Ante la resolución de la negociación de los conciertos educativos en Andalucía, y las repercusiones que está teniendo entre colectivos interesados, la Junta incide en que “no se concertarán centros nuevos, aunque continuarán los centros actuales con las unidades que sean necesarias para asegurar la escolarización en septiembre”. Y se garantiza que en las localidades donde convivan la enseñanza pública y la concertada “no se autorizarán nunca unidades concertadas salvo que sean necesarias para asegurar la escolarización”. PP y CEC ya han manifestado su apoyo a los colegios privados, en general negocios de la Iglesia Católica.
Ante la inminente resolución de la negociación de los conciertos educativos en Andalucía, y las repercusiones que está teniendo entre diversos colectivos interesados –ya se anuncia una concentración este 18 de febrero en defensa de “la concertada” e incluso se ha contratado publicidad en algunos medios para darle eco a su problema, que no es otro que ver peligrar el negocio-, la delegación territorial de Educación ha realizado una serie de aclaraciones.
En primer lugar, se subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la consejería de Educación “tiene como prioridad fundamental el fortalecimiento de la escuela pública”. Por tanto, “no se concertarán centros educativos nuevos, aunque continuarán los centros actuales con las unidades que sean necesarias para asegurar la escolarización en septiembre”. Así pues, como es evidente, “ningún estudiante escolarizado perderá su derecho al concierto educativo. Es decir, el alumno o alumna que esté estudiando en un centro educativo no perderá su plaza”. La Junta entiende que es conveniente incidir en esto “ante la difusión de mensajes contradictorios al mismo y que inquietan a las familias”.
Así, sólo los niveles de entrada están siendo analizados, conforme a la planificación educativa, “para adecuar la oferta de plazas sostenidas con fondos públicos a las necesidades reales del alumnado”.
La propia consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha afirmado estos días que “lo más importante para seguir funcionando bien es que nos entendamos, y que esas familias sepan que no va a haber ningún problema y seguirán este año como el anterior o como el próximo; que haya esa tranquilidad”. Así pues, desde la delegación territorial en Cádiz se reitera que “el hecho de difundir informaciones erróneas no favorece la convivencia, doblegándose los valores de la educación respetuosa y dialogante que se fomenta desde la consejería”.
Igualmente, la consejera ha recalcado que todavía las comisiones que abordan los conciertos educativos no se han reunido: “estamos adelantando acontecimientos que no existen ni van a existir y, además, da la casualidad de que esas comisiones empiezan a reunirse en estos días”.
De la Calle ha apuntado que se está hablando con la patronal, insistiendo en que únicamente existe un planteamiento en la planificación en lo dependiente del censo demográfico, “consecuencia de la pérdida de unos 11.000 alumnos”. En la provincia de Cádiz, del curso pasado curso se registraron casi 2.000 alumnos menos.
No obstante, se insiste, la región mantiene desde hace más de 30 años un modelo de “convivencia” educación pública-concertada “estable” en torno al 81%-19%. De este modo, y aunque se valora la labor de la enseñanza concertada –o lo que es lo mismo, privada y católica por norma general-, la consejería garantiza que en las localidades donde convivan la enseñanza pública y la privada-concertada “no se autorizarán nunca unidades concertadas salvo que sean necesarias para asegurar la escolarización”.
Al respecto, CGT se concentraba días atrás en Cádiz, ante la delegación territorial de Educación de la Junta, para exigir que la bajada de la natalidad no afecte solo a los centros públicos y se reduzcan los conciertos educativos. Este sindicato, y otros, aseguran venir evidenciando que durante los últimos años se han cerrado muchas aulas de centros públicos, alegando la falta de matrícula; “sin embargo, en los centros concertados hemos asistido a la creación de nuevas aulas”.
En este curso 2016/2017, y según datos de la Junta, en la provincia de Cádiz hay 276.804 alumnos de todos los niveles educativos, a excepción del universitario (128.110 de Infantil, Primaria y educación Especial y 148.694 de ESO, Bachillerato, FP y otras enseñas de régimen especial). El 79% del total (217.991) está escolarizado en los 587 colegios e institutos públicos. El 21% restante se reparte entre la enseñanza concertada con 50.693 alumnos, y la privada, con 8.120.
En el caso concreto de la capital gaditana, la escuela pública ya es prácticamente “subsidiaria” de la privada, según ha alertado CGT, donde en el segundo ciclo de Infantil el 55% de la oferta educativa ya está en la concertada, el 55% en la Primaria y más de 61% en la Secundaria; y hasta el Bachillerato ya llega al 31%.
PP Y EMPRESARIOS, CON LA PRIVADA-CONCERTADA
Al PP le ha faltado tiempo para posicionarse del lado de los colegios privados. Así, el secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, interpreta que el anuncio de la Junta de no llevar a cabo nuevos conciertos “busca privatizar los centros educativos”. “El Gobierno de Susana Díaz pretende reducir los acuerdos a medida que baje la demanda, lo que pone en riesgo el futuro de dicho modelo educativo”, se insiste.
La derecha aboga por aprovechar la bajada de la natalidad “para reducir la ratio y atender mejor a la diversidad, a fin de no cerrar líneas”. En este sentido, Saldaña hace hincapié “en la amenaza que para los puestos de trabajo supondría poner en marcha la decisión de no continuar los conciertos”.
Este partido lamenta que la consejera de Educación haya confirmado “el acoso de la Junta a la enseñanza concertada y el ataque a la libertad de elección de centro educativo, que es un derecho que recoge la Constitución”. E insiste en el Ejecutivo regional “actúa por motivos economicistas e ideológicos” en vez de apostar por la mejora de la calidad.
Por otro lado, se afirma que “eliminar plazas concertadas donde hay demanda de escolarización es ilegal”.
Y del mismo modo, el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ha expresado su respaldo a la educación concertada, sumándose así a las campañas puestas en marcha por las organizaciones miembros CECE-Andalucía y ECA- Escuelas Católicas.
Estos empresarios destacan en su acuerdo que la educación “es un derecho constitucional que debe garantizar el carácter universal y gratuito para toda la ciudadanía, sin excluir a nadie”.
En este sentido, la CEC recuerda que la norma constitucional recoge el principio de libre elección de centro por parte de las familias, “por lo que modelo de enseñanza concertada debe garantizarse por parte de los poderes públicos”.
De este modo, se suscriben los planteamientos de las organizaciones que aglutinan a los colegios concertados: “no se debe eliminar la oferta concertada donde exista demanda ciudadana trasladándola a otras opciones, sino que debe prevalecer la garantía constitucional de libre elección de centro en igualdad de condiciones”.
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