La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno mensual, correspondiente a noviembre, en el que entre otros temas se han abordado cuestiones en materia educativa, sanitaria y laboral, y sobre todo, siempre instando a la Junta, a que cumpla sus compromisos adquiridos con la provincia, con consignación en las cuentas de 2020. Mientras, el PP por su lado, ha llevado al debate Catalunya y un supuesto agravio a la educación privada-concertada.
En cuanto a las proposiciones políticas defendidas por cada grupo provincial, el PSOE, ha elevado a esta sesión una moción con una alta carga reivindicativa en materia económica y dirigida, como no, al Gobierno andaluz, ahora de derechas.
Concretamente, la moción va destinada a instar a la Junta a cumplir con los compromisos adquiridos con el conjunto de la ciudadanía de la provincia, cuantificando los mismos en los presupuestos para 2020. Concretamente, desde la Diputación, una vez aprobada esta propuesta (con el esperable voto en contra de PP y Ciudadanos), se pedirá el establecimiento de un plan específico de empleo para la provincia dotado, al menos, con 15 millones de euros; establecer la inversión necesaria para la adaptación del edificio Valcárcel como Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA; la inclusión de proyectos como el Centro del Motor de Jerez y Ubrique Creativa (con fondos de la ITI); incluir proyectos de infraestructuras viarias como la duplicación de la A-384 entre Arcos y Antequera, el desdoble de la A-491, el desdoble de la A-2078 entre Jerez y La Línea, la Ronda Oeste de Chiclana, etc.; así como concretar las inversiones previstas para paliar los efectos del Brexit en el Campo de Gibraltar.
Por su lado, el diputado socialista David de la Encina ha vuelto a denunciar que la Junta les ha informado de que suspende la aportación económica a las diputaciones para el mantenimiento de los Centros de Tratamiento de Adicciones, que en el caso de Cádiz gestiona el Servicio Provincial de Drogodependencias. Por ello, presentaba una propuesta, apoyada de forma unánime, instando a la administración autonómica a garantizar la cofinanciación para este servicio con, al menos, los mismos importes que los años anteriores.
Y también ha salido adelante la proposición socialista para instar, igualmente a la Junta, a incluir en el presupuesto para 2020 la cuantía necesaria para completar la tercera fase de consolidación de los servicios en el colegio público Nuestra Señora de las Montañas de Villamartín.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, el socio de Gobierno del PSOE en la Diputación, La Línea 100×100, ha conseguido el apoyo de la Corporación a una iniciativa para instar al Gobierno central a que habilite un Punto de Inspección Fronterizo en La Línea de la Concepción, como no, con el fin de paliar los perjuicios que pueda provocar el Brexit en la localidad. Del mismo modo, se aprobó otra moción de este grupo para, en primer lugar, reconocer públicamente la labor de los trabajadores del Centro de Tratamiento de Adicciones de La Línea, y también para demandar más medios personales para dicho centro, así como la ampliación de plazas en las comunidades terapéuticas.
MOCIONES DE LA OPOSICIÓN
El grupo provincial del PP logró los votos necesarios para aprobar una proposición irrelevante en la práctica para Cádiz: solicitando que la Diputación muestre su apoyo a la Policía Nacional y a los Mossos d’Esquadra destinados en Catalunya para reprimir los posibles disturbios derivados de la conocida como sentencia del Procés, incluyendo que puedan ser candidatos al Premio Princesa de Asturias 2020 de la Concordia. Esta derecha contó con el único apoyo del diputado de Cs y el andalucista; el PSOE se abstuvo, y el resto de grupo rechazó el punto.
Los populares también trajeron a este pleno, de urgencia, otra moción para incidir en un asunto que llevan defendiendo como si les fuera la vida en ello en los últimos días: una defensa “del derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos”. La iniciativa, frustrada, solo ha obtenido los votos a favor de los partidos de derechas y la abstención de uno de los dos diputados linenses. El PP denuncia, siguiendo el argumentario, un supuesto enfrentamiento abierto en contra de la educación concertada (un negocio en manos principalmente de la iglesia). La otra moción conservadora, demandando ayudas económicas por nacimiento o adopción en municipios menores de 20.000 habitantes, tampoco ha prosperado.
