La enseñanza privada-concertada, sectores católicos y partidos de derechas han iniciado en los últimos días movilizaciones en contra de la enésima ley educativa en el Estado español, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá (por el apellido de la actual ministra de Educación), y que busca principalmente derogar la actual LOMCE o Ley Wert, impuesta sin consenso alguno por el anterior Gobierno del PP en 2013.
Este domingo la plataforma llamada Más Plurales, con el respaldo y altavoz de los partidos de derecha y extrema derecha (PP, Cs y Vox) que han votado en contra de la aprobación de la ley en el Congreso (que apoyan PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y grupos minoritarios), han convocado en diferentes ciudades del país una caravana de coches bajo el lema ‘Por el derecho a elegir la educación que queremos’ para mostrar su rechazo, para el que se ha elegido el color naranja (lacitos, globos…).
La marcha se ha repetido también en la capital gaditana, curiosamente con participación de manifestantes venidos de otras poblaciones, cuando se supone que el vigente estado de alarma y las normas impuestas por la Junta de Andalucía para frenar el coronavirus prohiben salir de la propia localidad sin causa justificada.
Quienes están detrás de estas protestas argumentan y repiten que la Ley Celaá “es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”. Asimismo, interpretan que se trata de una reforma que “conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos”.
“La LOMLOE –se afirma- se inventa un derecho a la educación pública; la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa, rompiendo la complementariedad de redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial, entre otros aspectos”.
PP: “SE CARGA LA EDUCACIÓN CON CRITERIOS IDEOLÓGICOS Y SECTARIOS”
El mismo PP provincial, siguiendo el argumentario de Madrid y tras una reciente reunión con representantes de Escuelas Católicas de Cádiz, hablaba de que dicha “contrarreforma” supone “un ataque directo a la libertad de educación y degrada la calidad de la educación pública”
Para la presidenta provincial de los populares, Ana Mestre, “se carga la educación con criterios ideológicos y sectarios” y frente a ello su formación de derechas “defiende la libertad de elección educativa sin que un Gobierno la tenga que imponer; defiende la educación concertada, la diferenciada y la especial, apuesta por la calidad de la enseñanza pública y exige el castellano como lengua vehicular”.
“Atacar a la concertada es atacar en la provincia de Cádiz a más de 50.000 familias, 3.500 trabajadores y unos 82 centros, a los que el PP vamos a defender porque compartimos sus reivindicaciones”, ha subrayado quien es también delegada del Gobierno andaluz en la provincia.
Para este partido, el mismo que impuso con su mayoría absoluta la LOMCE, “hay que ser coherentes y la defensa de la educación pública debe pasar por apostar por el diálogo y consenso en la búsqueda de un Pacto sobre Educación que aspire de un modelo educativo de calidad estable que no cambie de dirección con cada gobierno”.
PSOE: “LA DERECHA ANDA DIRIGIENDO UN DEBATE FALSO”
Por su lado, el PSOE gaditano no ha tardado en defender la nueva Ley de Educación pues “es una norma moderna, que defiende los principios de equidad y de inclusión y es, ante todo, una ley plural”. Para su secretaria de Organización, Araceli Maese, “refuerza las garantías de una distribución equilibrada del alumnado, evitando que sean los centros los que seleccionen al alumnado”. “Se pone fin a los abusos cometidos en la época de los Gobiernos del PP”, apunta, resaltando que precisamente esta norma “abandera la igualdad de oportunidades para el alumnado y la garantía de una libertad real para las familias”.
“La LOMLOE apuesta por un modelo de educación de equidad integrada; avanza en la escolarización de educación infantil, cierra la brecha digital y garantiza las becas como derecho subjetivo”, expone la también parlamentaria isleña, que resalta como el texto aprobado pretende “reducir el abandono escolar, y conseguir un mayor éxito escolar con medidas preventivas para evitar la repetición de curso, tan exagerada en este país, limitándola a dos veces en toda la educación obligatoria”.
“Se impulsan contenidos más actualizados y necesarios para el sistema educativo pues la Ley Wert no respondía a la sociedad actual pues era una ley retrógrada, injusta, disgregadora, machista e innecesaria”, ha indicado, recordando que fue aprobada con el rodillo de la mayoría absoluta del PP “y ahora con el texto que impulsa Celaá se recupera la participación de una manera efectiva en la toma de decisiones de los consejos escolares”.
Igualmente, desde el PSOE se interpreta que el PP (y el resto de derechas) está generando un debate que no se ajusta a la realidad azuzando a la enseñanza concertada cuando “la LOMLOE no altera el modelo de conciertos creado en 1985 y que ha dado más de 40 años de estabilidad al sistema”. Al respecto, concreta que esta ley “plantea que las comunidades autónomas controlen que se cumple la normativa que prohíbe a la concertada cobrar cuotas de forma obligatoria, pero estas aportaciones podrán seguir existiendo de forma voluntaria”. Además, se prohibirá que los centros sostenidos con fondos públicos “puedan segregar por sexo al alumnado, una situación insostenible en pleno siglo XXI”.
Finalmente, los socialistas subrayan que en la flamante ley desaparece el concepto de “demanda social” que “era en realidad un eufemismo para dar cobertura a la práctica extendida en algunas comunidades de ceder suelo municipal, incluso en zonas sin centros públicos, para centros privados de nueva creación promovidos por empresas sin trayectoria educativa a las que se concedía de antemano el concierto”.
“Y DESPUÉS PREGONAN QUE LA ENSEÑANZA PÚBLICA ADOCTRINA…”
Y frente a esta movilización de la enseñanza privada-concertada y los partidos y colectivos que apoyan dicho negocio, las Mareas por la Educación Pública han visto oportuno dejar patente su “más absoluta disconformidad e indignación” ante los ataques sufridos por dichos sectores.
“A estos ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública adoctrina”, se subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
A la Marea Verde también le indigna profundamente que “de repente se hayan convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan manido argumento de la ‘libertad de elección’, argumento completamente falaz”. “En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución, aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir segregación y clasismo”, se anota.
Además, se evidencia que “solo pueden acceder a esa ‘libertad’ de elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos”. Aquí es donde los colectivos que defiende la educación pública recuerdan que estos son “centros privados subvencionados con fondos públicos y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como a la privada”. Además, la privada-concertada “tiene un menor número de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. “Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales es prácticamente inexistente”.
Además, se sigue replicando los argumentos que repiten con su lacito naranja quienes rechazan la Ley Celaá que “han aprovechado la oportunidad para mezclar otros temas como el que el castellano deje de ser ‘lengua vehicular’, elemento introducido (por la derecha) en una ley de educación por primera vez en la LOMCE (“recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria del español como lengua del imperio; la negación de la realidad plurilingüe del Estado supone un ataque a las lenguas cooficiales”, se replica), o el supuesto cierre de los centros de educación especial que no es tal”.
Finalmente, desde Mareas por la Educación Pública se apostilla que hay temas importantes que sí se han quedado al margen de la LOMLOE: “tendríamos que estar hablando de una financiación apropiada de la escuela pública; de bajadas de ratios y de disminución de periodos lectivos de docencia directa del profesorado que tanto daño han hecho; de mayor inversión en acondicionamiento y en la construcción de nuevos centros públicos; de la salida de las religiones del ámbito educativo; o de la progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de titularidad y gestión pública”
Sin embargo, pese a que se han quedado muchos temas fuera de esta nueva Ley de Educación, “y a pesar de los ataques de los defensores de una educación privatizada y segregadora”, la Marea Verde seguirá defendiendo “una educación pública, laica, inclusiva, democrática, de calidad y segura, de todas y para todas”.
