La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha participado esta semana en Castellón en la comisión de Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Según ha expuesto la propia presidenta socialista, todas estas corporaciones reclaman al Gobierno de España una serie de medidas que, en resumen, buscan resolver un problema común: volver a ser consideradas como “parte imprescindible del Estado” y no quedar relegadas en asuntos capitales como la capacidad de decidir el destino de inversiones -en asuntos de su competencia-, participar en el diseño de la financiación de las instituciones públicas, fortalecer el presupuesto de los planes provinciales de obras y servicios, así como ser incorporadas en la planificación de los fondos estructurales e inversiones europeas.
Las reivindicaciones de las diputaciones se expresan en dos documentos recientemente adoptados: la declaración aprobada en la tercera Conferencia de Diputaciones celebrada en Segovia, así como un informe plasmado por la Fundación Democracia y Gobierno Local. García ha cifrado en más de 7.000 millones de euros el superávit acumulado de las diputaciones españolas.
Un resultado que a su juicio acredita que estas cuestionadas administraciones –algún partido prometió en las últimas elecciones su supresión- “han cumplido, con rigor, la legislación sobre contención del gasto y que han gestionado con eficacia y suficiencia los recursos públicos”.
Ahora, en otro contexto más propicio, “reclamamos al Gobierno de España poder reinvertirlo en la ciudadanía –con actuaciones generadoras de empleo- y en nuevos servicios públicos”. Para Irene García se trata además de una cuestión que puede resolverse mediante una decisión política del Ejecutivo central, que no debe estar vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Otra de las conclusiones adoptadas en el seno de la FEMP se refiere a los planes provinciales de obras y servicios, que es uno de los principales instrumentos de obra pública gestionado por las diputaciones provinciales. En concreto, se reclama al Gobierno de Rajoy que recupere las aportaciones que –antes de la crisis-estafa- destinaba a dicho plan. En los últimos años esta inversión se sostiene con fondos propios de las diputaciones completados con asignaciones de los ayuntamientos.
Las diputaciones también reivindican una incorporación plena y efectiva en el debate de la financiación pública, entendiendo que “somos Estado y no podemos quedar relegadas”. Al respecto, la representante gaditana reclama mejoras en la financiación de las entidades locales y el mismo respeto que se les dispensa a las comunidades autónomas.
EL MANEJO DE FONDOS EUROPEOS
La presidenta de la Diputación de Cádiz ha explicado un acuerdo adicional alcanzado en la reunión de Castellón y referido a la planificación de los fondos estructurales y de inversiones europeas. Las diputaciones reclaman su incorporación en el diseño de estos recursos económicos. Irene García ha recordado que el Gobierno, en el actual marco 2014-2020, decidió prescindir de los municipios rurales y de menor población así como de las diputaciones a la hora de determinar el destino de esta financiación europea. Esta decisión incide negativamente en instituciones como la Diputación de Cádiz que, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnologico (IEDT), “ha liderado la gestión de fondos Feder en Andalucía y en España”.
La pretensión de las diputaciones españolas es volver a ser reconocidas en la planificación del nuevo marco comunitario, con vigencia en el periodo 2021-2028. Las entidades provinciales han acordado unificarse en torno a esta demanda que se trasladará a organismos europeos “para que conozcan la realidad de los pequeños municipios”.
Esta Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP ha contado con la asistencia de 21 de sus miembros, y se ha celebrado en Castellón por invitación de su presidente, Javier Moliner, del PP. Todos ellos han dado su aprobación además una declaración institucional propuesta por la Diputación de Pontevedra, en relación con los incendios forestales que han asolado importantes territorios de Galicia, Asturias y Castilla y León en las últimas semanas.
