Un grupo de monitores escolares se ha concentrado este lunes ante la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz –protesta que se ha repetido en otras provincias de la comunidad autónoma- para exigir a la consejería de Educación (en manos de Ciudadanos) que cumpla su compromiso para la contratación a jornada completa de este personal de colegios públicos que está a tiempo parcial.
Se trata de una figura multidisciplinar que, aunque apoya fundamentalmente en las tareas burocráticas de equipos directivos y profesorado, también tiene competencias en las bibliotecas escolares, actividades extralectivas, transporte escolar y comedores escolares.
En colegios de la provincia de Cádiz trabajan actualmente 244 monitoras y monitores escolares (algo más de 1.700 en toda Andalucía), de los cuales algo más del 35% está contratado de manera parcial a 20 horas semanales (89 en Cádiz) y casi un 90% son mujeres.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón, insiste en que “la labor de los monitores en centros de infantil y primaria es además de puente entre familias y los colegios, también el primer filtro en su relación con el centro, su profesorado, su equipo directivo y sus servicios; y por tanto es un personal esencial en el funcionamiento de los colegios”.
En este sentido, para Alcón esta reivindicación de las 35 horas semanales, “responde a una necesidad efectiva de los centros escolares con un volumen de trabajo que con jornadas a 20 horas es inasumible, aún más cuando estas horas de trabajo se realizan en dos, e incluso tres centros distintos, lo que supone un sobreesfuerzo de los trabajadores, que en muchos casos añaden horas a su jornada para poder salvar estas situaciones”.
CCOO recuerda el compromiso de la Junta para alcanzar las jornadas completas de las 589 monitoras y monitores: “no existe ninguna razón objetiva que demuestre que esté justificada la existencia de este empleo público precario”. Al tiempo, reta a la consejería de Educación a que aporte los datos “que muestren el más mínimo atisbo de racionalidad al mantenimiento de esta explotación laboral en la enseñanza pública en pleno siglo XXI”.
A colación, el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) el pasado septiembre en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a esa ampliación durante el presente curso escolar de las jornadas laborales “en el marco de las negociaciones sindicales”; y a trabajar para vincular la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de estos monitores “a un centro educativo y no a una zona educativa”.
