Diferentes ayuntamientos gaditanos y la propia Diputación han mostrado su contrariedad ante la “indefinición” por parte de la Junta de Andalucía en torno al suministro de equipos de protección individual (EPI), en estos tiempos de crisis sanitaria del coronavirus, toda vez que dicha administración, con gobierno de derechas, ha trasladado unas instrucciones a las corporaciones locales “sobre gestión y comunicación a los vecinos ante la actual situación de pandemia”, en las que “se provoca una evidente confusión a las instituciones directamente en contacto con la ciudadanía”.
Ese documento recoge textualmente que “actualmente la Junta es competente, como autoridad sanitaria en nuestra comunidad, del suministro de material de protección a la propia administración autonómica y a aquellas entidades o instituciones cuyas circunstancias presenten una situación manifiesta de especial incidencia de contagio del Covid-19”. Sin embargo, en el párrafo siguiente asegura que “cada ayuntamiento es competente para hacer las gestiones oportunas para adquirir el material solicitado toda vez que el Gobierno central ha autorizado la libre compra en el mercado y los precios se mantienen moderados”.
Entre los ayuntamientos que han levantado la voz está el de la capital gaditana: su equipo de Gobierno de Adelante Cádiz lamenta “la incompetencia manifiesta y reconocida” de la Junta, por derivar a las entidades locales la responsabilidad de adquirir equipos y material de protección, “cuando se trata de una obligación del Gobierno andaluz”.
“Deja vendidos a los ayuntamientos, que somos las administraciones más golpeadas por esta crisis y más infrafinanciadas”, insiste el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’. Al hilo, critica la “estulticia” de esta administración gobernada por PP y Cs, y el aliento de la ultraderecha, y que “sólo piense en el ahorro para luego venderlo en autobombo, y en despejar responsabilidades y competencias suyas para que sean otros los que afronten el coste de esta crisis”.
“Se trata de una nueva ofensa de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, que son el eslabón más débil en cuanto a financiación y a los que sin embargo carga con más gastos para adquirir un material sanitario muy sensible y en un mercado muy agresivo”, se reitera desde el Consistorio gaditano.
Y concreta que “está dejando vendidos a los policías locales, a los servicios sociales, a los servicios de limpieza y a todos aquellos trabajadores que están cumpliendo con su responsabilidad para hacer frente a esta situación tan delicada”. Frente a eso, “la Junta se quita de en medio y quiere esconderse una vez más”.
En este sentido, el equipo de Gobierno gaditano anima a la Junta a que “se sume al esfuerzo denodado de los ayuntamientos y haga algo por frenar los efectos que la crisis por esta pandemia está teniendo en la sociedad”, y la invita a “ser un escudo” y no “un multiplicador de problemas, que es lo que está demostrando ser el Gobierno andaluz”.
A colación, añade es “una frivolidad” hablar de buenos datos económicos (el Gobierno autonómico asegura que liquidó su presupuesto de 2019 con 32 millones de euros de superávit) “mientras gran parte de la sociedad gaditana está atravesando una situación de emergencia real desencadenada por la pandemia”.
“No tiene sentido presumir de esas cifras en este contexto, y menos aún cuando se han logrado sobre los recortes a la sanidad pública, continuando en la senda de precarización que ya inició el PSOE de Susana Díaz, y a la que han dejado en los huesos para afrontar esta crisis sanitaria”, sostiene el Gobierno local, que suma que ese superávit también se ha cimentado “en recortes a la escuela pública, en no asumir compromisos para la ciudad como la rehabilitación de Valcárcel o en la venta de la parcela de Tiempo Libre, de lo que Cádiz aún no ha visto ni un duro porque prefieren destinarlo a quitar impuestos a los que más tienen, en vez de ayudar a quienes más lo necesitan”.
LA DIPUTACIÓN SE SUMA A LA “INQUIETUD” DE LOS MUNICIPIOS
Del mismo modo, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, se ha sumado a la “inquietud” de los municipios de la provincia ante las noticias que llegan desde la Junta. La socialista afirma que “sume en la incertidumbre, en la inseguridad y de forma creciente en la desesperación más absoluta a las alcaldesas y a los alcaldes que no saben a qué atenerse ni a qué recursos echar mano para atender a una necesidad tan urgente como evidente”.
García ha incidido en que el suministro de equipos higiénico-sanitarios que está llegando a los ayuntamientos es “claramente precaria”, y ha reclamado que la Junta, “como autoridad competente en esta materia, asegure la suficiente dotación de esas unidades”.
“Si la Junta se ve con dificultades o sin capacidad económica para acceder a los mercados y adquirir estos equipos, mucho más difícil será hacerlo para los municipios, especialmente para los más pequeños, por más que la idea genial del Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno sea plantear que los ayuntamientos se agrupen como si fueran una especie de central de compras o que lo articulen a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), entre cuyos fines no se encuentra dicha actividad”, recalca la presidenta de la institución provincial.
“Estamos profundamente preocupados por el hecho de que la única reacción que tengan las autoridades autonómicas es delegar la compra de materiales a los ayuntamientos a estas alturas de la crisis y en plena pandemia, cuando se multiplican los casos de contagio. Entendemos que hay que actuar de manera urgente para garantizar la salud y la seguridad de todos los trabajadores y no lavarse las manos”, han apuntado por su lado desde IU en la Diputación en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
MESTRE HACE RECUENTO DE LAS MASCARILLAS…
Y entre tanto, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, recopilaba el viernes el material de protección que, desde que se inició la crisis sanitaria, ha distribuido su administración en la provincia: “hay que destacar la entrega de 14.470 mascarillas destinadas a los trabajadores de ayuda a domicilio, de las que 4.250 se han entregado a la Diputación, que supera las 9.500 unidades recibidas por el Gobierno andaluz, en apenas diez días, tras la entrega de otra partida de 5.300 unidades, por parte de la consejería de Políticas Sociales el pasado 21 de marzo”.
Igualmente, ha recordado que “durante la última semana, la consejería de Salud, coordinado por la delegación territorial, ha entregado a centros residenciales de Cádiz un total de 35.870 mascarillas y 11.700 guantes destinados a la protección del personal que trabaja en ellas con el objetivo de que estén preparados para afrontar los posibles casos de coronavirus. A ellos se suman también 300 batas”. Y la semana anterior, se hizo otro reparto de 75.000 mascarillas “para nuestros sanitarios”.
Además, se cuenta con una nueva partida de 6.000 guantes, 10.910 mascarillas y material desinfectante para distribuir entre los funcionarios y personal laboral de la propia administración andaluza en la provincia (priorizando en aquellos que prestan servicio al público).
Mestre, que también es presidenta provincial del PP, asegura que el Gobierno andaluz “va a seguir comprando material sanitario después de activar 100 millones de euros del plan de contingencia, adelantándonos a cualquier escenario posible para no tener carencias”, y desea que “la misma diligencia que está teniendo Moreno Bonilla a la hora de suministrar material sanitario, la tenga el Gobierno de España y se envíen a Andalucía los test rápidos, “para poder ser más efectivos, sobre todo con el personal sanitario en contacto diario con personas afectadas por coronavirus”.
