Más de 37.600 empleados públicos de la Junta en la provincia de Cádiz se “beneficiarán” del acuerdo que fija el calendario de restitución de derechos recortados en estos últimos años de crisis, acordado con CCOO, UGT y CSIF –en la antesala de las elecciones del 26-J-, entre los que destaca recuperación de la jornada de las 35 horas a partir de 2017 y la devolución del 75% pendiente de la paga extra de 2012, poco a poco, hasta entrado 2018. López Gil se ha reunido con los representantes de estos tres sindicatos para analizar el acuerdo. Mientras, otros como Ustea o CGT consideran que el mismo “solo puede interpretarse en términos de demagogia y oportunismo político”.
Un total de 37.605 empleados públicos de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz se “beneficiarán” del acuerdo que fija el calendario de restitución de derechos recortados en estos últimos años de crisis-estafa, acordado por la consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF –curiosamente ahora, en la antesala de las elecciones generales del 26-J-, entre los que destaca recuperación de la jornada de las 35 horas y la devolución del 75% pendiente de la paga extra de 2012. Precisamente, CSIF había reiniciado en las últimas semanas con concentraciones –también ante la delegación de Gobierno en la capital gaditana- sus reivindicaciones al respecto.
El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha mantenido este miércoles una reunión con los representantes en la provincia de las citadas organizaciones -que integran la Mesa General de Negociación Común de la Administración andaluza- para abordar los términos del reciente acuerdo de la Función Pública cuya firma presidió la presidenta Susana Díaz.
López Gil ha agradecido a todos los trabajadores públicos “el talante y el esfuerzo demostrado durante estos años”, y ha subrayado que con este acuerdo “se cumple el compromiso de Díaz de que la recuperación económica, para que sea justa, lleve consigo también la recuperación de derechos suspendidos a los empleados públicos por el decreto de 2012 del Gobierno de Rajoy”.
En virtud de este acuerdo, la administración regional recuperará la jornada laboral de 35 horas y devolverá a los empleados la paga extra completa de 2012, así como el resto de derechos suspendidos, desde este mismo año y a lo largo de la legislatura, o sea, hasta 2018. “Esta recuperación de derechos va a generar más oportunidades para crear empleo, aumentando la oferta pública que va a permitir reforzar los servicios públicos, sobre todo en la sanidad y la educación”, vaticina el socialista López Gil en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
En esta línea, se han pronunciado también los representantes de los sindicatos. Desde CSIF en Cádiz, Eloísa Bernal, ha valorado el “la voluntad de acuerdo de todas las partes” y ha expresado su confianza en que “se van a cumplir todos los aspectos que han quedado recogidos”.
Por su parte, el representante de CCOO, Antonio Romero, ha insistido en que uno de los aspectos más positivos de este acuerdo es que “abre la puerta a la creación de empleo público, con ofertas que se tendrán que convocar, al tiempo que repercutirá en la ciudadanía con mejores servicios”.
Por último, el responsable de UGT, José Porras, se ha felicitado por aspectos como la recuperación de la jornada de 35 horas en el empleo público “ya que será un factor importante para que también se pueda ir implantando en la empresa privada”.
Otros sindicatos no presentes en esta reunión también han valorado el acuerdo en estos días, aunque de forma crítica. Por ejemplo, Ustea considera que devolver a los trabajadores de la Administración pública andaluza “lo que legal y legítimamente” les corresponde, mediante un acuerdo “tan pobre y poco ambicioso”, “solo puede interpretarse en términos de demagogia y oportunismo político”. “Desde luego que las y los empleados públicos andaluces deben ser tratados dignamente y les debe ser devuelto lo sustraído, tanto a nivel económico como social y laboral, y nos alegramos de que así sea. Pero no de esta forma cicatera, en cómodos plazos y siempre en función de ‘las posibilidades reales que permite el necesario equilibrio presupuestario’”, se afea.
Mientras, desde CGT se interpreta que la presidenta andaluza, Susana Díaz, “necesita urgentemente, no un balón de oxígeno electoral, sino un inmenso pulmón de acero, para poder siquiera expirar políticamente en la próxima cita electoral. Y a ninguna de las lumbreras sindicales, que se sientan en tan majestuoso y rimbombante órgano, vacío absolutamente de representación, que se denomina Mesa General de la Función Pública; se le pasa por la mente que esto es ni más ni menos que una siembra de ilusiones electorales para recoger votos donde sea y a costa de prometer y firmar lo que sea”.
HASTA 2018 NO SE TERMINARÁ DE COBRAR TODA LA EXTRA DE 2012
Con este acuerdo firmado a principios de junio, se da cumplimiento al compromiso adquirido en julio de 2015 con el acuerdo para la defensa y mejora del empleo público en la administración andaluza, que preveía el establecimiento de un calendario para la progresiva recuperación de derechos recortados a lo largo de la legislatura.
Todos los colectivos de personal al servicio del sector público andaluz, es decir, tanto los profesionales de la administración general como del ámbito sanitario y educativo, recuperarán la jornada laboral de 35 horas semanales a partir del año que viene, 2017.
Y una vez abonados en febrero los primeros 44 días correspondientes a la paga extra de diciembre de 2012, el acuerdo ahora suscrito recoge la recuperación este mismo año de otros 48 días que serán percibidos en la nómina de septiembre, mientras que las cantidades restantes hasta completar su total devolución serán efectivas en las nóminas de febrero de 2017 (46 días) y 2018 (45 días). Sin prisas.
También desde este mismo año, se recuperan los días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados, de modo que a partir de los 15 años de antigüedad serán 23 días hábiles de vacaciones anuales, que se incrementarán en un día más a los 20, 25 y 30 años de trabajo, respectivamente. En 2016, el personal con derecho a estos días podrá disfrutar de dos días adicionales como máximo y, en 2017, se ampliarán hasta cuatro días.
NÓMINA COMPLETA, ENTRE 2018 Y 2019
El acuerdo también prevé la restitución de la totalidad de las retribuciones económicas de los empleados públicos. A partir de 2018 se iniciará la recuperación del 10% de las retribuciones variables de la nómina asociadas a la consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, atención continuada o de carrera profesional, entre otros. La restitución se realizará en dos tramos, a razón de un 5% en el ejercicio de 2018 y el otro 5% en 2019, en que la nómina quedará completada en todas las retribuciones.
Finalmente, completando el calendario de restablecimiento de derechos, los empleados públicos de la Junta también recuperarán en 2019 las ayudas de acción social que quedaron suspendidas en 2012.
Tras la firma del acuerdo de julio de 2015, la Junta ha mantenido su voluntad de avanzar en la negociación para la restitución de los derechos de los empleados públicos. Así, desde los meses de junio y diciembre pasados, todos los empleados públicos perciben la totalidad de sus pagas extraordinarias y desde el 1 de enero de este año sus retribuciones han crecido un uno por ciento, el máximo permitido por la legislación estatal. Por su parte, desde enero se ha recuperado el cien por cien de la jornada de trabajo y las retribuciones de todo el personal con relación no permanente.
Además del calendario fijado, el acuerdo suscrito renueva el compromiso de mantener la negociación para continuar avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Junta. En este sentido, contempla la revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del cien por cien del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones en los días de ausencia que provoquen.
(puedes comentar esta información más abajo)
