La Diputación de Cádiz ha celebrado este viernes, en formato telemático, un pleno extraordinario y urgente convocado para debatir una propuesta del PP planteada “para que todos los grupos políticos rechacen la maniobra que quiere hacer Pedro Sánchez para quedarse con los ahorros de los ayuntamientos españoles y gaditanos”.
Esa es la versión de esta formación de derechas, siguiendo el argumentario que llega desde la calle Génova, refiriéndose al acuerdo llegado a lo justo (y que debe ratificarse en el Congreso) entre el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el empleo de los remanentes positivos de tesorería de las entidades locales, que hoy día no pueden usar por las restricciones de la conocida como Ley Montoro, impuesta por los populares años atrás.
La sesión monográfica se ha saldado con el rechazo a la iniciativa partidista del PP, que solo ha logrado sumar a su causa, como era de esperar, a la diputada de Ciudadanos. PSOE, Adelante Cádiz, La Línea 100×100, IU y AxSí han rechazado la moción, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz.
El propio portavoz popular, José Loaiza, pasaba a defender su propuesta y comprendía la adhesión a un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 27/2020, que regula el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la FEMP, al entender que “atenta contra la autonomía local”; el rechazo al proceso negociador entre ambas instituciones públicas; así como la reprobación del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, entre otras pretensiones.
Durante el debate, AxSí y Adelante solicitaron la votación de cada punto por separado; además, Adelante Cádiz presentó unas enmiendas a la propuesta. Loaiza expresó la negativa de su grupo a todas estas alegaciones, y la iniciativa se mantuvo por tanto en su redacción original: y cayó, como era de esperar.
“LAS MEDIDAS SON MEJORABLES PERO SUPONEN UN AVANCE”
Este acuerdo de medidas financieras entre la FEMP y el Gobierno, que el PSOE aplaude y el PP rechaza, prevé que la Administración General del Estado realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros para las entidades locales a los que se sumará un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 millones. Contempla que ayuntamientos y diputaciones que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Estado sus remanentes de tesorería irán percibiendo de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, dichas administraciones locales habrán recibido la totalidad de esos ahorros cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.
Para la presidenta de la Diputación, Irene García, “las medidas son mejorables pero suponen un avance evidente”. “Siempre he defendido la libre disposición del superávit, la flexibilización de la regla de gasto y la eliminación de la Ley Montoro (Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Ahora tenemos una alternativa válida dentro del marco que se permite y la voluntad del Gobierno de España es seguir avanzando. Es además es una medida voluntaria que, en caso de prosperar, permitirá incrementar la llegada de fondos a los ayuntamientos”, ha argumentado quien también es secretaria general del PSOE provincial.
Además, durante la sesión plenaria, el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, aportó un dato significativo: “sólo en el presupuesto de 2020 hemos reservado hasta 1,5 millones de euros para el pago de intereses por el importe de los remanentes depositados en los bancos al término del año 2019”. Un coste que eludirían las entidades locales que se acojan al nuevo sistema propuesto y que aún debe someterse al Congreso para su convalidación o derogación.
EL PP SIGUE HABLANDO DE “INCAUTACIÓN DE LOS AHORROS DE LOS GADITANOS”
Por su lado, tras el pleno, el PP ha seguido a lo suyo, soltando consignas, mucha demagogia y cuestionando a todos, menos a sus aliados de la franquicia naranja: “el PSOE vuelve a doblegarse a las órdenes de Pedro Sánchez y vota en contra, al igual que otros partidos como Adelante, AxSí, IU y La Línea 100×100, de rechazar el decreto que incauta los ahorros de los ayuntamientos”.
Además, ha afeado que el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, como diputado provincial de Adelante, “se ha ausentado y no ha dado la cara por sus ciudadanos; se esconde en las decisiones importantes y aparece cuando tiene que vender humo”. Este primer edil ha criticado estos días el acuerdo pero por otros motivos: porque no tiene en cuenta a los ayuntamientos con remanentes de tesorería negativos, como la capital.
“Alcaldes como La Línea, Barbate, Chiclana, Bornos y San Roque permiten entregar sus ahorros al gobierno de Sánchez antes de poder disponer de ellos para solventar las necesidades en sus municipios”, ha repetido el portavoz popular, José Loaiza, obviando de nuevo que, por culpa de su propio partido, esos remanentes positivos no pueden usarse ahora mismo.
A juicio de Loaiza, los socialistas “vuelven a rendirse a las decisiones de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias” y lamenta que “en vez de mirar por el bien común se mire los intereses partidistas antes de ayudar a los ciudadanos”; ya que, llega a decir, “el PP busca que cada ayuntamiento administre y utilice su dinero en lo que estime oportuno, cuyo objetivo será, entre otros, paliar los efectos de la pandemia”.
“Los populares seguiremos en la lucha para que el PSOE no siga maniobrando en contra de las autonomías locales y el municipalismo. Continuamos pidiendo a Irene García que alce la voz y se revele ante este atraco que está realizando Pedro Sánchez a los ayuntamientos españoles y gaditanos”, sentencia.