Mientras, el único representante de Izquierda Unida defendió un acuerdo para instar a la consejería de Educación de la Junta a adoptar las medidas necesarias para garantizar unas condiciones dignas para todas las enseñanzas de Formación Profesional Básica que se imparten en el instituto Salmedina de Chipiona, así como la puesta en funcionamiento, en convenio con la Diputación y el Ayuntamiento, del edificio municipal San Fernando para su destino como centro de enseñanzas y prácticas de FPB para Hostelería, Turismo, Restauración, Gastronomía y Cocina. También se pidió por parte de este grupo el apoyo a la propuesta de Ecologistas en Acción para que la Junta estudie la incorporación al patrimonio de montes públicos del Pinsapar de la Sierra del Hinojar, considerando sus valores ecológicos, paisajísticos e históricos. Ambas proposiciones contaron con los votos favorables.
Adelante Cádiz (que a su vez es una coalición de Podemos e IU) presentó una propuesta en defensa de la plantilla de la empresa Dulcinea Nutrición, concesionaria de los comedores de los cuarteles de San Fernando y el Campo de Gibraltar, y que acumula ya varios meses sin cobrar sus nóminas y sin poder acceder a sus puestos de trabajo. Se insta así a que el Ministerio de Defensa rescinda el contrato con esta empresa sin que se contemple la posibilidad de una prórroga y garantizando la subrogación de los trabajadores en la próxima empresa que asuma este servicio, y que estudie la posibilidad de recuperar el servicio y a asumirlo directamente.
También por unanimidad salía adelante otra propuesta desde Adelante, instando a las administraciones competentes a que adopte medidas para mejorar la cobertura sanitaria de la población residente en la comarca de la Sierra.
Ciudadanos, por su parte, ha propuesto que la Diputación cree un registro público en el que se puedan inscribir los negocios sin sucesión empresarial para buscar un relevo en propiedad o en gerencia de los mismos, como medida de apoyo a los trabajadores autónomos, logrando la aprobación de esta medida. Y AxSí ha sacado adelante una proposición instando al presidente de la Junta a compartir los tributos de la comunidad autónoma con los ayuntamientos, para que en los próximos presupuestos se cumpla íntegramente con la ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas. La moción andalucista reclamando apoyo a la consideración del 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía se quedó en nada, sólo logró el aplauso de Adelante Cádiz.
DESBLOQUEADAS ACTUACIONES PENDIENTES DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS
En los puntos de gestión, el pleno de noviembre ha aprobado, por unanimidad, modificar los plazos de ejecución y justificación de subvenciones de actuaciones en infraestructuras contenidas en tres anualidades del Plan Provincial de Obras y Servicios, concretamente entre los ejercicios 2014 y 2016. Desde que comenzó el actual mandato corporativo, se ha priorizado el desbloqueo de estas intervenciones, localizadas en 18 municipios: Chipiona, Jerez, Jimena, Olvera, Setenil, Alcalá de los Gazules, Benaocaz, San Martín del Tesorillo, El Bosque, Algar, Paterna, El Gastor, Medina, Tarifa, Torre Alháquime, Grazalema, Castellar y Zahara de la Sierra.
Con la decisión plenaria estas actuaciones pendientes ampliarán su plazo de ejecución hasta el 1 de noviembre de 2020, mientras que la justificación de las subvenciones se podrá resolver hasta el 15 de noviembre de 2020.
Igualmente se ha dado luz verde a la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana. La revisión de esta norma ha sido defendida por la responsable de la delegación de Desarrollo Democrático, Lucía Trujillo, quien ha explicado los motivos de la enmienda. El reglamento, en vigor desde 2010, se adaptará a los postulados de la Ley andaluza de Participación Ciudadana, incorporará al municipio de San Martín del Tesorillo en el Consejo Territorial del Campo de Gibraltar, se abrirá a nuevas entidades sociales así como a nuevos cauces de intervención social como las consultas ciudadanas o los presupuestos participativos.
También se ha vuelto a mostrar respaldo unánime a un asunto que no genera debate pero que aporta estabilidad a una entidad de interés social como es el Centro de Acogida de Inmigrantes (CEAin), de Jerez. En concreto, se ha alterado la calificación jurídica de los inmuebles propiedad de la Diputación y que gestiona CEAin en la jerezana calle Calvario. Estos bienes dejan de ser considerados como de dominio público y adquieren carácter patrimonial por razones de oportunidad, conveniencia y utilidad. Gracias a esta conversión se puede regularizar la cesión de uso gratuita a favor de CEAin.
Este pleno ordinario se iniciaba con la adhesión unánime de todos los grupos al manifiesto elaborado por las diputaciones andaluzas con motivo de la conmemoración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De la misma forma, se ha apoyado la candidatura de las Hazas de la Suerte de Vejer y Barbate para su reconocimiento por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial.
