La presidenta de la Diputación de Cádiz ha reunido a su Gobierno provincial formado por PSOE y el extinto PA, al objeto de establecer los principios básicos del presupuesto para 2017, que está a expensas de que el Ministerio de Hacienda concrete diferentes transferencias. En esta reunión de coordinación se han trasladado las revisiones que deben establecerse en las propuestas iniciales emitidas por cada departamento.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha convocado a los diputados que coordinan las distintas áreas de gobierno del Ejecutivo provincial, formado por PSOE y el extinto PA, al objeto de establecer los principios básicos del presupuesto para 2017. En esta reunión de coordinación intervino el responsable del área de Asuntos Económicos, Jesús Solís, para indicar las revisiones que debían establecerse en las propuestas iniciales emitidas por cada departamento.
Los datos precisos del presupuesto se expondrán próximamente en Junta de Portavoces y a los medios de comunicación –antes de su remisión al pleno-, si bien ya se puede confirmar que las iniciativas para crear empleo, el mantenimiento de las infraestructuras y las políticas sociales “saldrán fortalecidas” en el próximo ejercicio, según se avanza en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
García ha aprovechado este foro para advertir una “nueva dificultad” en el diseño formal del presupuesto, ocasionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: “a estas alturas del año, aún no ha remitido los datos sobre diferentes transferencias que son esenciales para establecer nuestras previsiones de ingresos”. Este contratiempo ya se analizó en septiembre en la última reunión del foro de diputaciones andaluzas en el que participaron Irene García y los presidentes de las de Sevilla, Huelva, Granada, Córdoba y Jaén; o sea, las seis que cuenta con el PSOE en sus gobiernos. Las de Málaga y Almería, ausentes, tienen presidentes del PP.
La presidenta socialista estima –al igual de lo que ya se manifestó en aquel foro intitucional-partidista- que la existencia de un Gobierno central en funciones “no es incompatible con la remisión de unos datos de evidente cariz técnico”.
Para el año 2017, la Diputación aplicará al máximo su capacidad de gasto, conforme a las directrices de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. En virtud de esta decisión política no se invertirá por debajo del límite establecido en la regla de gasto, para no repetir situaciones como la asumida por el anterior Gobierno provincial de la derecha que “en el año 2014 gastó algo más de 161 millones cuando la ley le permitía alcanzar 172,8 millones de euros”, según ha expuesto Solís.
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