Seis de las ocho diputaciones andaluzas, o sea, las gobernadas desde mayo por el PSOE, han confirmado en Cádiz su voluntad de coordinarse en la búsqueda de soluciones frente a los problemas sociales que aquejan a las provincias que representan. Por un lado, reclaman al Gobierno central medidas específicas frente al desempleo en la región; y por otro, vuelven a defender su papel en la gestión de fondos europeos dedicados a los municipios con menos de 20.000 habitantes.
Seis de las ocho diputaciones andaluzas, o sea, las gobernadas desde mayo por el PSOE (las de Cádiz, Sevilla, Huelva, Granada, Jaén y Córdoba; las de Málaga y Almería siguen en manos de la derecha) han confirmado su voluntad de coordinarse en la búsqueda de soluciones frente a los problemas sociales que aquejan a las provincias que representan.
En el encuentro mantenido este lunes día 5 en la Diputación gaditana, tras la reunión fundacional celebrada en julio en Jaén, han analizado los últimos datos de desempleo, “que justifican la adopción de iniciativas conjuntas”.
El paro, tras el final del verano y como es habitual, creció de agosto a septiembre en la comunidad andaluza: la región sumó 13.857 nuevos demandantes de empleo, más de la mitad del dato estatal cifrado en 26.087 personas. “Necesitamos cuanto antes que haya una mirada sensible hacia Andalucía por parte del Gobierno de España”, ha indicado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, tras destacar que los programas promovidos por la Junta de Andalucía o los activados por las propias diputaciones “no son suficientes”. En la provincia de Cádiz el desempleo registrado creció en 7.559 personas (lo que supone un 29% del incremento estatal).
Junto a García han comparecido los presidentes de Sevilla, Fernando Rodríguez-Villalobos; Córdoba, Antonio Ruiz; Jaén, Francisco Reyes; Granada, José Entrena y Huelva, Ignacio Caraballo. En la reunión, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha incidido en las especiales dificultades de los trabajadores del sector agrario, a tenor de la merma de peonadas ocasionada por las adversidades meteorológicas. Esa reducción de jornales dificulta la obtención de las cotizaciones necesarias para acceder a una posterior prestación. Irene García ha plateado tres alternativas para que los trabajadores eventuales del régimen agrario no quedan sin cobertura económica: establecer una nueva reducción en el mínimo de peonadas, promover planes extraordinarios similares al Programa para el Fomento del Empleo Agrario (Profea, el antiguo PER), o bien permitir que programas liderados por otras entidades –bien sea la Junta o las propias diputaciones- generen jornales que se puedan validar para una posterior prestación contributiva.
García ha indicado que estas propuestas podrán prosperar “si existe voluntad” por parte del Gobierno de España. La misma voluntad que se reclama en la gestión de los fondos europeos ante el marco comunitario 2014-2020. Las diputaciones de Cádiz, Sevilla, Huelva, Granada, Jaén y Córdoba insisten en su solvencia en la administración de estos incentivos, como garantía de que se puedan financiar inversiones, obras y servicios en los municipios con menos de 20.000 habitantes.
Esta defensa conjunta está motivada “por un principio de igualdad de oportunidades, porque no podemos permitir que los pequeños municipios queden fuera de estos fondos” y se establezca de facto una brecha con respecto a las grandes núcleos de población. Irene García ha recordado que en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) se ha acordado la vigencia de las diputaciones como entidades responsables para la gestión de fondos europeos.
El pasado 15 de julio el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, junto a representantes de otras diputaciones y europarlamentarios, se entrevistó en Bruselas con la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, quien confirmó que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prioriza a los municipios de más de 20.000 habitantes y las áreas metropolitanas como perceptores de los fondos FEDER en el nuevo marco comunitario 2014-2020, en detrimento de los municipios pequeños que son los destinatarios básicos de la acción de las diputaciones.
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