La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno ordinario de mayo, en el que han salido adelante todas las mociones políticas, se ha votado dejar de ser socio de la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), y en el que se ha dado cuenta de los resultados de la liquidación definitiva de los presupuestos de 2023.
En términos absolutos, las últimas cuentas se cierran con un superávit de 44,3 millones de euros, 35 de ellos correspondientes a la entidad matriz (y el reto a organismos autónomos), lo que se traduce en que el remanente positivo de Tesorería supera los 95,7 millones.
Además, el Gobierno provincial de derechas, que ha gestionado medio año este presupuesto planificado por el anterior Ejecutivo del PSOE, sobresale que esta liquidación arroja una mejora del 3% en los índices de ejecución, “que pasan a ser del 94% si se toma como referencia el presupuesto inicialmente aprobado, de 313 millones de euros, y de un 71% si se toman de referencia las cuentas resultantes de las diferentes modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del año”, se detalla en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
En el capítulo de inversiones, el grado de ejecución es del 86% sobre el presupuesto inicial, y un 41% sobre el presupuesto con modificaciones.
MOCIONES DEL PP
En el apartado de las mociones presentadas por los grupos políticos durante la sesión plenaria, se ha alcanzado la unanimidad en la presentada por el PP (como en otros plenos municipales) relativa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la que se insta al Gobierno de España a declararlas “profesiones de riesgo”, como reconocimiento al trabajo que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil” y “elaborar una ley de retribuciones que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español”.
“Nuestra obligación como servidores públicos es cuidar a quienes nos cuidan y seguir reclamando y demandando mejoras en las condiciones laborales y salariales de la Policía y la Guardia Civil y, sobre todo, el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo”, se repite desde la derecha. Mientras el PSOE ha recordado al PP que su moción “se ha olvidado de las condiciones laborales de los militares, policías portuarios y/o de los vigilantes de seguridad que realizan tareas incluso con arma se fuego y en servicios públicos”.
Por otro lado, también se ha aprobado otra propuesta de los populares (sin unanimidad) exigiendo la bajada del IVA del 10% al 5% a los alimentos de primera necesidad. El acuerdo alcanzado insta al Ejecutivo central a incluir dentro del listado de bienes a los que resulta de aplicación el tipo del 5% del IVA a las carnes, pescados, agua y conservas destinadas al consumo humano y a los productos lácteos fermentados, “como herramienta para reducir el precio de la cesta de la compra, aumentar la demanda, impulsar la creación de empleo y aumentar la recaudación fiscal, además de para apoyar al sector agrícola y ganadero”.
Y por vía de urgencia, se ha dado luz verde a otra moción de la derecha, instando, como no, al Gobierno de Pedro Sánchez a rectificar la orden ministerial que altera los criterios para que los municipios puedan ser beneficiarios del PFEA (plan de fomento del empleo agrario, el antiguo PER) en la vertiente de Empleo Estable, para que siga atendiendo a la proporcionalidad según el número de trabajadores agrarios que tenga cada municipio en lugar de pasar a ser de concurrencia competitiva.
MOCIONES DE LA OPOSICIÓN
El PSOE, en una de sus mociones, ha solicitado medidas para defender el campo gaditano. Con la abstención del PP se ha instado a la Junta de Andalucía a definir un porcentaje del global de cada convocatoria de ayudas destinadas al sector para cada provincia, de modo que no sea necesario que los jóvenes agricultores de Cádiz “compitan” con los de las otras; “ajustar el sistema de reparto de cupos de agua” y “declarar la necesidad de que ponga en marcha cuanto antes el plan de compensación del sector primario”.
De la misma manera, ha salido adelante la propuesta socialista (gracias a la abstención de La Línea 100×100, ya que el PP ha votado en contra) para habilitar un comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes de Olvera. Se quiere evitar “que se repita esa imagen de los niños y niñas pequeños acudiendo agarrados de una cuerda y caminando hasta 1,4 kilómetros todos los días para llegar al comedor de otro centro”. Para ello se ha instado la administración autonómica.
Unanimidad sí ha obtenido la proposición de IU sobre la construcción del tramo de autovía Arcos-Antequera, la A-384, que insta a la Junta a que fije en sus presupuestos de 2025 la cantidad suficiente para el “inicio inmediato” de las obras con un compromiso de anualidades para la ejecución y apertura al servicio de este tramo.
Y también se ha aprobado la otra moción izquierdista, instando al Congreso a que acelere los trámites del Proyecto de Ley para que los ayuntamientos perciban el incremento acordado en la Participación en Ingresos del Estado (PIE), o que se articule otro mecanismo legislativo para que la financiación local no se vea afectada. IU ha aceptado además una enmienda complementaria del PSOE (rechazada por la derecha), alusiva a instar además a la Junta a incluir en los próximos presupuestos un incremento en la participación de los municipios en los ingresos de la comunidad (la Patrica) y a que abone las cantidades adeudadas en la conocida como deuda histórica, a las entidades locales.
