CCOO ha puesto en marcha a nivel estatal una Iniciativa Legislativa Popular contra la “privatización” del Registro Civil. Esta medida, que “supondrá un nuevo paso en el desmantelamiento de lo público” es otra imposición del Gobierno central de Rajoy. “No se puede hacer caja de lo público perjudicando a la ciudadanía”, entienden desde el sindicato en la provincia. El PP gaditano replica que se trata de “desjudicializar” el Registro Civil “ante los niveles de saturación y la insatisfacción” de los usuarios; y niega su privatización.
CCOO ha puesto en marcha a nivel estatal, a través de su Federación de Servicios a la Ciudadanía, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la “privatización” del Registro Civil a partir del 15 de julio de este año. Esta medida, que “supondrá un nuevo paso en el desmantelamiento de lo público” es otra imposición del Gobierno central de Rajoy y cuenta con el rechazo de sindicatos, partidos políticos de la oposición, organizaciones sociales y ciudadanos.
El sindicato en Cádiz se ha sumado a esta campaña y ha conseguido ya recoger unas 3.000 firmas en contra de esta medida. La secretaria general de CCOO en la provincia, Lola Rodríguez, enmarca esta medida dentro del “afán privatizador del PP, que pondrá en peligro 5.000 empleos ligados a la actividad del Registro Civil en todo el país, un servicio que dejará de ser gratuito, público y cercano a la ciudadanía”. “No se puede hacer caja de lo público perjudicando a la ciudadanía”, ha precisado.
El delegado sindical de Justicia de CCOO en el Campo de Gibraltar, José Luis Sánchez, por su lado, ha explicado el proceso legal por el que la actividad recaerá en registros mercantiles y notarios, “es decir, en empresas privadas cuyos trabajadores no son funcionarios”. Y el delegado responsable de Cádiz, Javier Fernández, ha incidido en este aspecto: la medida dejará los datos personales y sensibles de la ciudadanía en manos de los empleados de pymes, una “aberración” que ya ha sido denunciada ante la Unión Europea y que “es incoherente con los argumentos que el mismo PP esgrimió para rechazar la reordenación del sector público en Andalucía”.
En la provincia gaditana, según señalan desde comisiones en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se verán afectados por la privatización entre 50 y 100 funcionarios, que serán trasladados, e interinos que perderán su puesto de trabajo en los 14 registros civiles y 14 Juzgados de Paz. Y se aprovecha para denunciar el actual funcionamiento de registros como el de Chiclana, “actualmente saturado”. Para CCOO, este mal funcionamiento “responde a una estrategia preconcebida del Gobierno para justificar su privatización”.
Los registros civiles que ahora serán privatizados son los encargados de llevar a cabo certificaciones obligatorias para todos como la partida de nacimiento o defunción, la del DNI, la de matrimonio, fe de vida, etc. CCOO ve esta medida de la derecha como “ideológica” ya que “se trata de sacar beneficio de lo público haciendo que la ciudadanía tenga que repagar a través de aranceles unos servicios que ya asumen con sus impuestos”.
Este sindicato asegura que va a intentar revertir esta medida mediante la puesta en marcha de esta ILP -necesita 500.000 firmas- además de movilizaciones. En Cádiz, habrá una concentración el jueves día 16, a las 12 horas, ante el Registro de la capital gaditana (estadio Carranza).
EL PP GADITANO DEFIENDE SU IMPOSICIÓN
El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, en respuesta a CCOO, defiende que el nuevo Registro Civil será “electrónico, público y gratuito” y niega que ello suponga la pérdida de empleo público. Este jerezano ha querido aclarar algunos términos de la reforma “ante las manifestaciones contaminadas y malas interpretaciones” de la misma que “sólo hacen confundir a la opinión pública”.
Saldaña afirma que el proyecto del Ministerio de Justicia “consiste en desjudicializar el Registro Civil ante los niveles de saturación del mismo y la insatisfacción de los usuarios”. El planteamiento es “encomendar su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles”, lo que permitirá desarrollar una “plataforma electrónica que pondrá en marcha el Colegio de Registradores, lo que favorecerá la tramitación electrónica de muchas gestiones cotidianas”.
En este sentido, la derecha gaditana defiende que lo que llama la “desjudicialización” del Registro “no supondrá ninguna privatización del servicio público”, ya que “su gestión se encomendará a los registradores, que también son funcionarios públicos”.
Asimismo, incide en que “se mantendrá, en todo caso, la gratuidad para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales”, insistiendo en que “todos los trámites del Registro Civil que hasta ahora eran gratuitos para el ciudadano, lo van a seguir siendo”. “El nuevo Registro Civil será electrónico, público y gratuito”, reitera.
Del mismo modo, el número dos del PP provincial agrega que “el cambio de gestión del Registro Civil no conllevará ninguna reducción de empleo público”. En este sentido, argumenta que “los jueces, secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional”, lo que supondrá un “refuerzo y mayor agilidad” de la Administración de Justicia.
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