El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un expediente de gasto de 57,1 millones de euros para abonar a José Manuel Pascual Pascual la asistencia sanitaria, programada y urgente, prestada en sus centros hospitalarios de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016, cuando la empresa privada seguía atendiendo a pacientes de la sanidad pública pese a no tener concierto con el SAS.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un expediente de gasto de 57,1 millones de euros para abonar a la empresa José Manuel Pascual Pascual la asistencia sanitaria, programada y urgente, prestada en sus centros hospitalarios de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.
Se trata del importe correspondiente al periodo entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, durante el que se ha realizado la actividad sin contrato al no haberse presentado la empresa a ninguno de los dos concursos públicos convocados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Esta situación ha requerido la tramitación de un expediente administrativo específico, denominado de nulidad, para poder realizar dicho abono de acuerdo con las leyes de Contratos del Sector Público y de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Para calcular la cuantía, avalada por el Consejo Consultivo, se ha tenido en cuenta la mensualidad del último concierto firmado por ambas partes, que terminó el 31 de octubre de 2015.
De cara al futuro, el SAS insiste en que ha alcanzado un acuerdo con la empresa para seguir garantizando la asistencia sanitaria especializada en estos tres municipios gaditanos, a partir del cual se llevará a cabo un procedimiento negociado sin publicidad, fórmula prevista en la legislación vigente cuando sólo existe un único posible prestatario con la homologación necesaria.
Este acuerdo anunciado a mediados del pasado diciembre –que aplazaba la huelga convocada- parece que pone fin al largo conflicto que ha mantenido en vilo a los más de 2.000 empleados de Pascual desde hace meses, y que han protagonizado diferentes protestas y movilizaciones defendiendo sus empleos, la atención sanitaria y el futuro de estos centros privados, reclamando una solución después de que en 2014 la Junta rescindiera unilateralmente los conciertos que mantenía, y los sustituyera por unas prorrogas declaradas ilegales por los tribunales.
El SAS, por otro lado, convocará tres concursos públicos en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga por procedimiento abierto y licitación competitiva donde se pondrán presentar todas las empresas homologadas que lo deseen. Mediante estos concursos se adjudicarán los servicios que se quedaron desiertos en el concurso anterior. Aquí entraría San Rafael, en la capital gaditana, que gestiona Pascual.
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