La Diputación de Cádiz establece cada mes de enero las previsiones de ingresos fiscales de los municipios que han encomendado la gestión de sus tributos a la institución provincial (actualmente, todos salvo la capital, Jerez y Rota). Ese dato se fracciona en anticipos mensuales para que los ayuntamientos dispongan de liquidez para afrontar sus pagos.
Al respecto, a principios de 2018 el cálculo global de los 41 consistorios concertados con la Diputación se cifraba en 353 millones de euros. Una estimación que “se ha quedado corta” tal como ha confirmado el responsable del área de Servicios Económicos, Jesús Solís, ya que los anticipos de este año alcanzan los 385,7 millones. Este saldo supera sensiblemente al del ejercicio de 2017, cuando se transfirieron 341 millones.
“Esto significa que la Diputación, a través del Servicio Provincial de Recaudación, se convierte en el verdadero pulmón de los ayuntamientos”, entiende Solís, quien valora “la liquidez que se aporta a las arcas municipales”.
Esta estabilidad de ingresos es esencial para planificar y resolver las obligaciones de cada entidad municipal como son el pago de nóminas a los empleados o los abonos a proveedores.
El responsable de Servicios Económicos precisa en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “estos anticipos se libran cuando aún están vigentes los periodos de liquidación de impuestos en periodo voluntario en casi todos los municipios”. Son por tanto fondos “que proceden de la propia liquidez de la Diputación, pero que se trasvasan a los ayuntamientos sin la carga de intereses financieros”.
Este diputado socialista incide en que “desde el principio nuestro objetivo era gestionar con justicia los recursos públicos. Recaudar más, claro, pero mejor y con criterios más justos”. Una justicia tributaria pensada para el contribuyente convencido de sus obligaciones fiscales, pero que necesitaba medios a su alcance para cumplirlas. Al respecto ha valorado la oportunidad de los planes personalizados de pago. Gracias a esta modalidad se pueden agrupar todos los impuestos en una cuantía global cuyo pago puede resolverse hasta en 10 meses sin intereses. Las solicitudes a favor de esta opción están en franco crecimiento: de hecho, a 30 de septiembre, marcaban un incremento de más del 20% con respecto a 2017. En cifras absolutas ya se han recaudado 17,6 millones de euros a través de los planes personalizados de pago.
La sede electrónica, incorporada en el segundo semestre de 2018, es otro de los medios que facilitan las obligaciones y trámites tributarios. De mayo a septiembre la nueva plataforma registra más de 30.000 accesos, además de permitir cartas de pago por un importe cercano a los 800.000 euros. Solís ha valorado la implicación de la sociedad Epicsa (empresa de la propia Diputación), artífice de un software que proporciona eficacia y eficiencia en las operaciones. Junto a los medios materiales dispuestos a favor de una mejor gestión tributaria, también destaca el refuerzo del personal del Servicio de Recaudación y el reconocimiento de la solvencia de la plantilla.
SE PAGA A PROVEEDORES EN MENOS DE UN MES
Por otro lado, el responsable de Servicios Económicos ha referido los últimos datos del periodo medio de pago a proveedores de la institución provincial. La recuperación confirmada en junio se mantiene, con índices por debajo de 30 días para la Diputación y sus organismos autónomos: 24,3 días en julio y 29 días en agosto.
Se establece una tendencia que ya existía al inicio del actual mandato corporativo y que se alteró en septiembre de 2017 tras asumirse 350 facturas sin conformar, generadas por el anterior gobierno provincial del PP y cifradas en 1,5 millones de euros. Más allá de la citada suma los servicios impagados, al facturarse dos años antes, incrementaban sensiblemente el periodo medio de pago que se traduce en días.