El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) ha hecho un llamamiento a la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que “asuma el pago directo y ponga fin al calvario” que viven los vigilantes de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz y en otros puntos de la comunica autónoma; dependientes, como no, de Mersant, adjudicataria del contrato. Este sindicato, mayoritario en el sector de la seguridad privada en la provincia de Cádiz, se dirige directamente a Miguel Ángel Terrero, actual director gerente del SAE.
“No comprendemos como el SAE -relata el SPV- sigue manteniendo a Mersant Vigilancia, empresa manifiestamente incumplidora (adeuda cuatro meses de salarios) y cuyas oficinas se están dejando descubiertas y sin montar los servicios de seguridad”, al quedar sin cubrir las bajas médicas de sus vigilantes que “enfermos por el abandono de la administración han caído en un estado de ansiedad, estrés e insolvencia total, incapaces de hacer frente a los gastos inherentes de la vida diaria, como alimentar a la familia, pagar la hipoteca, alquileres o simplemente poner combustible al vehículo para ir a trabajar a diario”.
Estos trabajadores encargados de la seguridad en oficinas del paro siguen a la espera de que esta empresa “desaparecida pero que se resiste a declararse en concurso” asuma sus obligaciones económicas o autorice el pago directo a la plantilla por parte de la Junta; “esto aún no ha sucedido y tampoco tenemos fecha próxima para ello, pese a que se le ha informado y solicitado por escrito de la dramática situación que atraviesan”.
Este sindicato entiende, en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, que la consejería de Empleo (en manos de Ciudadanos) es responsable directa de esta situación, “pues como empresario principal, si el contratista no responde y hace ya más de tres meses del abandono de estos trabajadores, es la máxima responsable de las penalidades que soportan estos trabajadores, por su incapacidad de maniobra e inmovilismo”.
“Es muy lamentable que las administraciones publicas estén causando tanto sufrimiento a estos trabajadores y que se tomen con una parsimonia situaciones de tan extrema gravedad y funestas consecuencias”, denuncia Antonio Montesinos, representante provincial del SPV.
Y reitera que “recabaremos de la justicia cuando llegue el momento, los intereses legales y las indemnizaciones que correspondan por los muchos perjuicios ocasionados a estos trabajadores y sus familias”. Es más, se avanza que se estudia imputar personalmente “a los políticos titulares de esta dejadez y abandono”.
Además, este sindicato va a proponer en asamblea a estos trabajadores la aprobación de medidas de presión, como paros parciales diarios a las puertas de estas oficinas del SAE, “para informar y manifestar a la ciudadanía el abandono en el que se encuentran varias decenas de familias afectadas por la incompetencia de políticos que sólo se miran el ombligo con el mayor de los descaros e insensibles ante tanto sufrimiento”.
En la provincia gaditana otras administraciones como los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana o varias delegaciones territoriales de la Junta también han sufrido el contratar a esta empresa “pirata”, aunque poco a poco parece que están logrando solventar la situación, con el abono directo de sueldos e iniciando la tramitación para licitar el servicio y buscar a otra empresa de vigilancia.
