La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha activado este año en la provincia gaditana ocho Escuelas de Verano, beneficiando a unos 450 niños. En esta iniciativa, en toda la comunidad autónoma, se invierten cerca de 369.000 euros, permitiendo la contratación temporal de 105 personas.
En el marco de este programa que se repite desde 2013, que se desarrolla entre el 1 de julio y el 31 de agosto, se atiende a menores de entre 3 y 15 años pertenecientes a familias con dificultades económicas y/o en situación de riesgo de exclusión.
Gestionado por entidades sin ánimo de lucro, se persigue, básicamente, ante el cierre de los comedores escolares garantizar tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda), y de paso, desarrollar acciones socioeducativas, y de ocio y tiempo libre. Además, estas escuelas ayudan a conciliar la vida familiar y laboral.
La mayoría de estas escuelas se organizan en centros educativos de Primaria que, en esta ocasión, se han tenido que adaptar a las medidas de seguridad obligadas por la pandemia del coronavirus. Así, todas las entidades han tenido que realizar un protocolo de seguridad que incluye las acciones de protección tales como la desinfección diaria de las instalaciones, el mantenimiento de la distancia de seguridad, el lavado de manos, o la utilización de mascarillas. Igualmente, existe un seguimiento de los participantes por si presentaran síntomas y se ha reducido la ratio de las actividades y delimitado los espacios para contar con todas las garantías.
El delegado territorial de Políticas Sociales en Cádiz, Miguel Andréu, ha visitado este miércoles en la capital una de las Escuelas de Verano, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Andréu ha elogiado la labor desempeñada por todas las entidades sin ánimo de lucro implicadas en el programa Escuelas de Verano, como es la asociación Alendoy, que lleva desde el año 2013 acogiéndose a todas las convocatorias en la ciudad de Cádiz. Aquí desarrolla dos proyectos de colonias urbanas de verano para la inclusión de menores en riesgo y apoyo alimenticio a la infancia, uno en sus propias instalaciones situadas en la barriada de la Paz, y otro en el CEIP Campo del Sur, ubicado en el centro histórico.
La jornada en la escuela se inicia a las 9 horas con un desayuno. A continuación, de 10.00 a 13.30 horas, el alumnado realiza actividades socioeducativas (apoyo y refuerzo escolar, talleres, juegos y piscina, a las que también se añaden actividades de relajación y meditación). A las 13.30 horas, pasan al comedor y antes de finalizar su jornada a las 15.00 horas, se les reparte una merienda cena para que se la lleven a casa.
Las Escuelas de Verano se pusieron en marcha en 2013 en desarrollo del Decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, dentro del plan extraordinario de solidaridad y garantía alimentaria (el plan Syga), cuyo objetivo es garantizar las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.
“LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN HA CRECIDO POR LA PANDEMIA”
“Las familias en situación de exclusión no disponen de recursos para garantizar una alimentación sana y equilibrada ni llevar a sus niños al menos una semana de vacaciones al año, ni tampoco costear actividades de ocio o culturales en los meses de verano”, ha evidenciado Miguel Andréu durante esta visita, añadiendo que “este programa pretende paliar esas situaciones de desigualdad en las zonas más vulnerables”.
A decir de este político colocado por la franquicia naranja, tras la declaración del estado de alarma en el pasado mes de marzo, “la vulnerabilidad de la población ha crecido, incrementándose exponencialmente el desempleo, y multiplicándose las necesidades sociales de un importante número de ciudadanos, lo que impacta directamente en necesidades básicas como es la alimentación”.
Ante ello, no duda en presumir de que la Junta, ahora con gobierno de derechas, “ha tenido una respuesta rápida y ágil para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes, cuya situación económica se ha visto agravada a consecuencia de la crisis por Covid-19, empobreciendo aún más a las familias que ya estaban en situaciones de exclusión social”.
