La Diputación de Cádiz da por iniciado un nuevo curso político con la habitual comparecencia de la presidenta, Irene García, que ha avanzado las “claves de trabajo y las líneas estratégicas” que adoptará el Gobierno provincial de PSOE y La Línea 100×100 en los próximos meses, que seguirán marcados por el coronavirus.
Las medidas de carácter social que reduzcan los efectos de la pandemia se constituyen como la prioridad absoluta en la acción de la institución, según la socialista, quien, de este modo, ha destacado la necesidad de dar continuidad a las iniciativas que ya se han venido desarrollando desde el inicio de la crisis sanitaria.
García ha anunciado que la posibilidad que ahora se abre para los consistorios y la propia Diputación de recurrir a excedentes presupuestarios para movilizarlos en aspectos directamente vinculados a combatir la pandemia (el Gobierno central propone que las administraciones locales que remanentes de tesorería positivos, que no pueden usar por la ley impuesta por el PP años atrás, cedan esos fondos al Estado para que este se los devuelva poco a poco, una iniciativa “confiscatoria” para la derecha), va a favorecer que la institución provincial “pueda estar más cerca de la ciudadanía y las entidades locales”.
Al respecto, y a la espera de confirmar si en el Congreso se convalida el polémico acuerdo adoptado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la presidenta asevera que “esta institución llegará al máximo nivel inversor que permita la legislación. Pondremos a disposición de los ayuntamientos todos los recursos a nuestro alcance en programas para reducir brechas de desigualdad y crear empleo”.
Con respecto a las medidas ya adoptadas, Irene García se ha referido, por enésima vez, a esa “movilización de recursos sin precedentes, en apenas un par de meses”, para poner a disposición de todos los ayuntamientos gaditanos hasta 27 millones de euros “con los que hacer frente a sus necesidades en materias como desinfección de espacios públicos, compras de material de protección, contratación de más personal específico, reducción del impacto social de la pandemia y generación de empleo”. Esa inversión se ha resuelto a través de excedentes del anterior ejercicio, unidos a modificaciones del presupuesto en vigor obtenidas diligentemente por personal de la institución provincial.
Facilidades a los contribuyentes y mantenimiento de los compromisos de asistencia a los ayuntamientos, a pesar de la pandemia, son otras dos claves de acción a mantener, según la presidenta, quien ha querido subrayar que el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria ha mantenido el ritmo de entrega de los adelantos a cuenta de la recaudación de los impuestos municipales. Hasta final de julio la cifra de las transferencias a los ayuntamientos (que mantiene convenios con este servicio, la mayoría salvo Cádiz, Jerez y Rota) supera los 210 millones de euros, flexibilizando además el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
La situación descrita supone “un ejemplo de la gestión ordinaria que hemos mantenido”, como solución eficaz para propiciar liquidez económica a las entidades locales.
La también secretaria general del PSOE en la provincia también ha destacado “la necesidad de unidad de acción, la corresponsabilidad y la interlocución” entre todas las administraciones sin dejar de lado a la local, la que menos recursos tiene para combatir los efectos del coronavirus. De este modo ha señalado que desde Diputación se mantienen los cauces abiertos con los alcaldes, que “coinciden en la necesidad de políticas sociales como lo más prioritario”.
“LA JUNTA NO RESPONDE”
Al respecto, ha lamentado que no se haya recibido esta correspondencia por parte de la Junta de Andalucía, ahora con gobierno de derechas. García ha señalado que el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, “no ha respondido a ninguna de las cartas que le he dirigido durante la pandemia ni atendido las solicitudes de reunión”. Además no se ha convocado ni una sola vez el centro de coordinación interadministrativo que se reunía puntualmente durante la gestión de la crisis sanitaria del Gobierno central.
Al contrario, la socialista se queja de que en este contexto la Junta de PP y Cs, con el aliento de la extrema derecha, “ha eliminado los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) que primaban la peculiar situación de la provincia de Cádiz como consecuencia de su desempleo estructural, para derivarlos a atender una actuación como el plan Aire, que es un instrumento común para las ocho provincias andaluzas”.
También ha mostrado su desacuerdo con que el Gobierno andaluz pretenda desentenderse de la financiación de las tareas de desinfección extra de colegios en estos tiempos de pandemia, algo que debería asumir por ser de su competencia.
Irene García también ha aludido en esta rueda de prensa, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, a la inminencia del Brexit y a la repercusión directa que va a tener en el Campo de Gibraltar, que “obligará a la Diputación a mantenerse alerta y proponer opciones constructivas para convertir esta nueva situación en oportunidad de crecimiento”.
Finalmente, la presidenta también ha mostrado su “actitud proactiva” para que sectores estratégicos como el turismo, la industria naval y la aeronáutica “recuperen su pujanza”.
