A partir de un caso concreto en Cádiz (pero hay más), el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha pedido a la Junta de Andalucía y al resto de administraciones públicas que se establezcan medidas “para garantizar que no financian mediante publicidad portales contrarios a los valores periodísticos y, por ende, democráticos”. Al respecto, ha solicitado ante la dirección de Comunicación Social de la Junta la “retirada inmediata” de campañas institucionales contratadas en webs que “simulan medios de comunicación”.
El Colegio de Periodistas considera que las leyes que regulan la publicidad institucional y que promueven actuaciones de acuerdo al “buen uso de los fondos públicos” sirven de respaldo a su petición. Y reflexiona que “invertir desde lo público en portales digitales que atentan contra los principios recogidos en las mencionadas leyes -dignidad de la persona, su desarrollo cultural y social, la protección de la infancia y de la juventud, a la imagen de la mujer y de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión- resulta contradictorio”.
Del mismo modo, el CPPA añade en una nota remitida a este periódico que organismos internacionales como la UE y la ONU “vienen demandando que se establezcan medidas contra la desinformación, los bulos, las noticias falsas, y la propaganda que campa a sus anchas por Internet, poniendo en peligro, no solo el ejercicio del periodismo, sino el derecho de toda la ciudadanía a recibir información veraz, plural y a formarse su propia opinión sobre la realidad que les rodea, recuerda la organización colegial”.
“Buena parte de los portales web sin criterios periodísticos lo son porque no cuentan con profesionales del periodismo en la redacción y porque no tienen ninguna vocación pública. Su único objetivo es generar ingresos mediante el clic. Una actividad lícita, por supuesto, amparada en la libertad de expresión y acción de la ciudadanía, libre de hacer clic o no ante un determinado contenido. El problema se produce cuando esos portales adoptan la forma de medios periodísticos, se hacen pasar por medios periodísticos y sus autores se autoproclaman periodistas. Nos encontramos entonces con claros casos de fraude, engaño e intrusismo, potenciados por algoritmos matemáticos que deciden por la ciudadanía lo que debe captar su interés y ante los se ve desamparada”, argumenta el Colegio de Periodistas de Andalucía.
MEDIDAS PARA “AYUDAR” A QUIENES DECIDEN DÓNDE PONER PUBLICIDAD
No obstante, se reconoce la dificultad que supone para las administraciones públicas realizar esta tarea, y por ello, este Colegio pone a su disposición las medidas que ya ha puesto en marcha. En primer lugar, recuerda que existe el registro público de periodistas colegiados: “una medida establecida en la ley de colegios profesionales y que tiene que ver con los derechos de las personas usuarias de los servicios periodísticos, tal y como establece la normativa vigente al respecto”.
En segundo lugar, desde hace unos años existe el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA). Un registro público en el que pueden inscribirse de forma voluntaria medios periodísticos, avalados por el Colegio de Periodistas de Andalucía tras la demostración de una serie de requisitos, tales como contar con periodistas titulados en plantilla, informar de acuerdo a los criterios periodísticos de objetividad, veracidad y pluralidad, cumplir las leyes de publicidad, sociedad de la información, ética profesional y tener capacidad de realizar contratos. La ciudadanía puede reconocer esos medios porque están identificados con un sello que los avala como tal. En la provincia gaditana, actualmente, sólo hay cuatro medios exclusivamente en soporte digital en dicho registro, entre ellos DIARIO Bahía de Cádiz.
“Consideramos que las páginas web que no demuestran el cumplimiento de esos requisitos ante la administración contratante no deberían contar con la financiación de publicidad institucional, puesto que no quedarían demostrados los principios que proponen las leyes”, insisten desde el Colegio.
En este sentido, se propone a las administraciones o bien tener en cuenta las bases del ROMDA, incorporándolas a los pliegos técnicos y administrativos de los contratos, o bien tener en cuenta a los medios inscritos en el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía, “puesto que ya han demostrado ante el Colegio cumplir esos requisitos, son monitorizados con frecuencia para comprobar que los siguen cumpliendo y están sujetos a la Comisión de Deontología del CPPA”.
Ya en la legislatura anterior el Colegio de Periodistas se solicitó información sobre las inversiones publicitarias de la Junta en medios de comunicación: “solicitud realizada en aras de las leyes de transparencia y que aún no ha obtenido respuesta”.
En cuanto a las empresas privadas, este CPPA les propone evitar relacionarse mediante publicidad con páginas web “que difunden contenidos racistas, discriminatorios, bulos y noticias falsas, a no ser, claro está, que compartan esos contenidos”.
