La Diputación de Cádiz mantiene hoy día una deuda comercial, ante bancos y entidades financieras, de algo más de 23,1 millones de euros: son alrededor de 100 millones menos que hace cinco años. En 2015 esta deuda era de 123,3 millones.
Los datos los aportaba el responsable del área de Servicios Económicos de la institución provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, en el reciente pleno de noviembre; se conocieron en el curso de la presentación de una modificación presupuestaria, que planteaba la amortización de préstamos por un importe cercano al millón de euros.
El pleno aprobó la citada modificación de las cuentas de 2020, que ahora se encuentra en periodo de exposición pública, y que permitirá a la Diputación gaditana amortizar de manera anticipada más de 995.000 euros. Este fondo procede del plan Invierte: en su edición de 2018 se dedicaron a este programa 11 millones de euros (10,5 para inversiones financieramente sostenibles y 500.000 euros para reparaciones en carreteras). Tras las contrataciones resueltas por los ayuntamientos (estos fondos sobrantes se reparten entre todas las administraciones locales para obras y proyectos), se producen diferencias económicas entre el presupuesto que se licita y el definitivamente adjudicado. En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (la llamada Ley Montoro) estos remanentes solo pueden dedicarse a seguir pagando a los bancos.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este diputado socialista detalla que desde mediados de 2015, fecha en la que se constituye el primer gobierno de la Diputación presidido por Irene García, “hemos dedicado todos los recursos disponibles a programas de empleo, como es el caso de los Planes de Cooperación Local o el Invierte”. Y esa reducción del endeudamiento, “aunque no es una prioridad política, es una exigencia legal que estamos resolviendo con rigor tal como se demuestra con las actuales cifras y con la evolución de los últimos cinco años”.
Así, pese a rebajar de forma notable la deuda, la tendencia inversora en el pasado mandato y en el actual “se ha confirmado desde mediados de marzo, desde que sobrevino la crisis por la pandemia”. Desde entonces se han movilizado casi 30 millones a través de modificaciones presupuestarias y nuevos programas específicos frente a los efectos socio-económicos del Covid-19.
El responsable del área de Servicios Económicos también valoró ante el pleno la iniciativa del Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos de suspensión de las reglas fiscales, y por tanto del techo de gasto, en los ejercicios 2020 y 2021 como medida temporal frente a las consecuencias de la pandemia. Esta decisión se justifica en la necesidad de movilizar toda la inversión pública para mitigar los estragos del coronavirus y dinamizar la economía y el empleo.
Ello afecta al superávit de 2019 y, de hecho, “ya estamos analizando la manera de utilizar estos recursos”, ha avanzado Ruiz Boix.
