La Junta ha salido al paso de las denuncias de varios sindicatos sobre las empresas subcontratadas por la administración para gestionar los servicios de emergencias telefónicas de la provincia de Cádiz, como el 112 y en especial del 061, acusándolas de “precariedad laboral” y de actuar con “impunidad”. Se defiende que conforme a la normativa de contratación del sector público, “se realiza el seguimiento que corresponde a todas la empresas contratadas”, y que son estas subcontratas las que tienen competencias para regular las condiciones laborales de sus empleados.
La Junta de Andalucía ha salido al paso de las denuncias de varios sindicatos sobre las empresas subcontratadas por la administración para gestionar los servicios de emergencias telefónicas de la provincia de Cádiz, como el 112 y en especial del 061, acusándolas de “precariedad laboral” y de actuar con “impunidad”.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) desea aclarar que conforme a la normativa de contratación del sector público, “se realiza el seguimiento que corresponde a todas la empresas contratadas” y entre ellas la cuestionada, Mkplan 21, adjudicataria del contrato de servicio de operación en Cádiz, “tanto en cuanto a la calidad del servicio prestado como en cuanto al cumplimiento del resto de obligaciones contractuales”.
Con respecto al “supuesto conflicto entre una trabajadora temporal y Mkplan 21”, EPES argumenta que “el proceso de desarrollo o finalización de la indicada relación laboral temporal, le corresponde a Mkplan 21 en el ámbito de la gestión de sus propios recursos humanos”. CGT ha denunciado que la empresa ha despedido a una de sus delegadas sindicales “en represalia por denunciar las condiciones de precariedad en que se ofrece el servicio y que ponen en peligro a los andaluces”. Después de 10 años trabajando en la subcontrata no ha sido renovada.
En la misma línea, desde la consejería de Justicia e Interior se recuerda en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que los servicios de operación del sistema Emergencias 112 Andalucía para cada uno de los Centros de Coordinación de Emergencias se tienen contratados a las empresas Mkplan 21 y Arvato, “siendo éstas las que tienen las competencias en materia laboral y, por tanto, la capacidad para regular las condiciones de trabajo de todos sus empleados. Así, este conflicto se enmarca en la relación empresa-trabajadores”.
En este punto, se muestra “confianza” en un entendimiento entre ambas partes y se recuerda que desde la consejería de Justicia “se vela en todo momento por la óptima prestación de los servicios de acuerdo a los estándares de calidad establecidos, tal y como está contemplando en los contratos que la administración autonómica tiene suscritos con las citadas empresas”.
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Como siempre la hipocresía del Psoe no tiene límites… Tiene una red de agencias públicas para saltarse los criterios de la contratación pública para crear una verdadera maraña de empresas subcontratadas que no respetan los derechos básicos de l@s trabajador@s e muchas veces incluso la ley, por lo que la Junta ha sido condenada en numerosas ocasiones por cesión ilegal de trabajadores… Pero no pasa nada, si les condenan pagamos todos los andaluces.
verguenza de Administracion andaluza, pasen por los centros de trabajo y vean como los directivos de carnet que han colocado ejercen de capos con las subcontratas que se estan llevando el dinero publico sin exponer nada a cambio de ser explotadores y latigueros de sus empleados/as
La Junta de Andalucía ni siquiera se molesta en averiguar qué está pasando? Pues ellos son responsables de lo que contratan, así, que ese comunicado limpiandose las manos no le encuentro mucho sentido
Como siempre echando balones fuera, sin asumir responsabilidades, y mientras un empresario viviendo a costa del dinero público, pues os guste o no, SOIS RESPONSABLES SUBSIDIARIOS, tan culpable es el que abusa como el que lo consiente bajo su techo, ya esta bien, esto es un insulto a la inteligencia colectiva
La Junta de Andalucía que se vanagloria de ser garante de derechos y de no despedir, lo que hace es privatizar los servicios para que sea otro el que lo haga, y por supuesto, si alguien se queja, ya estarán las empresas para despedir. Es absurdo que sigamos manteniendo a estos que se llaman Partido de Obreros cuando solo son una partida de políticos que se encargan de mantener sus propios derechos a recibir un sueldo por facilitarle las cosas a empresas privadas.
La Junta de Andalucía debe velar porque las empresas que contrata no exploten a sus trabajadores. Si no lo hace se convierte en cómplice consentidor de la explotación.
La Junta sí recorta y despide; por vía directa o indirecta. ¿O qué es privatizar la atención de los servicios de emergencias poniéndolos en manos privadas, presionar y pagar sueldos de miseria, no renovar contratos a lxs trabajadorxs que piden sus derechos?