El consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, presentaba hace unos días la puesta en marcha de la Oficina de Memoria Democrática de la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, en paralelo a dependencias similares en el resto de provincias de la región. Esta iniciativa cumple con un compromiso de la presidenta Susana Díaz, y “supone seguir fortaleciendo nuestra posición de vanguardia en el desarrollo de políticas públicas de memoria en España”.
Estas Oficinas de Memoria Democrática están dotadas de personal -funcionarios públicos- que ha sido formado por la Dirección General de Memoria Democrática, en materia normativa y jurídica, administrativa y de relaciones con los agentes implicados en estos procesos, como familiares, colectivos memorialistas, medios de comunicación, otras administraciones o universidades. Por lo tanto, a partir de este momento, “cualquier familiar, asociación, ayuntamientos, etc., que precise información, que necesite aportar datos, o cualquier otra circunstancia, lo podrá hacer a través de estas oficinas”.
En opinión del también vicepresidente de la Junta, es una medida que supone un avance en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, “al que se sumarán otros”. En este sentido, ha situado la creación del Consejo de la Memoria Democrática, que “nacerá como un órgano de carácter consultivo y de participación cuyas funciones serán la de informar y evaluar los proyectos y planes en la materia”.
El responsable de esta Oficina en Cádiz es Jesús Manuel López Ramírez, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, y empleado público de la Junta. Se destaca de él que es una persona “muy vinculada al movimiento memoralista andaluz, y gaditano en particular, desde hace años”. Además, se remarca que fue socio fundador de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede), donde, se añade, “ha participado en numerosos trabajos, entre ellos como voluntario en la fase de delimitación de la fosa de fusilados y represaliados del cementerio municipal”.
PERO JESÚS MANUEL LÓPEZ NO ES BIENVENIDO
Un nombramiento que no ha sido bienvenido por el movimiento memorialista en la provincia de Cádiz. De hecho, desde Amede se añade que “se trata de una apuesta de nuestra administración autonómica por destruir lo que queda de él o para impedir que sus reivindicaciones sean atendidas”.
Jesús Manuel López, matizan desde Amede, sí fue socio fundador de la asociación isleña, pero “no implica que fuera él quien iniciara los contactos y trabajos para la creación de esta asociación, la puesta en marcha de los grupos de trabajo que dieron forma al proyecto global y que han derivado en que en la actualidad se estén exhumando las fosas comunes del cementerio. Más bien, podemos afirmar que fue invitado –como tantas otras personas y colectivos– a formar parte de este proyecto y en su primera aparición se le ofreció entrar a formar parte de la Junta Directiva de la misma. Esto le otorga el estatus de socio fundador, pero no lo convierte en fundador de la asociación”.
Fue elegido tesorero de la misma en la asamblea general extraordinaria del 8 de agosto de 2016 y ejerció su cargo hasta su cese el 25 de mayo de 2017: “es clarificador, y muy ilustrador, que no se mencione esta etapa de su paso por Amede –en la breve reseña difundida por la Junta-, pues de ella, precisamente, deriva la consideración de esta persona como falto de competencias y tremendamente dañina para el asociacionismo memorialista”, apostilla esta entidad en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Durante esta etapa, López Ramírez, se relata, “hizo gala de su ineptitud para ostentar cargos de gestión y de responsabilidad. Concretamente, desatendiendo sus funciones como tesorero, presentó incorrectamente o directamente no presentó (a pesar de haber sido informado de ello) algunos de los modelos de obligado cumplimiento con la Agencia Tributaria. De esta mala gestión, Amede ha tenido que hacer frente, a partir de las cuotas de sus asociados, a diversas sanciones económicas que suman casi 800 euros, lo cual, para una asociación pequeña y de reciente creación ha constituido un varapalo difícil de superar. Y no solo desatendió sus funciones; su altanería propició el no comunicar estas circunstancias a la Junta Directiva de la asociación o no aportar los documentos requeridos por la misma para dar respuesta a esta situación, desapareciendo sin más desde entonces, sin explicarse ni disculparse”.
Agregan desde Amede que de lo que “sí se preocupó” esta persona “fue de defender los intereses de las distintas administraciones, no por casualidad gobernadas por el mismo partido, en que la segunda fase de la intervención en el cementerio de San Fernando se hiciera según un modelo que pretende restar protagonismo a la sociedad civil, verdadera impulsora de estas actuaciones, y esclavizar al personal técnico a partir de una financiación claramente insuficiente y tardía que descarga en los propios trabajadores el peso de la misma”. De ahí que la asociación impulsura presentara un modelo basado en la adjudicación del contrato “para la realización de los trabajos directamente a la asociación, desmontando la supuesta actuación ‘de oficio’ que realiza la Junta y que tuvo como respuesta la demora innecesaria del comienzo de los trabajos mientras el representante del partido (el PSOE) dentro de la asociación y defensor de los intereses de la administración intentaba convencer de esta postura a familiares y asociados”.
Estas acciones, se insiste, las realizó “manteniendo numerosos enfrentamientos con los miembros de la Junta Directiva, personal técnico y asociados que provocaron continuas y repetidas faltas de respeto desde esta persona a miembros de la misma, a la vez que sembraba de tensiones y malestar el desarrollo de las asambleas”. De estos movimientos, “quedaron acreditadas las maniobras a espaldas de la propia Junta Directiva y del conjunto de la asociación para convencer de las bondades del modelo defendido por la administración, así como filtraciones de información que perjudicaban los intereses de Amede en sus negociaciones”.
A día de hoy, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática de San Fernando “sigue desconociendo cuáles han sido las vinculaciones al movimiento memorialista andaluz y gaditano desde hace años de esta persona, pero la falta de referencias habla por sí misma”. Lo que sí sabe Amede es que su vinculación –y así se hizo constar en numerosas asambleas generales de la asociación– era al PSOE, “al cual decía representar”, y que su única referencia en este campo era pertenecer al Grupo de Memoria Histórica del partido; “decir que esto lo vincula al movimiento memorialista andaluz y gaditano es, cuanto menos, inexacto y pretencioso, como bien podrán dar cuenta las distintas asociaciones que lo componen”.
Igualmente, Amede afirma desconocer cuáles son los “numerosos trabajos” en los que ha participado Jesús Manuel López, pero “sí puede afirmar que no ha sido, ni es, ni será un voluntario en la intervención en el cementerio de La Isla durante la fase de exhumación. Sí fue un voluntario más en la fase de sondeos arqueológicos para la localización y delimitación de las posibles fosas comunes, en las que destacó, precisamente, por ser el voluntario entre una veintena que menos horas dedicó”.
Amede, con este comunicado, dice dar un “aviso” a las distintas asociaciones que componen el movimiento memorialista andaluz y, en particular el gaditano, y apostilla que “ha permanecido en silencio en la prudencia y buen hacer que la ha caracterizado desde su creación, pero como parte interesada en la lucha por la recuperación de la memoria histórica y democrática en nuestra región no puede, ni debe, permanecer callada ante nombramientos tan poco fundamentados en los criterios de mérito y capacidad que debe regir la asignación de cargos de tal responsabilidad”. Por todo ello, no duda en solicitar el “cese inmediato” de Jesús Manuel López Ramírez como director de la Oficina de Memoria Democrática de la Junta en Cádiz.
