Bajo el lema ‘Por unos servicios públicos dignos y estables. Por lo público, por lo común. Quienes están se quedan’, CGT Andalucía ha convocado en solitario en la jornada de este viernes 28 de mayo una huelga general en la comunidad autónoma que estaba llamada a secundar todo el personal de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía, las diputaciones, ayuntamientos, universidades, agencias públicas, empresas públicas y todo el personal de las contratas y subcontratas de cualquiera de las administraciones, agencias o empresas públicas del territorio andaluz.
Acompañando la huelga, el sindicato ha celebrado en la capital gaditana (y en otros puntos de Andalucía) una manifestación que partía a mediodía de la Subdelegación de Gobierno, frente a las Puertas de Tierra, y tras recorrer varias calles del centro histórico desembocaba en plaza de España frente al la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Parte de la protesta también ha arropado posteriormente la nueva movilización impulsada también por CGT en Puerto Real para apoyar la lucha alrededor de la planta de Airbus.
La jornada de huelga general, resumen los propios convocantes, “se ha desarrollado con normalidad generalizada si bien se han producido algunos enfrentamientos entre responsables de distintas áreas de la administración andaluza o ayuntamientos y personas que querían ejercer su derecho fundamental a la huelga y recibían todo tipo de presiones y excusas para vetar el abandono sus puestos de trabajo; algunas de ellas terminarán ante los juzgados”.
Desde CGT Andalucía se muestra satisfacción por “esta gran jornada de lucha por lo público y lo común”, y se anuncia que próximamente abordará las nuevas medidas movilizadoras a adoptar y cómo mantenerlas en el tiempo “hasta alcanzar una solución porque perder lo público no es una opción”.
REIVINDICACIONES
CGT expone en la información remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que se viven “momentos convulsos” en las administraciones públicas desde hace tiempo, que “han creado un caldo de cultivo para el hartazgo del personal que presta servicios públicos, que han dicho basta”.
Y en este punto relata: las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos, las exigencias de la Comisión Europea para acabar con la alta tasa de temporalidad del empleo público y su condicionalidad con respecto a las ayudas a España por la crisis del coronavirus, el papel que han jugado los trabajadores de lo público durante la pandemia “estando en primera línea de la atención ciudadana, y, al mismo tiempo, la escasez de recursos públicos con los que han contado y la falta de personal que ha resultado más evidente en estos momentos (sumado a que muchos servicios públicos se encuentran en manos de empresas privadas y no han dejado de un lado los beneficios económicos para prestar un mejor servicio y mayor protección a sus trabajadores)”, y además más una década de recortes en el sector público, una mayor precarización del empleo, etc.
De este modo, de modo general se reclama “acabar con la precarización de las condiciones laborales en el empleo público, con el abuso de la temporalidad y con el fraude en la contratación”. A ello se suma: “la recuperación/creación de las miles de plazas de empleo público pérdidas durante los últimos años; garantizar un sistema sanitario público y de calidad; mayor inversión pública en las necesidades sociales colectivas: asegurar desde los servicios públicos las condiciones mínimas para una vida digna de la población, en una perspectiva igualitaria; recuperar para lo público todos los servicios privatizados y externalizados en las distintas administraciones y cese inmediato de privatización de servicios públicos; y el establecimiento de sanciones severas contra quienes como gestores del ámbito público utilicen contratación en fraude de ley”.
Además de las reivindicaciones a nivel autonómico del sindicato, desde FASE CGT se demanda para el sector educativo público: un plan de estabilidad para las personas interinas que garantice su puesto de trabajo; un sistema de acceso a la función pública mediante la doble vía y, de forma excepcional, por concurso de méritos; el descenso inmediato de la ratio estipulada para cada nivel educativo; el mantenimiento de los puestos Covid y Proa Plus para el curso próximo; y la reducción de conciertos con centros privados y “una apuesta clara” por la educación pública.
