La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía de la Junta ha beneficiado durante el complicado año 2020 a 10.732 personas vulnerables en la provincia gaditana (cerca de 80.000 en toda la comunidad autónoma), lo que supone 3.405 gaditanos más que el año anterior (un incremento del 46,5%).
De este modo, la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha tramitado el pasado ejercicio 7.341 expedientes entre solicitudes iniciales y de ampliación. De ellos, 4.907 han sido concesiones de prestaciones, lo que supone un incremento del 84,7%. Todo ello, en unas circunstancias excepcionales por la pandemia de Covid-19, agravadas por la nula digitalización de expedientes y una gestión muy condicionada por los requerimientos de documentación en papel a las personas solicitantes por las limitaciones de acceso a información de manera telemática.
La Renta Mínima andaluza, según asevera la Junta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha supuesto una fuente de ingresos indispensable para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión en un año marcado inevitablemente por la pandemia.
A la modificación del Decreto-Ley, el refuerzo en la gestión y el plan de choque previsto por la consejería previamente al inicio de la crisis social y sanitaria, surgió la necesidad de promover medidas para poder agilizar el acceso a la prestación a las familias más necesitadas.
Así, el Decreto-Ley 6/2020 de 30 marzo recogió medidas extraordinarias para la concesión provisional de prestaciones con el objetivo de hacer llegar esta ayuda al mayor número de familias posible, descargando la gestión de los expedientes para aumentar la capacidad de resolución mediante solicitudes de urgencia y emergencia social y solicitudes de ampliación y expedientes de alta que llegaran a fin de prestación durante el estado de alarma.
Posteriormente, el Decreto-Ley 10/2020 estableció la concesión de una prestación extraordinaria de cinco meses de duración para las solicitudes de una nueva modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a cargo o unipersonales. Así como el incremento hasta los 12 meses de la duración de la ampliación o la simplificación de los consentimientos en la solicitud.
