La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía asegura que reforzará con un total de 233 profesionales los servicios sociales comunitarios de la provincia de Cádiz (1.259, en toda la comunidad), con idea de agilizar la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social.
En este sentido, ya se están contratando por ayuntamientos gaditanos, a través de la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas (Eracis) a 179 profesionales, dado que en estas zonas se producen casi el 50% de las personas que perciben estas prestaciones. Este programa ya estaba aprobado durante la pasada legislatura.
Además, se ha solicitado modificación presupuestaria para transferir créditos a las entidades locales a fin de reforzar dichos servicios en personal administrativo en todos los centros (33 en la provincia gaditana) y en un trabajador social en cada uno de los centros de los servicios sociales comunitarios (21 en Cádiz) que no coinciden con ‘zonas desfavorecidas’.
La Junta señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que hasta el 25 de marzo se han presentado en toda la región un total de 92.615 solicitudes de esta Renta Mínima, “y más de la mitad están sin resolver”. En concreto, quedan pendientes 48.442 solicitudes. En lo relativo a la provincia de Cádiz, no se han resuelto 9.066 solicitudes de un total de 14.837 presentadas (el 61%), con una media de retraso de diez meses.
Además, el actual gobierno de derechas denuncia que el anterior del PSOE dejó de invertir en 2018 más de 141 millones de euros, de los 198 millones que estaban presupuestados en Andalucía, “ejecutando por tanto sólo 56,9 millones”.
De este modo, la ahora consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, no duda de que “es un problema derivado de la manifiesta incapacidad de gestión del gobierno socialista en esta materia, ya que aprobó el Decreto Ley de la Renta Mínima sin haber realizado una labor previa de información, planificación y adecuación de medios técnicos y de personal”.
Entre otras medidas, Ruiz avanza que “vamos a reforzar la formación y la información a los profesionales de los servicios sociales comunitarios sobre esta prestación, ya que hemos advertido que hay un porcentaje importante de solicitudes que son denegadas o no admitidas, debido fundamentalmente al desconocimiento de los solicitantes acerca de los requisitos para acceder a esta ayuda”.
Otra de las medidas es la evaluación del impacto de conformidad con lo que establece el propio Decreto que regula la Renta Mínima de Inserción Social, “y así realizar los cambios normativos que sean necesarios, para hacer esta prestación realmente accesible a las personas a las que se destina, simplificando los procedimientos”.
Hoy día tienen derecho a esta Renta Mínima en Andalucía las unidades familiares que se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y cumplan los requisitos. Así como aquellas que, aún no cumpliendo alguno de esos puntos, se encuentren en situación de urgencia o emergencia social. A quienes se les concede, se benefician de una prestación económica y se les elabora un plan de inclusión sociolaboral.
