La presidenta de Diputación de Cádiz, Irene García, ha repasado este martes el alcance de nuevos instrumentos propios, así como el de iniciativas que se diseñaron tras la irrupción de la pandemia del coronavirus hace un año y que ahora se fortalecen. Todos están consignados en el presupuesto de la institución provincial para 2021 y suman un importe cercano a los 50 millones de euros.
La misma socialista ha detallado el destino de estos fondos, que manejarán principalmente los ayuntamientos, en dos foros telemáticos: en el seno del Consejo de Alcaldías (al que pertenecen los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas); así como en un encuentro celebrado con los alcaldes de localidades de mayor población (donde entran los siete consistorios de la Bahía).
“Desde el ámbito de la Diputación se trata de una movilización de recursos públicos sin precedentes”, ha repetido por enésima vez Irene García. Así, entiende que las cuentas en vigor recogen las demandas de grupos políticos, sectores económicos y sociales “y son el resultado de una consulta abierta por la presidenta a finales de 2020”.
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, el desarrollo de cada programa será paulatino si bien en junio todos estarán activos. Al pleno de este mes se planteará la aprobación del plan de dinamización municipal y, también en marzo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases de la reedición de los planes social y de empleo. En general se va a agilizar el tránsito administrativo de cada programa y así facilitar la planificación de los ayuntamientos.
Con esta asistencia de la Diputación, habrá una continuidad en la cobertura pública dedicada a empleo, ayudas sociales y servicios públicos, ya que cuando concluyan todos los programas que se desplegaron en 2020 –aún en ejecución en algunos casos- comenzarán los que se promueven en el actual ejercicio.
Hay tres iniciativas que tendrán incidencia en los 45 municipios de la provincia. Se trata del plan extraordinario de inversiones cifrado en 16 millones de euros y para el que la Diputación ha concertado un préstamo; el plan extraordinario de empleo Covid-19, dotado con 10,2 millones de euros; y el plan social –continuación del Covid Social- que aplica 3 millones.
Además de esos tres recursos, los pueblos y entidades locales autónomas son también destinatarios del llamado plan de dinamización municipal que aglutina 870.000 euros; la séptima edición del plan de cooperación local que comprende casi 4,4 millones; el programa de inversiones para un desarrollo energético sostenible, que conlleva 780.000 euros; la recuperación de planes provinciales por un importe de 6 millones; una inversión de 1,2 millones de euros en mejora de caminos rurales; así como algo más de 3 millones para el fomento de economías bajas en carbono mediante la implantación de sistemas de eficiencia energética.
En suma, la institución provincial reserva a los municipios con menos de 20.000 habitantes 29,4 millones de euros, mientras que las ciudades de mayor población serán destinatarias de 16,7 millones. A estas previsiones hay que añadir 3 millones destinados a actuaciones específicas que se regulan mediante convenios nominativos.
Esta cobertura “sostenida con fondos propios de la Diputación” no se agota en las medidas indicadas. Esos medios se fortalecerán con programas habituales, como es el caso del plan provincial de obras y servicios (también centrado en los pueblos), así como con los recursos que se obtengan cuando se conozca la liquidación del presupuesto de 2020, ha remarcado García.
SE ORGANIZARÁ UN “GRITO DESESPERADO” DEL MUNICIPALISMO GADITANO
Alcalá de los Gazules, El Gastor, Olvera, Algodonales, Guadalcacín, Medina, Alcalá del Valle, Setenil, Ubrique, Chipiona… desde esos ayuntamientos, a través de sus alcaldes comparecientes en el Consejo de Alcaldías, se ha valorado el “esfuerzo” de la Diputación a la hora de movilizar recursos en unas circunstancias económicas y sociales muy adversas. Ha dejado caer que, más allá de esa dedicación, se encuentran sumidos en una situación de “abandono institucional, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía”.
Esa percepción de “soledad absoluta” fue transmitida por Irene García en la rueda de prensa posterior. La presidenta también anunció otra de las decisiones adoptadas en el Consejo frente a la que no se planteó objeción alguna: organizar un acto de todos los ayuntamientos gaditanos que permita mostrar públicamente “ese grito desesperado”, considerando que son las entidades locales las que han encarado los problemas de sus vecinos “sin competencias, sin ayuda económica y sin diálogo”.
