Los trabajadores de empresa Marsegur, problemática concesionaria del servicio de seguridad privada en las instalaciones del Ministerio de Defensa en la provincia de Cádiz, ha decidido secundar la huelga convocada para este lunes y martes, 25 y 26 de septiembre, convocada por CCOO, UGT y USO a nivel estatal. También hay previstas concentraciones para el día 3 de octubre en distintos centros de trabajo gaditanos.
Estos trabajadores viene protagonizando desde hace unos meses una serie de movilizaciones con el objeto de protestar por los niveles de precariedad que vienen padeciendo a partir de la llegada de la nueva concesionaria, ante la aplicación por parte de la dirección de un convenio colectivo que ha sido declarado ilegal en sentencia de la Audiencia Nacional y que merma sus salarios de manera considerable, “hasta el punto de situar su economía familiar en niveles incompatibles con una mínima calidad de vida”, insisten los sindicatos que apoyan al colectivo. La plantilla ha visto reducido su sueldo en más de 400 euros, por lo que su salario gira entre los 600 y 700 euros mensuales.
A todo esto se añade que en los últimos meses, la empresa -vinculada al emporio de un empresario canario, amigo del exministro Soria, a quien el Gobierno central del PP indultó y que vuelve a estar investigada en un juzgado de Las Palmas por fraude fiscal- se está retrasando en los pagos de forma sistemática; de hecho, a estas alturas de septiembre parte de la plantilla no ha cobrado las nominas del mes de agosto.
“Las administraciones públicas no pueden continuar siendo cómplices de empresas que practican de manera permanente la competencia desleal, precarizan las condiciones laborales de sus plantillas y que incumplen de manera reiterada la legislación laboral”, repiten desde CCOO y UGT en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
A finales de julio, representantes sindicales y trabajadores de la empresa Marsegur, iniciaban una ronda de contactos con instituciones y partidos con el objeto de recabar apoyos para buscar una solución a la situación de la plantilla, en la “indigencia laboral”. En reuniones con PSOE y Unidos Podemos obtuvieron el compromiso de ambos grupos de elevar el conflicto a Congreso y Senado.
Y ante la presencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal días atrás tanto en San Fernando como en Rota, el PSOE le volvía a instar a solucionar este conflicto que afecta a medio centenar de trabajadores en la provincia: “este colectivo custodia instalaciones militares y debería concebir este problema como una cuestión de seguridad del Estado, más en estado de alerta, a la que debe dar prioridad, reaccionar y no mirar para otro lado”.
“Su función en el Ministerio no es sólo representar al Gobierno en actos, lo primero y esencial es tener la casa en orden y ahora mismo la seguridad y vigilancia de los edificios de Defensa hacen aguas por todos sitios con un mal servicio, tras la subrogación del mismo a una empresa pirata, que pretende explotar a los trabajadores a los que quiere someter a condiciones laborales indignas”, subrayaba la diputada socialista por Cádiz en el Congreso, Miriam Alconchel.
