La educación, la lucha contra la violencia de género o los efectos de la sequía son algunos de los temas sobre la mesa en este pleno de septiembre, dominado por las reclamaciones en mejoras en infraestructuras y el transporte público. Ganan las mociones que miran a la Junta a las que exigen al Gobierno central.
Más allá del debate sobre Valcárcel y la exigencia de un compromiso claro (con partidas reflejadas en el presupuesto) al Gobierno andaluz al proyecto, el pleno de septiembre de la Diputación de Cádiz de este mes de septiembre ha estado marcado por las reclamaciones a la misma Junta para la mejora de infraestructuras y servicios en el conjunto del territorio gaditano.
Destaca la moción defendida por IU, y aprobada por unanimidad, instando a la consejería de Fomento, a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, al Ministerio de Transporte y al Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz a velar por el cumplimiento estricto de los pliegos y acuerdos con la concesionaria de los catamaranes (que enlazan la capital con El Puerto y Rota) en materia de horarios, frecuencia, mantenimiento de las embarcaciones, y las condiciones laborales y económicas de la tripulación y personal de las terminales. Del mismo modo, se reclama una renovación de la flota (en los últimos tiempos ha habido jornadas sin barcos por averías) y que este servicio marítimo pueda acogerse a las bonificaciones temporales del 30% planteadas por el Gobierno central a los usuarios recurrentes del transporte público.
En la misma propuesta se solicita el impulso y la materialización del proyecto de conexión marítima entre las provincias de Cádiz y Huelva, con escalas en Sanlúcar y Matalascañas. La diputada provincial izquierdista, Carmen Álvarez, ha recordado que ésta es la tercera vez que se logra la unanimidad de todos los grupos políticos en torno la petición de conexión por mar entre las provincias vecinas, puesto que en 2016 ya fue aprobada una moción en este sentido en el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar, así como en el Parlamento andaluz, donde el mismo año quedó ratificada una proposición no de ley.
IU demanda a la Junta que “deje de echar balones fuera y cumpla esta deuda pendiente con las dos provincias”. Para Álvarez, este proyecto de unión marítima entre Cádiz y Huelva, “además de cumplir criterios de sostenibilidad ambiental, teniendo a Doñana cerca, crearía empleo y fortalecería el turismo y la economía” en ambas partes.
MOCIONES SOCIALISTAS
Por otro lado, según se traslada a DIARIO Bahía de Cádiz, salieron también adelante las proposiciones presentadas por el PSOE. La primera de ellas defiende una reivindicación histórica de la comarca del Campo de Gibraltar: la mejora de la carretera A-405 entre el punto kilométrico 41 (La Almoraima) y el punto kilométrico 12 (El Corchado). Logró el apoyo unánime para solicitar a la administración autonómica que incluya la actuación en sus presupuestos.
Otra de las mociones de los socialistas insta, igualmente a la Junta, a aumentar la aportación económica que realiza para la compra de materiales en las obras del Profea (el antiguo PER), programa que costea principalmente el Estado, con aportaciones de la Diputación y de la Junta. Se le solicita un aumento del 45% al 60%, de modo que se pueda paliar la subida de precios derivada de la falta de suministros y la creciente inflación y así se evite la paralización de cualquier actuación. Esta responsabilidad ya está siendo asumida en solitario por la institución provincial.
Y también ha votado a favor toda la Corporación otra propuesta del PSOE enmarcada en la próxima celebración, el 25 de noviembre, del Día Contra la Violencia de Género. Se acuerda instar a la Junta de Andalucía a complementar económicamente la dotación dentro del pacto de Estado contra la violencia machista, acompañando con suficiente financiación la transferencia realizada a los municipios gaditanos (por encima de los 827.000 euros) para reforzar sus medidas contra esta lacra social.
OTRAS MOCIONES DE LA OPOSICIÓN
De nuevo en materia de infraestructuras, el nuevo portavoz del PP, Juan José Ortiz, tras la marcha de José Loaiza (recolocado por la Junta en Sevilla) recabó el apoyo necesario para una propuesta encaminada a exigir al Gobierno de España que se aceleren las actuaciones necesarias para completar la duplicación del trazado de la carretera N-IV para desbloquear el tramo entre Los Palacios y Villafranca, en la provincia sevillana, y Jerez.
Esta derecha también defendió la necesidad de que el Gobierno central incremente de manera progresiva en sus presupuestos los fondos destinados a los programas educativos de movilidad internacional, con especial atención al programa Erasmus+, que permitan una mayor accesibilidad a los mismos por parte del estudiantado, especialmente los que provienen de entornos desfavorecidos. A esta propuesta se unió una enmienda del PSOE con la que se decide incluir una reclamación similar a la Junta.
Otro asunto que ocupó tiempo en el debate de este pleno mensual fue el de la sequía y las medidas necesarias para paliar sus efectos. En ese sentido, Adelante Cádiz obtuvo apoyo para su propuesta de que la Junta asuma los compromisos adquiridos con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana sobre la mejora de la red de distribución en alta, y que identifique zonas vulnerables de la red en la Bahía de Cádiz en las que sea preciso actuar. De igual manera, se le insta a que implemente políticas de consumo eficiente del agua.
Adelante también presentaba una moción para reclamar tanto a la administración andaluza como central a elaborar un plan que dé más seguridad a los trabajadores del sector marítimo, minimizando los riesgos y atendiendo a la mejora de las condiciones laborales de las tripulaciones, que incluya un protocolo de actuación coordinado, claro y eficaz atendiendo principalmente a criterios medioambientales y sociales. Además, en el contexto de los recientes y graves vertidos contaminantes, por la fuga de combustible del buque OS 35 en aguas del Estrecho, se solicita proteger de forma más eficaz una zona de especial valor ecológico, como es el Campo de Gibraltar.
Por su parte, a instancias de IU, se ha dado luz verde (pese a la abstención del PP) a una moción con la que instará a la Junta a implementar un servicio de prevención y extinción de incendios forestales de titularidad y gestión pública operativo todo el año, bien dimensionado, centrado en la prevención, pero que pueda dar respuesta rápida a las situaciones de emergencia que se puedan producir. La propuesta pide que se contemple también el reconocimiento de la categoría de bombero forestal “y el respeto de condiciones dignas para los trabajadores de todo el operativo”.
Y finalmente, Ciudadanos centró sus dos propuestas en materia educativa. La primera, respaldada por unanimidad, pide al Gobierno de España a que, en colaboración con las comunidades autónomas, elabore un plan nacional contra el acoso escolar. Y la segunda, también aprobada, propone que la propia Diputación estudie incluir en sus cuentas para 2023 partidas destinadas a sufragar los gastos escolares para las familias más vulnerables.
