Un total de 17.224 personas en la provincia de Cádiz han recibido ya el llamado bono social térmico ahora gestionado por la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, desde que comenzó el proceso de solicitud hace un mes, sumando casi 690.000 euros (una media de 40 euros por beneficiario, al año). Esta cifra supone que se ha llegado casi a la mitad (49,5%) de las 34.810 gaditanos que potencialmente recibirán el mencionado bono.
Esta ayuda, cuyo pago se gestiona a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) con el apoyo de la red Guadalinfo en la tramitación (y de los servicios sociales municipales), cuenta con un presupuesto para toda la comunicado autónoma de unos 13,5 millones, y tras ampliarse el plazo podrá solicitarse hasta el próximo 15 de septiembre, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Esta iniciativa (que financia el Ministerio para la Transición Ecológica, pero cuya gestión se ha derivado a las comunidades) consiste en una ayuda económica directa, complementaria al bono social eléctrico, y que está destinada a las personas más vulnerables para que puedan compensar los gastos que ocasionan el uso de la calefacción, el aire acondicionado, el agua caliente o la cocina, entre otros.
Dichas ayudas no hay que solicitarlas, pues todas aquellas personas que tengan concedido el bono social eléctrico son igualmente beneficiarias del bono social térmico, por lo que la ASSDA gestiona todo el procedimiento de oficio, comunicándole por carta a todos los potenciales beneficiarios el pago de esta ayuda para que ratifiquen sus datos o comuniquen cualquier variación.
Se realizan en un único pago anual, que varían entre 25 y 123,94 euros según el grado de vulnerabilidad que la persona a la que se destina esta ayuda, según lo recogido en el bono social eléctrico y la zona climática en la que se ubica su vivienda habitual.
La consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha subrayado “el esfuerzo” de su departamento para “pagar lo más rápidamente a todas las personas que lo pueden recibir, muchas de ellas personas en situación de vulnerabilidad que no tienen por qué esperar”. Además, esta política colocada por la franquicia naranja ha vuelto a poner en valor la gestión en materia social que “se ha llevado a cabo” en Andalucía en los dos últimos años con el actual gobierno de derechas dependiente de la ultraderecha, y el compromiso por atender a las personas más vulnerables y desprotegidas con “políticas centradas en las personas, porque la comunidad había perdido la ola de la modernización en los servicios sociales y la igualdad”.
