Más de 750 familias de la provincia de Cádiz han solicitado ya las ayudas extraordinarias al alquiler de vivienda habitual convocadas por la Junta de Andalucía (que maneja principalmente fondos estatales) para minimizar los efectos socio-económicos de la pandemia del coronavirus en hogares con escasos recursos.
Esta convocatoria de subvenciones de la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio continúa abierta hasta el 30 de septiembre; se podrán solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses. “Todavía hay margen de tiempo y dinero disponible”, se subraya desde la Junta en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
De este modo, hasta el 31 de agosto se han presentado en la provincia gaditana 767 solicitudes de ayudas, de las que un 54% se han cursado de manera telemática, mientras que el resto se ha presentado de manera presencial en registro y con cita previa.
A la provincia se destinan en principio algo más de 5,6 millones de euros (4,1 millones durante 2020 y 1,5 millones en 2021) y se estima que se podrán ver beneficiadas alrededor de 1.500 solicitantes (cifra que dependerá del precio de los alquileres). Las solicitudes se resolverán, en régimen de concurrencia no competitiva, conforme vayan llegando hasta donde alcance el crédito disponible y será necesario tener dada de alta una cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda.
Quienes quieran aspirar a esta ayuda deben cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en paro, estar afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.
La Junta, con gobierno de derechas, trabajó en las bases reguladoras y en las propias órdenes de la convocatoria, lanzada en julio, desde que el Gobierno de España, de PSOE y Unidas Podemos, anunció estas ayudas.
El desarrollo y gestión es competencia de las comunidades autónomas. Se trata de un programa que se nutre de fondos del Estado, a los que la Junta ha sumado una aportación extra. En concreto, cuenta con un montante de 30 millones de euros para toda Andalucía, “después de que la administración autonómica haya incorporado una partida adicional de 13 millones a los fondos insuficientes del Gobierno central (más de 17 millones), cuya dotación no respondía a la demanda y las necesidades reales de la población andaluza”. Se prevé beneficiar a unas 8.500 familias.
