Podemos Cádiz considera “insuficiente” la media anunciada días atrás por el Ministro de Hacienda, de eliminar las multas y recargos por presentación “fuera de plazo” de las declaraciones de la Renta correspondiente a los últimos cinco ejercicios del colectivo de emigrantes retornados. “Reivindicamos un trato de justicia y equidad con estas personas, que en estos momentos de crisis está haciendo frente a situaciones difíciles de familiares desempleados”, se insiste.
Podemos Cádiz considera “insuficiente” la media anunciada días atrás por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de eliminar las multas y recargos por presentación “fuera de plazo” de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los últimos cinco ejercicios del colectivo de emigrantes retornados.
Es la conclusión del informe que este partido-movimiento ha estado elaborando sobre la problemática de los trabajadores migrantes retornados y la imposición por parte de la Agencia Tributaria, de medidas de revisión de rentas y regularización fiscal acompañada de sanciones y exigencia de intereses.
Podemos recuerda cómo el actual Gobierno central del PP ha diseñado una “amnistía fiscal” que ha beneficiado a grandes defraudadores, “entre los que se encuentra políticos, delincuentes y grandes fortunas”, mientras que a este colectivo se le da un trato de “evasores fiscales”.
“Reivindicamos un trato de justicia y equidad con este colectivo, que en estos momentos de crisis económica está haciendo frente a situaciones difíciles de familiares desempleados”, se insiste. Más aún cuando la provincia de Cádiz “no deja de desangrarse con una emigración masiva y crónica fruto del desempleo y la precariedad”.
De este modo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Podemos solicita al Ministerio de Hacienda que se elimine la imposición retroactiva, porque fue la propia AEAT la que desde el primer momento comunicaba que no se estaba obligado a presentar la declaración; que se admitan como tales los casos de incapacidad absoluta reconocidos por otros países de la Unión Europea y se exima a los beneficiarios de declarar estas pensiones; que las devoluciones de las sanciones y recargos se hagan de oficio más el interés legal del dinero y no que tengan que buscarse asesoramiento externo para proceder a la reclamación; y que se modifique la Ley actual que da un trato “discriminatorio” con las pensiones percibidas en el extranjero, obligándolas a tributar a tipos superiores a cantidades idénticas cuando son percibidas en el Estado. Se exige, en definitiva, “un trato justo e igualitario”.
