La Junta de Andalucía organizaba este miércoles en Cádiz una jornada formativa sobre la puesta en marcha del decreto-Ley que establece en la comunidad autónoma la Renta Mínima de Inserción Social, que en la provincia gaditana prevé beneficiar cada año a más de 11.500 personas de 4.268 unidades familiares.
El delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha participado, junto con la secretaria general de Servicios Sociales de la consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Purificación Gálvez, en la apertura de este acto, acompañado por los delegados territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, e Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera.
A la jornada han asistido más de medio centenar de profesionales de equipos técnicos de los servicios sociales comunitarios y de las diferentes delegaciones territoriales de la Junta.
Belizón ha destacado que esta nueva Renta Mínima de Inserción Social “es un paso más de la Junta para avanzar en la atención a las personas más vulnerables”; no obstante, ha recordado, junto a Gema Pérez, que “la mejor arma para luchar contra la pobreza a corto, medio y largo plazo es el empleo porque, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, la renta mínima es una garantía de ingresos que se complementa siempre con un plan de inclusión, de un acompañamiento para la inserción laboral y social con el objetivo de que las personas y unidades familiares beneficiarias puedan salir de la situación en la que se encuentran”.
En este sentido, la secretaria general de Servicios Sociales ha subrayado que, además de la ayuda económica y de acuerdo con el decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar. “Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres”, ha remarcado Gálvez.
En este sentido, ha explicado que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses. “Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario”, ha indicado.
Asimismo, en esta jornada se ha señalado que se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza: “es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central”.
En esa misma idea ha incidido la delegada de Empleo, al afirmar que el Gobierno de Rajoy “no sólo ha aprobado esa reforma laboral que está teniendo un tremendo impacto negativo sobre nuestro mercado, sino que también sigue negando, sistemáticamente, un plan especial de empleo a Andalucía que nos corresponde por justicia y que sí le ha concedido, en cambio, a otras comunidades autónomas”.
Desde la Junta se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS). Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales.
Al respecto, este nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el SAE.
El decreto ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las asociaciones de consumidores Facua y UCA, y otras entidades como Cepes y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Esta nueva renta entró en vigor el 1 de enero y contará con un presupuesto para este año de 198 millones de euros. Según las previsiones de la Junta, para el periodo 2018-2021 se destinarán 819 millones para las prestaciones de las que se beneficiarán cada año más de 45.000 unidades familiares de toda Andalucía (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).
