La gestión de las fianzas por arrendamiento de viviendas y para uso distinto del de vivienda se ha incrementado en los últimos cinco años, en la provincia de Cádiz, un 52%, pasando de los 2,3 millones de euros depositados en 2013, a los 3,6 millones que se registraron a finales del ejercicio de 2017, según los datos de la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, competente en esta gestión.
La consejería asumió la gestión de estas fianzas, de la que se encarga la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en aplicación de la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, norma que supuso el traspaso de las funciones en esta materia a este departamento del Gobierno andaluz.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández, ha destacado “el valor de la gestión de estas fianzas por la administración autonómica, ya que aportan seguridad y refuerzan las garantías de arrendatarios e inquilinos”. Pero además, reconoce que las fianzas depositadas “suponen una fuente de recursos públicos importante para avanzar en las políticas de vivienda de la Junta”.
Fernández ha resaltado “los resultados de la gestión que viene realizando la AVRA desde que asumió estas funciones, mejorando dicha gestión, como queda demostrado en el incremento de la cuantía de las fianzas depositadas a finales del pasado ejercicio en la provincia”.
Desde que la consejería asumió tal tarea, se viene planteando como objetivo el incremento, a corto y medio plazo, del volumen de depósitos constituidos. Para ello, se trabaja para hacer cumplir a la ciudadanía la obligación establecida por la ley 8/1997, y con ello “se pretende ir reduciendo la economía sumergida relacionada con estas fianzas”, al tiempo que se generan recursos presupuestarios cuyo destino es mejorar la gestión que lleva a cabo la Junta en sus políticas sociales de vivienda destinadas a apoyar a las familias con menos recursos.
La gestión integral de las fianzas abarca tareas de tramitación del preceptivo depósito en los contratos de arrendamientos y suministros, control y registro de los depósitos y las actuaciones ligadas a la inspección y tramitación de las correspondientes sanciones. Todo ello respecto a los dos tipos de fianzas que existen: las de régimen general para los contratos de alquiler de vivienda o de uso distinto a vivienda, y las de régimen concertado para las empresas que suministran agua, gas y electricidad y para arrendadores cuyas fianzas superen los 30.000 euros.
En la provincia gaditana, los resultados de la gestión de fianzas de régimen general desde 2013 arrojan un notable incremento cifrado en 1,3 millones de euros, pasando de 2,3 millones depositados durante 2013, el año anterior al del traspaso de las competencias desde la consejería de Hacienda a la de Fomento y Vivienda, a los 3,6 millones de euros registrados el pasado año.
En Andalucía, los datos correspondientes al régimen general indican que en 2013 se depositaron 29,6 millones, frente a los 46,8 depositados en 2017, con un incremento de 17,2 millones de euros en la cuantía de dichas fianzas y un crecimiento del 58,4%.
En el régimen concertado, las cifras a nivel regional también han registrado un notable aumento, del 27,6%, pasando de los 10,4 millones depositados en 2013 a 13,4 millones el pasado ejercicio 2017. Cada contrato de suministro (agua, electricidad y gas) implica el depósito de una fianza.
La gestión de esos depósitos en el régimen concertado se ha centrado durante estos cinco años, fundamentalmente, en la informatización de todos los contratos de cada concierto, tarea que no se había realizado con anterioridad a 2014. También se han puesto al día los saldos de las fianzas acumuladas depositadas por los titulares de los conciertos, mediante un trabajo que está ya concluido.
