La Benemérita, junto a la Inspección de Trabajo, ha llevado a cabo en la provincia en los últimos tiempos 165 identificaciones en empresas principalmente del sector agrícola, detectando 23 infracciones en materia de Seguridad Social, percepción de prestaciones incompatibles con el trabajo, extranjeros sin permiso de trabajo y trabajadores sin dar de alta. “No se trata de una actuación aislada”, se avisa.
Junto con la Inspección de Trabajo, la Guardia Civil ha llevado a cabo en la provincia de Cádiz, una operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, procediendo a la identificación de 165 empresas y detectando 23 infracciones al respecto. Además, se ha detenido a una persona por tenencia de arma prohibida, y se han formulado dos denuncias de caza, dos por tenencia de droga y tres denuncias por tráfico.
La actuación, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Benemérita, se ha desarrollado de forma conjunta entre la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz e inspectores del Ministerio de Trabajo.
“No se trata de una actuación aislada”, se advierte, sino que forma parte de una campaña que la Comandancia “continuará materializando en todas las localidades”.
Las actuaciones realizadas en los últimos tiempos han buscado dar respuesta a la proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, y que “quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad”. Los agentes han centrado sus investigaciones en los posibles fraudes a la Seguridad Social y en verificar el alta de los trabajadores en el sector del trabajo agrícola.
De las 165 identificaciones en diferentes puntos de la provincia gaditana, en un total de 23 empresas se ha procedido a la detección de 23 infracciones muy graves por tener a los trabajadores sin dar de alta en el sistema de Seguridad Social, perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena (muy especialmente desempleo), así como extranjeros sin permiso de trabajo para trabajar por cuenta ajena, todo ello sin perjuicio de que los empresarios aporten en la sede de la Inspección de trabajo la documentación laboral de las personas que se encuentran a su cargo, que les ha sido requerida.
Por tales motivos, por los servicios de la Inspección de Trabajo se formularán los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de multas para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude.
“La economía sumergida conlleva un grave riesgo no sólo para los consumidores, sino también para la propia existencia de muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores”, remarcan desde la Guardia Civil.
Este operativo es fruto de la firma del convenio para la coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La operación ha sido desarrollada por distintas especialidades de la Guardia Civil como Seprona, Usecic, Equipo Pegaso, además de los propios inspectores de Trabajo.
