Varias ciudades del país, entre ellas Cádiz (la única de toda Andalucía), han secundado el llamamiento de No Somos Delito contra la llamada Ley Mordaza, cuando se cumplen nueve años de su entrada en vigor.
Una Ley de Seguridad Ciudadana que existe desde los años 80 del siglo pasado, pero que en 2015 el entonces Gobierno del PP de Rajoy modificó para conceder nuevos poderes y facultades represoras para la Policía, en el contexto de las movilizaciones de los indignados y el 15-M en respuesta a la crisis-estafa y los recortes. El PSOE prometió derogarla cuando alcanzara el poder, llegó a la Moncloa en 2018, y la polémica ley sigue sin ni siquiera modificarse.
Como en otros puntos del país durante el fin de semana, en la capital gaditana se ha celebrado en la mañana del domingo, con el respaldo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), una simbólica concentración de protesta en la plaza de la Constitución (bajo el conocido como ‘pájaro-jaula’), en la que además se ha leído un manifiesto.
La plataforma No Somos Delito retoma así sus demandas para la derogación de la Ley Mordaza casi un año después del acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Sumar tras las elecciones generales de 2023 que recoge “la reforma y derogación de aquellos aspectos que limiten los derechos de reunión y libertad de expresión”.
“NUEVE AÑOS DE LEYES MORDAZA, ¡Y NI UNO MÁS!”
Los colectivos y organizaciones que están detrás de este movimiento entienden que esta controvertida ley “se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos”.
“Volvemos a movilizarnos para denunciar la criminalización de la protesta que vienen causando las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal de 2015, conocidas como leyes mordaza”, se insiste en el manifiesto recogido por DIARIO Bahía de Cádiz. Así, se reclama “una nueva legislación que garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Exigimos que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades”.
El intento fracasado de reformar la ley en la anterior legislatura, “no puede impedir que tenga lugar en la actual e incorporando las peticiones que llevamos años presentando desde la sociedad civil. Teniendo en cuenta la promesa recogida en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar de octubre de 2023, reclamamos que este sea el último año de Ley Mordaza”, se apostilla;
Y en el caso de que no se culmine la reforma incorporando las peticiones desde la sociedad civil (“y no enmiendas de poco calado que supongan un mero maquillaje”), “se mantendrán las amenazas al derecho de protesta de los movimientos sociales, los medios de comunicación seguirán viendo mermada su libertad de información, y se perpetuará la discriminación y la indefensión de colectivos como migrantes, personas refugiadas, trabajadoras sexuales, víctimas de trata o personas sin hogar”, se advierte.
No Somos Delitos ha consensuado “diez líneas rojas” de la actual Ley Mordaza, demandas de mínimos para una ley garante de derechos humanos: “no será delito ‘alterar la ciudad ciudadana’, si no sabemos qué significa”; “la palabra de un agente no será una prueba”; “el perfilamiento étnico y racial será prohibido y descrito como discriminatorio”; “las sanciones administrativas no se traducirán en antecedentes”; “la protesta será un derecho”; “el derecho a la información será protegido”; “los cacheos en meras sospechas serán prohibidos”; “la tenencia y autoconsumo en la calle no será delito”; “las ‘devoluciones en caliente’ serán prohibidas”; y “no se criminalizará la pobreza”.
