La consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha remitido ya al Gobierno de España los proyectos a los que va a destinar los 51,7 millones de euros asignados a la comunidad autónoma, en el marco del plan de medidas económicas extraordinarias destinadas a mitigar el impacto del Covid-19, aprobado en el Consejo de Ministros días atrás. Ahora la administración andaluza queda a la espera de que se le transfiera ese dinero (aprobado por la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030) antes de final de mes.
Esta cuantía (fondos destinados para proyectos sociales para proteger a los colectivos más gravemente golpeados por las consecuencias de la pandemia) tendrá como finalidad financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del coronavirus.
Dicha distribución, en Andalucía, supone que se derivarán poco más de 29 millones entre los ayuntamientos y las ocho diputaciones; un total de 22,1 millones se los queda la propia consejería de Políticas Sociales; y 2,5 millones se destinan a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).
En el caso de la provincia de Cádiz, llegarán algo menos de 4,3 millones de estos fondos extraordinarios para los principales ayuntamientos y la Diputación (que del total se le asignan 650.000 euros, que se encarga de los municipios menores). Y en el marco de la Bahía gaditana, la cuantía se eleva a los 2,3 millones: el consistorio de la capital recibirá unos 400.600 euros; Jerez, casi 735.000 euros; San Fernando, 328.000 euros; El Puerto, 305.000 euros; Chiclana, casi 292.000 euros; Puerto Real, unos 143.800 euros; y Rota, algo más de 100.500 euros.
Según se remarca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, estas cantidades se destinarán, según los criterios establecidos en el Fondo Social, para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares que se hayan podido ver suspendidos en los centros de día, compra de Equipos de Protección Individual (EPIs), y refuerzo de los servicios de respiro. Igualmente, se destinarán a reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, a reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales y a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.
LA JUNTA SE QUEDA CON CASI 25 MILLONES
Con respecto al crédito que corresponde a la consejería de Políticas Sociales (22,1 millones), un total de 4,6 millones se destinará para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario y compra de EPIs, con la finalidad de atender las situaciones de emergencia social; el servicio de comida a domicilio a los usuarios “de extrema vulnerabilidad” de Centros de Participación Activa; y para la compra de mascarillas, guantes, etc. para centros de gestión directa.
Además, más de 8,1 millones de euros serán para reforzar las plantillas de centros residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y centros de protección de menores, titularidad de la Junta. También, más de 1,5 millones se prevén destinar a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.
A su vez, cerca de 2,8 millones se reservan para financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, que se resolverán a través de la comisión de emergencia social, así como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado que se deriven de las ocho comisiones provinciales de emergencia social.
Por último, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (que depende de la misma consejería, y para la que se reservan 2,5 millones de estos fondos estatales), destinará una parte para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario; se diseñará una herramienta informática con el objetivo de detectar aquellos ancianos que están sin ningún tipo de soporte social o familiar que permita atender sus necesidades en relación con la recogida de fármacos; se incrementará y reforzará el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria; y se financiarán otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, residentes en comunidades terapéuticas; así como para la cofinanciación del sobrecoste asumido por la ASSDA en la financiación del coste del servicio externalizado de los centros de día.
Con las actuaciones definidas, “se pretende hacer frente a las situaciones de desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia sanitaria actual y que precisan de un abordaje urgente, donde los poderes públicos deben desplegar toda su capacidad, creando dispositivos y recursos necesarios para enfrentarse a la nueva realidad social que se presenta”, se sentencia.
“LOS ALCALDES SE ENTERAN POR LA PRENSA DEL REPARTO DE FONDOS”
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha mostrado su “total indignación” al comprobar que los alcaldes de la provincia “se hayan tenido que enterar por la prensa de cómo la Junta va a gestionar la partida destinada a las entidades locales de los fondos de emergencia social del Gobierno central”.
“Moreno Bonilla tendrá que dar explicaciones oficiales a quien corresponde, por simple lealtad, sobre los criterios utilizados para repartir los 4,3 millones de euros que le pertenecen a Cádiz de los 30 millones que le aportó a la Junta el Gobierno de España”, considera quien es también parlamentaria andaluza. Añade que “no es de recibo, bajo ningún concepto, que se trate así a los alcaldes y alcaldesas gaditanos que están demostrando una lealtad incuestionable en esta crisis, a pesar de no recibir información pormenorizada de sus municipios por parte de la Junta y al sufrir el escaso reparto de material sanitario proveniente por parte del Gobierno autonómico”.
Asimismo, Maese ha puesto de manifiesto que “en estos últimos días, ya hemos podido ver la manera torticera y ridícula con la que el PP ha jugado con información tan sensible como son los resultados de los test del Covid-19 en las residencias de ancianos gaditanas”. Al respecto, avanza que “más de una decena de alcaldes del PSOE ya están elaborando una carta para exigir explicaciones tanto del reparto de fondos de emergencia social, así como de datos del Covid-19 en sus municipios para seguir trabajando, con la diligencia que los han hecho hasta ahora, a pesar de la falta de lealtad e información de la Junta de Andalucía”.
