibía la construcción de viviendas u otro tipo de edificaciones.
A decir del secretario general del PP provincial, Antonio Saldaña, “la provincia de Cádiz es la más afectada e implica que el PSOE ha golpeado económicamente el desarrollo de más de 700 hectáreas en San Roque, La Línea de la Concepción, Conil, Barbate, Vejer, Puerto Real, San Fernando, Rota, Chipiona y Sanlúcar”; e incluso calcula que este plan ahora tumbado “ha dejado de generar 15.000 puesto de trabajo en la provincia y 45.000 en Andalucía”.
“La Junta debe aceptar inmediatamente la derrota judicial que ha sufrido con la anulación de un plan que no contentaba a nadie y que ha supuesto un enorme perjuicio económico para una multitud de localidades de la provincia de Cádiz y de Andalucía”, repiten desde la derecha en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Saldaña, que también es parlamentario autonómico, asegura que “este Plan de Protección del Litoral de Andalucía fue aprobado con nocturnidad y alevosía e incluso la sentencia judicial de anulación emitida por el TSJA afirma que se trata de un plan con orientaciones políticas y que no existía motivos para tramitarlo por urgencia y más con un Gobierno andaluz que entonces se encontraba poco más que en funciones, y que además el propio plan es contrario a la ordenación del territorio aprobada por la propia Junta de Andalucía”.
“En otras palabras –interpreta este político jerezano-, que no buscaba realmente proteger al medio ambiente sino perjudicar a un conjunto de localidades por motivos políticos, prueba de ello es que el plan fue aprobado sin negociarse con los ayuntamientos afectados por el mismo y con la oposición de todos ellos, generando un enorme inseguridad jurídica”.
Fruto de este proceso “unilateral y carente de negociación”, las entidades locales, 48 de los 62 ayuntamientos afectados formularon más de 3.500 alegaciones en toda Andalucía. “Uno de ellos fue Barbate, dado que probablemente sea uno de los municipios que más ha sufrido las consecuencias legales de la aprobación de este plan que ahora ha sido anulado”, incide Saldaña. El motivo es que, con este documento urbanístico en vigor, se paralizó el desarrollo turístico de Los Caños de Meca y La Zahora, “convirtiéndose en un misil lanzado por la Junta de Andalucía contra la línea de flotación del empleo y del desarrollo económico y social no solo de Barbate, sino de otras localidades gaditanas”.
Y aunque no lo parezca, este número dos del PP gaditano afirma que “estamos completamente a favor de la protección del medio ambiente y de las normativas urbanísticas que contribuyan al desarrollo sostenible, para evitar así desmanes del pasado y la destrucción de nuestro entorno; pero lo que jamás vamos a defender ni apoyar es un plan que no obedecía a tales objetivos medioambientales, sino a objetivos políticos de ayuntamientos contrarios al PSOE y sobre el cual ha sido la justicia y no nosotros quien ha dictaminado que tanto su fondo como su forma son contrarios al ordenamiento jurídico vigente”. Y añade que los conservadores apuestan “por una ordenación y proyección razonada, no por la prohibición indiscriminada de la Junta”.
En definitiva, el PP provincial exige al PSOE que “acepte esta derrota judicial, renegocie con los ayuntamientos afectados un nuevo documento urbanístico que satisfaga los intereses de todas las parte y compense económicamente de manera inmediata por el daño que ha causado la vigencia de este fallido plan”.
