La Diputación de Cádiz ha retomado los plenos presenciales con la sesión ordinaria de septiembre y tras más de año y medio de debates en formato virtual debido a la pandemia del coronavirus (eso sí, con diferentes medidas de distanciamiento interpersonal en el Salón Regio, para garantizar lar recomendaciones sanitarias). Educación, sanidad, drogodependencia o la cobertura social a trabajadores en ERTE centraron las mociones de los grupos, la gran mayoría aprobadas.
En concreto, hasta ocho acuerdos plenarios en los que la prestación de servicios públicos básicos en circunstancias excepcionales de pandemia y las medidas a adoptar para garantizar sus estándares de calidad han consumido gran parte del tiempo de debate. Dos mociones sobre educación pública, y otras sobre sanidad, atención a la drogodependencia en prisiones o la cobertura social a trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo eran ratificadas, si bien ninguna de ellas por unanimidad. “La falta de empatía de PP y Cs vuelve a dar la cara”, apuntaba el PSOE tras la mañana ante el rechazo de ambas derechas cada vez que se “insta” a la Junta.
El PSOE presentaba una de las propuestas sobre educación, solicitando a la Junta de Andalucía, “competente en la materia”, que asuma los sobrecostes que asumen los ayuntamientos gaditanos derivados de hacer cumplir los protocolos sanitarios de limpieza y adecuación de los colegios y otros centros educativos de titularidad municipal para su apertura de cara al nuevo año escolar (valorados en unos 215 millones de euros). Se demanda que estos gastos extraordinarios ocasionados por el Covid-19 los asuma la administración autonómica con parte de los fondos extra recibidos del Gobierno central. Como era previsible, solo PP y Ciudadanos, socios en la Junta, votaron en contra.
E Izquierda Unida registraba otra moción de defensa de los servicios complementarios de aula matinal y comedor de la escuela pública. La misma, también rechazada únicamente por populares y naranjas, pide que la Junta asuma con sus propios recursos las subidas de precios anunciadas en dichos servicios y su reversión para que asuman su gestión directa.
Otra moción de IU en este pleno de septiembre reclamaba la necesidad de la vuelta a las citas médicas presenciales y otras medidas encaminadas a mejorar las prestaciones de la sanidad pública en aspectos como la reducción de las listas de espera y la concesión de citas de atención primaria, la construcción de nuevos centros de salud, el incremento de personal o el destino del 7% de los recursos del Producto Interior Bruto (PIB) a la sanidad pública, entre otras cuestiones. En este caso, salía adelante con el apoyo de todos los grupos y la abstención de las dos derechas.
Asimismo, según el relato de la sesión plenaria trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz, el PSOE ha solicitado que se resuelva el convenio entre Instituciones Penitenciarias y la Junta para que la Diputación pueda seguir prestando los servicios de atención a las adicciones en Botafuegos y Puerto II en un marco legal convenientemente regulado. De nuevo, PP y Cs, se desmarcaban del resto con su abstención.
Tampoco se unían ambos partidos a la moción socialista que defendía la necesidad de que se extienda la cobertura social de las personas en situación de ERTE a causa de la crisis sanitaria para posibilitar que los trabajadores fijos discontinuos en Andalucía que han estado acogidos a este régimen que no han recibido el pago único recogido en el Decreto Ley 4/2021 puedan compensar la pérdida de rentas. También que las personas con contrato fijo discontinuo beneficiarios de la prestación extraordinaria a causa del COVID-19 cobren de manera urgente la ayuda complementaria. Además se pide al Parlamento de Andalucía que inste al Consejo de Gobierno a aprobar una nueva ayuda complementaria.
Adelante Cádiz, por su lado, veía prosperar su moción para la recuperación del humedal La laguna de La Janda, con la única abstención del PP. El acuerdo incluye instar a la Dirección General de Patrimonio del Estado y a la Dirección General de Aguas a llevar a cabo las actuaciones necesarias para su restauración de acuerdo a criterios ecológicos. También incluye instar a la Junta y al Gobierno central para que esos humedales, una vez se recuperen, sea protegidos a través de su inclusión en la red europea de espacios naturales Natura 2000.
El principal partido de la oposición sacaba adelante una de las tres mociones presentadas, en su caso con la abstención de Adelante, sobre el eternizado proyecto del Nudo de Tres Caminos. La propuesta insta al Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos a dar “máxima prioridad” a la ejecución de unas obras que el anterior Ejecutivo de Rajoy tampoco inició pese a las promesas, “sin que se prolonguen innecesariamente y dotarlas del presupuesto anual suficiente”. Además se posiciona a favor de que en el caso de que los 5,5 millones consignados para este 2021, que no se van a gastar, se deriven al estancado proyecto de rehabilitación del Sitio Histórico del Puente Zuazo, con vistas a que no se pierda la inversión.
Esta formación de derechas presentaba además una moción exigiendo al Ejecutivo central que se retomen las ayudas a la reindustrialización específicas para Cádiz (ahora los préstamos del plan Reindus se convocan a nivel estatal, aunque en todo caso, cuando años atrás se centraban en las comarcas de la Bahía y del Campo de Gibraltar, apenas eran solicitados por las estrictas condiciones que impuso el anterior Gobierno del PP, por más dinero que se consignara); y otra propuesta reclamando una bajada del recibo del coste de la luz y culpando de la subida a Pedro Sánchez. Ambas mociones no contaron con apoyo suficiente.
El único partido que alcanzaba la unanimidad en su propuesta era la franquicia naranja con respecto a la participación de las personas con discapacidad en las actividades recreativas, facilitando la incorporación de profesionales especializados y cualificados para la atención a personas con discapacidad en las actividades.
LA DIPUTACIÓN “CAMINA”
A lo largo de la sesión, se daba cuenta de que la Diputación gaditana será la segunda del país en adherirse a la asociación Red de Ciudades que Caminan. Se trata de una iniciativa de movilidad sostenible que ya cuenta con el respaldo de 64 entidades locales de México, Portugal y España con la finalidad de que los peatones sean los principales protagonistas de la movilidad urbana. Supone asumir una serie de compromisos para posibilitar ciudades amigables, saludables, sostenibles, equitativas, inclusivas y atractivas desde el punto de vista social y de igualdad en las oportunidades en el uso y disfrute del espacio público.
Asimismo, se aprobaba la cuenta general de la Diputación de 2019, de la que el diputado responsable, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado los más de 225 millones de euros invertidos para mejora de servicios a la ciudadanía, pese a las limitaciones que establecía la regla del techo de gasto; también daba inicio al procedimiento de extinción de la Fundación Tecnotur; se respaldaba una modificación de crédito para crear una partida de 20.000 euros destinada al Centro de Interpretación de la Manzanilla, en Sanlúcar de Barrameda; y otra modificación que va a permitir la adecuación y mejora de instalaciones del Hogar de los Dolores en Jerez, por valor de 70.000 euros.
Como otro modificado del presupuesto, se aceptaba solucionar un problema que vienen denunciando vecinos de Sanlúcar y Chipiona desde hace largo tiempo. Será finalmente la Diputación la que asumirá los costes de las obras de arreglo del Camino de la Reyerta, para lo que se reserva una cantidad cercana a los 350.000 euros. Se desbloquea un problema cuyo principal escollo, además de conseguir los fondos, ha residido en la determinación de qué administración era la competente sobre esta vía.
