CSIF rechaza públicamente el convenio de colaboración público-privada establecido por la Junta de Andalucía, con gobierno de derechas condicionado por el chantaje de la ultraderecha, con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) “funcionan con menos de un tercio de su plantilla”.
En concreto, las oficinas de empleo de la provincia gaditana deberían contar con 377 trabajadores (según su RPT), mientras que actualmente sólo hay 115 empleados en activo, por lo que la cobertura está en el 30,5%.
Esta cifra, subraya este sindicato, “es aún más lamentable”, teniendo en cuenta la elevada tasa de desempleo que padece Cádiz (con más de más de 175.400 demandantes de empleo en mayo), por lo que el volumen de trabajo “es mucho mayor que en otras provincias”. En Córdoba, por ejemplo, hay 114 trabajadores en las oficinas del paro, para 100.000 desempleados menos.
Al respecto, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el responsable provincial de Administración de la Junta de CSIF Cádiz, Manuel Méndez, lamenta la “notoria carencia de personal” de dichas oficinas como consecuencia de una “falta de cobertura de las plazas reconocidas en sus RPT”.
“No se entiende que, existiendo un cuerpo específico -el A1 2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo- que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Administración recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por 3 millones de euros”, insiste en quejarse Méndez.
Esta privatización pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público”, así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía andaluza post pandemia del Covid-19”, a juicio de CSIF.
El tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se pregunta el sindicato, que cuestiona que estos procesos se desarrollen con todas las garantías desde empresas privadas.
De este modo, para CSIF urge que Función Pública autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE, “de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo”.
