La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha valorado “con datos” las tres líneas políticas de su equipo de Gobierno al hacer balance de tres años de gestión, a su entender, “marcados por la creación de empleo, asistencia a los municipios y refuerzo al bienestar social”. Un Gobierno del PSOE que hasta hace unas semanas mantenía la mayoría gracias a Maribel Peinado, diputada del extinto PA que tras ser inhabilitada judicialmente (por su etapa como alcaldesa puertorrealeña), decidió dejar el Ejecutivo, ya en minoría.
Según los cálculos difundidos este lunes, las inversiones efectuadas en infraestructuras provinciales y en fomento del empleo suman casi 83 millones de euros, en lo que va de mandato. El Área de Igualdad y Bienestar Social ha tenido en estos tres años un incremento del 28% en el presupuesto, que ha llegado a los 27,4 millones. En cuanto al apoyo municipal, la mejora del servicio de recaudación ha permitido anticipos ordinarios a los ayuntamientos por un valor de unos 1.000 millones.
Las tres ediciones del plan Invierte (la última se acaba de aprobar) han supuesto una movilización de 35 millones de euros (del sobrante presupuestario) para obras en todas las localidades de la provincia, “en virtud de un reparto transparente y equitativo, alejado de todo sectarismo”, en el que únicamente interviene el número de habitantes y en el que las 11 entidades locales autónomas (ELAs) “han tenido protagonismo propio como beneficiarias directas de este programa”. “Esta movilización de recursos procedentes de fondos propios supone un acto sin precedentes, tanto por su concepto como por su importe total, incluso en una situación de restricción de las posibilidades de reinversión de esos remanentes como consecuencia de los corsés impuestos por el anterior Gobierno de la Nación”, ha repetido la también secretaria provincial del PSOE.
Por otro lado, se destaca la reactivación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, con una especial atención a los 800 kilómetros de la red provincial de carreteras, que en estos tres años ha recibido una inversión global que se acerca a los 7 millones de recursos propios. Paralelamente, “durante este tiempo hemos sido capaces de ejecutar hasta 68 obras que habían quedado pendientes del anterior mandato corporativo”.
Y también se ha referido García al reciente impulso de un programa propio para la mejora de los caminos rurales, “esenciales en la vertebración de nuestros municipios más pequeños”, dotado con 1,9 millones de euros de recursos propios; y a las cuatro ediciones del Plan de Cooperación Local, dirigido a favorecer la contratación temporal de desempleados de larga duración y en riesgo de exclusión social en los pueblos, una iniciativa para la que se han destinado “casi 17 millones de euros, lo que supone más de 5 millones al año”.
En su intervención, la presidenta también ha hecho mención al Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la Provincia, de la mano con las organizaciones representativas de emprendedores y de autónomos, “con un claro objetivo: detectar las necesidades de mano de obra especializada, formar a los desempleados en estas disciplinas más demandadas por el mercado laboral hasta el punto de conseguir una inserción superior al 60% y fomentar la aparición de nuevos negocios que generen riqueza y empleo”. En general, el capítulo de empleo ha absorbido cerca de 24 millones de euros y ha arrastrado otros 18 millones procedentes de otras administraciones.
Otra “apuesta” de este Gobierno provincial socialista ha sido el Programa de Internacionalización de Pymes, en colaboración con las cámaras de comercio, que “vienen actuando como socios eficaces”, que ha movilizado un total de 2,2 millones entre la pasada anualidad y la actual.
“Nos hemos consolidado como agente de referencia en la vida económica de la provincia y como pulmón de las empresas de esta tierra”, entiende García, que ha dado más números: “los aproximadamente 700 expedientes finalizados en estos tres años han supuesto un volumen superior a los 15 millones de euros de contratación pública”.
OTRAS ACTUACIONES Y POLÍTICAS
El aumento presupuestario dedicado al Área e Igualdad y Bienestar Social, que ha experimentado un incremento del 28% en estos tres años, al pasar de 21,4 a 27,4 millones, ha sido también subrayado por la presidenta. “En lógica consecuencia hemos conseguido incrementar notablemente el número de beneficiarios de esas políticas, que encuentran uno de sus principales exponentes en el número de usuarios de la Ley de Dependencia, que en tres años han aumentado en un 41,4%” (de 1.278 a 1.807).
Igualmente se ha detenido a explicar el Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos y Culturales, dotado con 3 millones y dirigido a los 29 municipios menores de 20.000 habitantes y a las 11 ELAs.
También se ha mostrado satisfecha por haber garantizando la viabilidad de Tugasa. La nueva empresa, que conserva la marca (y un nuevo logo cuestionado por el PP), ha emprendido, afirma, “un camino de apoyo al sector turístico provincial y mantenimiento de empleo en los pequeños municipios donde se ubican los hoteles”, una vez saneadas las cuentas de la empresa, abocada a su desaparición.
Pero hay más: “hemos desbloqueado un contencioso histórico como era el que afectaba a Valcárcel, de forma que un proyecto sin visos de prosperar y que hipotecaba un edificio que podría ser clave para el desarrollo de la ciudad de Cádiz se ha convertido en una gran oportunidad, mediante su cesión a la Universidad de Cádiz para completar un cinturón universitario de excelencia al tiempo que se permite desarrollar una iniciativa hotelera realista y aquilatada que también está llamada a dinamizar uno de los barrios más emblemáticos de la capital”. Algo similar, opina, sucede con el Instituto del Rosario, también en la capital, que “se ha puesto a disposición de un uso ciudadano a través de una iniciativa medioambientalmente sostenible considerada original en Europa”: aquí se ha proyectado otro museo de arte contemporáneo.
“La defensa de los sectores productivos clave para esta provincia, tales como la pesca, la almadraba o la construcción naval también han estado de forma permanente sobre la mesa de trabajo de este Gobierno con la creación de mesas de defensa de estos sectores”, ha recordado Irene García, quien ha insistido en la reclamación de que las corporaciones locales puedan decidir libremente el destino de los superávit: “en esa línea vamos a continuar tan vigilantes como reivindicativos”.
CUENTAS SANEADAS SIN RECORTES
García se ha mostrado igualmente satisfecha por el saneamiento de las cuentas de la Diputación gaditana. Esa “buena gestión” (el PP pone en duda una y otra vez) ha permitido acumular en estos tres años un superávit de 110 millones de euros y unos remanentes de Tesorería de 70 millones. A esto hay que sumarle que “hemos conseguido rebajar la deuda financiera en 60 millones de euros, lo que supone un descenso de un 37% en este concepto”, ha informado, y ha resaltado que “esta rebaja la hemos conseguido sin necesidad de llevar a cabo políticas de contención del gasto”.
Respecto al Servicio Provincial de Recaudación, “huelga decir las mejoras alcanzadas. Hemos registrado niveles históricos en todos los conceptos impositivos y, lo que es más importante, en este periodo de tres años hemos puesto a disposición de los ayuntamientos de nuestra provincia que tienen delegada en nosotros su gestión recaudatoria anticipos ordinarios que han alcanzado los 1.000 millones de euros”.
También ha destacado las facilidades a la ciudadanía a la hora de recaudar impuestos, mejorando las condiciones de pago a los contribuyentes como lo demuestran las cifras de Planes Personalizados de Pago, más de 80.000 planes concedidos en tres años.
Finalmente, en este balance de tres años de gobierno provincial, y mirando ya a las elecciones municipales de 2019, ha destacado que la Diputación de Cádiz ha logrado situar el período medio de pago “en unos notables 21 días”.
