La presidenta de la Diputación de Cádiz ha reunido a alcaldes de la provincia y les ha explicado las pautas planteadas para mejorar la gestión tributaria encomendada por los consistorios. El nuevo rumbo se traza tras evaluar, durante tres meses, el funcionamiento del Servicio Provincial de Recaudación y alcanzar dos conclusiones principales: “tenemos que ser más justos con los ayuntamientos y establecer una gestión transparente”, sin margen para la arbitrariedad y sometida a “criterios objetivos”. Básicamente, se constituirá una Agencia para la gestión tributaria, se contratará otra aplicación informática más eficiente y se modernizará la red de oficinas.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha explicado a alcaldes de la provincia las pautas planteadas para mejorar la gestión tributaria encomendada por los consistorios. El nuevo rumbo se traza tras evaluar, durante tres meses, el funcionamiento del Servicio Provincial de Recaudación y alcanzar dos conclusiones principales: “tenemos que ser más justos con los ayuntamientos y establecer una gestión transparente”, sin margen para la arbitrariedad y sometida a “criterios objetivos”.
La propuesta trasladada a los responsables municipales pivota sobre diferentes actuaciones: una de ellas ya está en marcha y consiste en un cambio organizativo en el propio servicio, para el que ya se ha designado una nueva coordinadora además de adoptar un organigrama “más operativo”. Este personal trabajará con una nueva aplicación informática “más eficiente”, en sustitución de la incorporada en el anterior mandato con el Gobierno del PP que “no ha reportado resultados satisfactorios”. Las reformas afectarán a la propia personalidad jurídica del Servicio de Recaudación que se transformará en una Agencia “con más autonomía y calidad” a la manera de organismos autónomos de acreditada solvencia como los existentes en las diputaciones de Sevilla, Málaga o Alicante.
La socialista Irene García ha destacado la necesidad de establecer criterios homogéneos con los ayuntamientos y que dichas pautas se trasladen a los convenios que regulan la gestión tributaria encomendada a la Diputación. Ha rechazado la “opacidad del anterior mandato” y defiende un modelo “en el que los ayuntamientos tienen que saber a qué atenerse”. Por esta razón, se están revisando todos los convenios en vigor y así acabar con la disparidad que provocan las decisiones discrecionales.
Los cambios, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, también llegarán a las oficinas distribuidas por la provincia y que atienden a los contribuyentes de cada municipio. La presidenta anuncia al respecto “una modernización de las oficinas, así como la ampliación de los servicios a los ciudadanos. Tenemos que adoptar una gestión cercana, individualizada, moderna y accesible”.
La suma de todas estas actuaciones debe fortalecer este servicio público “y trasladar un mensaje de confianza a alcaldes y alcaldesas”, ha valorado García, consciente de los beneficios de una economía de escala que será más eficaz con el concurso de diputaciones y ayuntamientos bajo criterios estables y objetivos.
La nueva presidenta de la institución provincial ha definido al servicio de recaudación como “el gran pulmón” que reporta liquidez a los consistorios para el cumplimiento de de sus obligaciones y servicios públicos.
ALCANZAR EL 90% DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO
Junto a la presidenta han comparecido el diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís y la responsable del área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, Encarnación Niño. Solís ha diseñado las nuevas pautas de funcionamiento, ha evaluado el servicio de recaudación y supervisa las estipulaciones de los convenios en vigor. Ha precisado que el promedio de recaudación en periodo voluntario alcanza el 75% y estima que “un grado óptimo sería el 90%”.
Por otro lado, considera que el Ayuntamiento de Barbate, uno de los que decidió rescindir el convenio de gestión tributaria con la Diputación a finales del pasado mandato, “se desmarcó por falta de justicia” si bien en la actualidad se han abierto negociaciones que podrían desembocar en una reincorporación. El Ayuntamiento de Jerez también optó por recaudar sus propios impuestos, una ruptura unilateral en 2012 de su convenio de recaudación que el PSOE denunció en su momento que supuso “un quebranto de unos 30 millones de euros a las arcas de la Diputación”.
Y Encarnación Niño es responsable de la aplicación de otra de las novedades anunciadas por García: fortalecer los cometidos del servicio de Asistencia a Municipios, de manera que la Diputación asista a los ayuntamientos en las nuevas obligaciones derivadas de las leyes de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Normativas estatales que exigen un trabajo especializado –como pueden ser la concreción de planes de viabilidad o de ajuste- que la institución provincial podrá prestar a las administraciones municipales. Este refuerzo se une a las asistencias que ya se solventan en los ámbitos jurídico y urbanístico.
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