El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 22 ayuntamientos advirtiéndoles de que o reducen su morosidad o procederá a intervenir sus finanzas para que los proveedores puedan cobrar a tiempo, o sea, en 30 días como máximo, según obliga la ley. Muchos de estos consistorios son gaditanos (Cádiz, Jerez, Chiclana, El Puerto y Algeciras), pero es más, se apercibe hasta a la misma Diputación de Cádiz.
El primero en reaccionar ha sido el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, que lamenta que el PP “le haya tomado el gusto al artículo 155”, a la vez que denuncia que “quiera acabar con la autonomía local cuando, no hay que olvidar, que lo que hoy sufren los ayuntamientos son las consecuencias de la mala gestión hecha anteriormente por sus alcaldes y alcaldesas”.
Asimismo, Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común hacen hincapié en que la deuda de los ayuntamientos “no llega al 3%” de la deuda total del Estado español, “es decir, se endeudan ellos y pagamos los consistorios, sus vecinas y vecinos”.
Y se critica a la derecha por “el desconocimiento absoluto de los ayuntamientos y municipios” que demuestra, poniendo como ejemplo el de la propia Cádiz: “hemos reducido en dos años el periodo de pago a proveedores a la mitad. Y a cambio de arreglar e ir solucionando la herencia del PP, nos amenazan con intervenirnos”. “Esto demuestra la utilización partidista de Montoro y Rajoy de las instituciones”, apostillan. Según los últimos datos, este consistorio debe a sus proveedores unos 10,5 millones de euros, y está pagando con una demora media de 67 días, o sea, poco más de dos meses. En tiempos de Teófila Martínez, este retraso llegó a ser de más de un año.
En este sentido, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el actual bipartito arremete contra el Gobierno de Rajoy por esa utilización partidista de las instituciones, así como por no haber realizado esta fiscalización antes, “durante el período en el que Martínez endeudaba sin el más mínimo escrúpulo este Ayuntamiento”. “Ellos, su partido, son los que nos dejaron un boquete en las arcas municipales de 275 millones de euros”, se insiste.
Pero hay más, el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ denuncia que se haya tenido que enterar por la prensa de este asunto y de que Cádiz es uno de los municipios amenazados, “ya que por el momento no se ha recibido en el Ayuntamiento notificación alguna”.
Por último, se pone en evidencia la “desfachatez” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señalando como “curioso” que la mayoría de los ayuntamientos en los que quiere meter mano “ha sufrido el despilfarro del PP”.
LA DIPUTACIÓN GOZA DE “BUENA SALUD”, PESE A LOAIZA
Por su lado, el responsable del área de Servicios Económicos de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís, lamenta que el Ministerio de Hacienda “nos meta en el mismo saco de ayuntamientos amenazados con la intervención de sus cuentas”. Y es que días atrás ya aclaró el “desfase puntual” advertido en el periodo medio de pago a proveedores, que se había elevado hasta alcanzar los 143 días al cierre de octubre.
El motivo, según argumentó Solís, fue la incorporación de facturas impagadas a cinco proveedores –procedentes del anterior mandato con Gobierno del PP- que acumulaban un gasto cercano a los 1,5 millones de euros. Ese desfase, que invierte los índices alcanzados por la Diputación en el primer semestre de 2017 dentro de los márgenes de la Ley de Morosidad, ha sido divulgado por Montoro “en una información asociada a los ayuntamientos que están amenazados con la intervención de sus cuentas”. Para este diputado del PSOE, se ofrece “una información sesgada y partidista”, al tiempo que reconoce, como el Consistorio capitalino, que “el Ministerio ni siquiera nos ha notificado oficialmente el incumplimiento”.
“Nos han metido en el mismo saco de ayuntamientos que tardan 400 días en pagar y con una gestión económica paralizada. No es el caso, ni por asomo, de la Diputación de Cádiz. No es justo, ni leal”, esgrime el responsable de Servicios Económicos de Diputación. E insiste en que “una cosa es que se eleve un promedio, por un problema puntual y perfectamente subsanable a tenor de nuestra capacidad económica, y otra cosa es sufrir un problema estructural como es el que se advierte en algunos ayuntamientos”.
Y pese a las explicaciones de Solís, el PP en la Diputación no duda en atacar al actual Gobierno provincial, obviando que todo surge de un problema que dejó cuando gobernaba años atrás. En este sentido, para el portavoz popular y expresidente, José Loaiza, Irene García “ha llevado a la institución provincial al colapso económico” y ha instado a la dirigente socialista a “poner orden en las cuentas y que salde los 14,1 millones de euros que adeuda a proveedores porque perjudica a pequeños y medianos empresarios y al empleo, a entidades de todo tipo, además de dejar el crédito de la Diputación por los suelos”.
Loaza ha pedido al actual Ejecutivo PSOE-PA que “no busque excusas para justificar una situación producida única y exclusivamente por el desprecio al dinero público del equipo de García” y le ha exigido que “se asuman responsabilidades”.
“El Gobierno de Irene García no es bueno ni siquiera vendiendo humo, como hacen otros gobiernos socialistas”, interpreta este representante de la derecha, que ha considerado “una verdadera lástima que la Diputación se haya borrado del panorama político: hoy no cuenta, el Gobierno socialista es un problema para Cádiz”.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, impuesta por el PP, establece medidas coercitivas para las entidades públicas que no cumplan sus postulados. En el caso del periodo medio de pago a proveedores, la norma expresa que los requerimientos se llevan a cabo cuando transcurren dos meses superando el plazo de 60 días para saldar la deuda comercial. Si se cumple este supuesto el Ministerio de Hacienda puede reclamar la adopción de un plan de tesorería donde se detallen soluciones para reducir el plazo de pago.
Un plan de tesorería, agregan desde el Gobierno de la Diputación gaditana que “revelaría lo que ya sabe el Ministerio en relación a esta institución: que cumplimos con los principios de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, que el último presupuesto se liquidó con superávit y que disponemos de remanente de tesorería positivo”.
