La Diputación gaditana ya ha precisado a responsables de los 45 municipios de la provincia el alcance de su nuevo plan social frente al coronavirus, presupuestado en 3 millones de euros.
El responsable del área de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario y el delegado de Bienestar Social, David de la Encina, han explicado los pormenores de este programa. Al amparo de esta iniciativa, los servicios sociales municipales podrán cubrir gastos derivados de la pandemia.
La comunicación de Armario y De la Encina con alcaldes, alcaldesas y responsables municipales se ha resuelto en dos reuniones por videoconferencia, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz. En ambos encuentros se ha detallado el procedimiento del nuevo plan, al objeto de agilizar su tramitación burocrática y transferir sus recursos económicos lo antes posible.
“La Diputación continúa con su firme apoyo a los ayuntamientos, especialmente con los de municipios con menos de 20.000 habitantes por razones de competencia, pero también abriendo nuestra colaboración con los de grandes poblaciones”, apostilla el diputado de Bienestar Social.
La relación de servicios e intervenciones, que podrá financiar este nuevo plan social es amplia (son los contenidos en la denominada política de gasto 23, de servicios sociales y promoción social). Entre otras actuaciones se podrá asistir económicamente el refuerzo de servicios de proximidad, como es el caso de la atención a personas mayores, con discapacidad o dependencia; la teleasistencia; rehabilitación, terapia ocupacional, cuidados e higiene a usuarios que se han trasladado al domicilio tras la clausura de centros de atención diurna; la atención a personas sin hogar; el gasto ocasionado por las nuevas contrataciones para reforzar plantillas de servicios sociales; la adquisición de equipos de protección; o la ampliación de partidas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, entre otros supuestos.
Se trata del tercer programa de emergencia social que activa la Diputación de Cádiz desde la declaración del primer estado de alarma de mediados del pasado marzo ante la pandemia del Covid-19. El primer precedente, con una dotación de 1,2 millones, se aprobó en abril de 2020 con destino a los pueblos y ELAs. El segundo, denominado Invierte Social, incluyó a los 45 municipios (también los de más de 20.000 habitantes) y supuso una inversión de 3 millones. Ahora se revalida una nueva edición con otros 3 millones.
