“De nada sirven que los casi 700 talleres de la provincia de Cádiz, que atienden a una flota provincial de 600.000 vehículos, de los más de 10.000 talleres existentes en Andalucía, puedan estar operativos con una población confinada que tiene prohibido ir a estas instalaciones”. Es una de las quejas de la Asociación provincial de Talleres de Reparación de Automóviles (ATRA), adscrita a la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca), que se ha sumado a un documento de propuestas y medidas elaborado por GANVAM Andalucía, en relación a la situación de empresas de automoción con motivo del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.
En concreto, estos pequeños y medianos empresarios lamentan estar sufriendo una “situación kafkiana” en sus talleres de reparación, “con autorización para trabajar a puerta cerrada, pero sin clientes y limitados a tareas que garanticen la movilidad mínima de los vehículos”. Esta circunstancia ha afectado enormemente en la dificultad o imposibilidad de acceder “de manera clara y objetiva” al recurso de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor puesto en marcha por el Gobierno central en estos tiempos de pandemia.
ATRA, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, cree que una medida de tanto calado y que afecta a la sostenibilidad de tantas empresas, debería de haber partido de un estudio más en profundidad de cada subsector en combinación con el volumen de población y parque móvil real con movilidad permitida.
“Hubiera sido más lógico –se apunta- haber establecido qué talleres, según actividad, tamaño y localización, debían ser considerados esenciales accediendo a las ventajas propias de esta naturaleza esencial. El resto, cerrados por imperativo legal, pudiendo acceder de manera objetiva y directa a las medidas extraordinarias para actividades clausuradas desde el estado de alarma, así como a la consideración directa de la fuerza mayor por ser establecimientos clausurados legalmente, eliminando los requisitos de justificación subjetiva o de fuerza mayor impropia como ha venido a definirse”.
En este contexto, el sector reclama que se apruebe de manera generalizada la causa de fuerza mayor en los expedientes presentados (venta y reparación), “sin barreras y obstáculos burocráticos”. Y es que, se dice, “el empresario necesita reducir su incertidumbre, mantener empleo para que esta circunstancia excepcional no conlleve el cierre de su empresa, generalmente de pequeño tamaño o gestionada por autónomos”.
Igualmente, se demandan medidas más allá del final del confinamiento: “no es posible pensar que el mismo día de la ‘apertura’ los clientes estarán esperando para comprar vehículos eléctricos ni para realizar en masa revisiones de mantenimiento, o pintar el vehículo. Se trata de acompañar a los empresarios (y sus trabajadores) en la recuperación de la actividad, incorporando poco a poco a los trabajadores que, por ejemplo, hayan estado en ERTE, y continuar durante un periodo con bonificaciones en cuotas de seguridad social, entre otras medidas”.
En definitiva, “se trata de impedir el cierre de empresas y la más que probable proliferación de la economía sumergida (taller y vendedor pirata) en un sector que lleva décadas luchando contra esta lacra”.
